Málaga: STAJ alerta de las consecuencias de la supresión del servicio de transporte en los barrios marginales

El secretario de sección del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) en Málaga, Juan Antonio Luque, solicitó a la delegada provincial de Justicia de la Junta de Andalucía, Blanca Sillero, que no se suprima el servicio que prestan los taxis para los actos de comunicación y ejecución de los juzgados malagueños.


Así, informó que el pasado 29 de julio la Viceconsejería de Justicia de la Junta de Andalucía dictó una resolución por la que se cancelaba el servicio de taxis que vienen prestando apoyo a los juzgados de la región. Este hecho supondrá, según el STAJ, "un grave perjuicio" a los ciudadanos por el "colapso total que sufrirá el Servicio Común de Málaga y Provincia".

"Pondrá en situación de riesgo a los trabajadores que habrán de realizar su labor en barrios desfavorecidos y sin la menor protección y posibilidad de auxilio que en muchas ocasiones es necesaria", manifestó el sindicato en un comunicado.

En la misiva enviada a la delegada provincial se le informa de que el Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución de Málaga cuenta con una plantilla de 56 funcionarios, "invariable desde el año 2000 pese a las reiteradas peticiones de ampliación de plantilla que se han efectuado".

Así, Luque recordó el escrito de noviembre de 2008 por parte de la secretaria de este servicio "que ante la insostenibilidad de la situación pedía 18 trabajadores más y cinco vehículos para poder soportar el volumen de trabajo que arrastraba". "Cuando el Servicio se constituyó prestaba apoyo a 26 órganos judiciales y en la actualidad lo hace a 76 juzgados sin haber incrementado la plantilla ni el número de vehículos disponibles", aclaró.

En el primer semestre del año se han registrado más de 100.000 diligencias en este servicio, lo que supone un aumento en comparación con el mismo semestre del año anterior. "De ellas más de 9.000 aún no se han podido llevar a efecto, simplemente, porque no hay personal que las ejecute", criticó.

Actualmente, según datos del STAJ, son 33 los funcionarios que realizan este servicio para todo el partido judicial de Málaga. "Cuentan con 11 taxis para el desarrollo de su actividad y 10 bonos de autobús y con una media de 800 diligencias diarias que realizan, su rendimiento se vería seriamente menoscabado si hubiesen de utilizar medios de transporte público colectivo únicamente", precisó.

Además, según indicó Luque algunos de los trabajadores utilizan medios propios y se llevan a efectos actos de ejecución en núcleos como Almogía, Ardales, Alhaurín, etcétera.

"Estos actos se realizan con el carácter de agente de la autoridad, si bien no llevan medidas de autoprotección alguna, pues también para esto sirve el servicio que ahora se pretende eliminar", aseveró. En lugares donde la seguridad puede estar comprometida, nuestros compañeros alertan al conductor para que avise a las fuerzas de seguridad en el caso de que no regrese al vehículo en un tiempo prudencial.

Este servicio, según el STAJ, realiza notificaciones de ingreso en prisión, pago de alimentos a menores, resoluciones de los Juzgados de Violencia de Género, retiradas de licencia de circulación de vehículos y requerimientos a empresas en concurso de acreedores. Por ello, "resultará la suspensión de juicios, el retraso de ingresos en prisión para cumplimiento de condenas, impago de pensiones y a trabajadores en concurso de acreedores y un largo etcétera de perjuicios que sufrirán los ciudadanos, por no poder llevar a cabo los actos de comunicación y ejecución por falta de medios personales y a partir de ahora materiales".

Esto sucede en partidos judiciales de la provincia como Marbella, Estepona, Fuengirola, Velez-Málaga, Nerja, y todos los municipios de la costa, por la dispersión de la infinidad de urbanizaciones y diseminados que existen. Además, continuó, "se verán gravemente afectados municipios en los que por su extensión y falta de medios de transporte público harán imposible llevar a efecto las resoluciones judiciales".

"Los casos de Antequera, Ronda, Villanueva de la Concepción, Teba, Campillos, Archidona, Torrox y la practica totalidad de los pueblos del interior de la provincia serán un ejemplo del caos que la supresión del servicio de taxis conllevará", concluyó Luque en la carta remitida a la delegada de Justicia y Administración Pública.

Fuente: Europa Press