Los juzgados se enfrentan a una avalancha de expedientes

Cuando un tsunami llega a la costa no hay dique que pueda contener su fuerza destructiva. La crisis se ha metido hasta lo más profundo de los tribunales, llenando mesas y archivos con una avalancha de expedientes. En algunos juzgados los procedimientos concursales, los conflictos laborales por despidos y las ejecuciones de embargo —justo los que más tienen que ver con la situación económica— se han multiplicado por cuatro.


La justicia se erige el último termómetro del deterioro económico y planta cara a la batalla. Pero la recesión también tiene sus cartas. No sólo aumentan los procedimientos y su complejidad sino que la falta de dinero provoca que empresas y particulares litiguen simplemente por el hecho de alargar el proceso y el momento de afrontar los pagos.

Las cifras más abultadas en 2008 corrieron a cargo de los concursos de acreedores que han aumentado un 268% y las ejecuciones hipotecarias con un incremento del 126% respecto al año anterior. Empresas y familias, los dos flancos de una cuerda tensada hasta el infinito. Quiebras y desempleo, secuelas de una situación insostenible que dirimen ahora unos órganos judiciales atorados.

Incrementos de tres dígitos

En los juzgados de Primera Instancia los procedimientos ordinarios han sido desplazados por los cambiarios y monitorios —reclamaciones de cantidad— y las ejecuciones hipotecarias. Mientras los primeros crecieron un 13% en 2008, las cifras para el resto superan los tres dígitos. Un 102% de incremento en los juicios cambiarios y un 126% en los relacionados con impagos de créditos hipotecarios que alcanzaron en 2008 los 58.686, frente a las 25.943 del año anterior. Con el agravante de que los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial apuntan a una tendencia ascendente que continuará en 2009 con aumentos del 96%.

El problema en los juzgados de lo social es otro: los procedimientos por despido muestran un importante incremento desde finales de 2007 pero es en el segundo cuatrimestre de 2008 cuando empiezan a mostrar un crecimiento «verdaderamente notable». Las empresas que no pueden afrontar la coyuntura comienzan los recortes por el empleo y esto siempre conlleva conflictos que acaban en mayor o menor medida en el juzgado. Sólo en el primer trimestre de 2009 se han registrado un 96% más de procedimientos de despido.

Pero la cosa no queda ahí. La crisis no sólo está afectando al trabajo diario de los juzgados de lo civil y de lo social. El CGPJ advertía que la situación «puede dar lugar a un incremento de los procedimientos penales por aumentar el número de parados y acabarse la cobertura de desempleo. La difícil situación por la que atraviesan algunos colectivos, especialmente los de inmigrantes», puede llevar a un aumento de la criminalidad.

Concursos de acreedores

Pero si hay una rama del derecho que puede declararse saturada esa es la de mercantil. Aquí el procedimiento estrella es el de concurso de acreedores, antigua quiebra o suspensión de pagos. En todo 2007, los juzgados mercantiles se enfrentaron a 1.589 procesos de este tipo. En 2008 la cifra casi se triplica con 4.813 casos.

Varios expertos coinciden en señalar que la nueva Ley Concursal, que entró en vigor en 2004, no está preparada para afrontar un ciclo económico como el que atravesamos en estos momentos. La dotación de medios humanos y materiales que la respaldan se ha ido paulatinamente reforzando, pero la situación ha dado un giro dramático en los juzgados mercantiles que se encargan de dirimir los asuntos netamente empresariales.

Tanto es así que en el Ministerio de Justicia se ha creado una comisión encargada de estudiar las reformas necesarias a esta ley, creada en tiempos de bonanza pero incapaz de adaptarse a una recesión de este tamaño.

Medidas de refuerzo

Consciente de que el ciclo económico tiene una repercusión directa en el aumento del trabajo judicial, el CGPJ ha aprobado medidas de refuerzo, a través de un plan de choque. Con él, el objetivo prioritario es el de agilizar los trámites que ayuden a paliar la pesada carga que soporta cada jurisdicción. El primer paquete de medidas ha puesto especial énfasis en los juzgados de lo mercantil, aunque también se han extendido a juzgados de lo social y a juzgados de Familia.

Ya están en marcha más de 200 disposiciones para este año que apuntalarán las necesidades más inmediatas. Los juzgados mercantiles de nueve comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Castilla–La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid), han recibido 157 refuerzos, entre ellos 20 magistrados y jueces sustitutos, ocho secretarios judiciales y, el resto, a personal funcionario de tramitación y gestión procesal. Personal muy necesario en estos momentos y que se está estudiando ampliar.

En el capítulo de la suspensión de pagos, llama la atención el incremento de los concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial. «Acuden al juzgado de lo mercantil en la creencia errónea de que la declaración de concurso va a suspender al ejecución hipotecaria que en la práctica supone sacar a subasta la vivienda», aclara Nuria Orellana, titular del juzgado de lo mercantil nº 1 de Cádiz.

La crisis ha provocado que cada vez más familias se declaren voluntariamente en quiebra para evitar perder su casa. Desesperados por la situación acuden a la justicia confiados en una respuesta que paralice el embargo, pero la ley sólo contempla que el proceso se detenga en el caso de bienes afectos a la empresa y no a las propiedades particulares.

Mucho más complejo

En el ámbito empresarial, los concursos de acreedores entrañan una enorme complejidad. «Tramitar un pleito, un juicio, es relativamente sencillo. Es como una vía de tren que tiene una estación de salida, una intermedia y una de llegada. Hay una demanda y un demandado. Se hace una vista preliminar, un juicio y luego hay una sentencia. No te puedes perder», explica Borja Villena, magistrado del juzgado de lo mercantil nº8 de Madrid.

En cambio, un juicio por concurso de acreedores es un procedimiento que no se limita a la comparecencia de dos partes. Puede haber cientos de acreedores afectados y decenas de trabajadores. Es un proceso que se caracteriza por tener unas enormes ramificaciones de pequeños asuntos dentro de él. Esto dificulta tremendamente la tramitación y lastra el día a día de todo el personal que trabaja en el juzgado mercantil. La sobrecarga de trabajo es innegable.

Por poner un ejemplo, dentro del concurso existen partes que requieren respuestas inmediatas. Cuando el concurso se tarda en tramitar, los más afectados son los trabajadores de la empresa que dependen de un auto del juez para ser indemnizados y quedar legalmente en situación de desempleo para poder cobrar el subsidio.

Hasta que el juez no dicta el auto en el que resuelve el Expediente de Regulación de Empleo, el ERE concursal, los trabajadores están sin cobrar de la empresa, porque está quebrada, y sin poder ir al desempleo. Esto genera conflictos sociales y en ello radica la necesidad de un sistema ágil.

A esto hay que sumar un factor bastante espinoso y en el que entra en juego la dedicación del juez. «La actual situación de atasco es el caldo de cultivo para que se den situaciones de fraude», explica Villena.

La figura del juez

La anterior regulación de la ley concursal se prestaba a una gran opacidad y un oscurantismo en la tramitación de las quiebras. Se daban supuestos en los que los bienes de la empresa eran vendidos a la mujer del empresario quebrado, situaciones en las que se otorgaba un trato de favor a unos acreedores en detrimento de otros más pequeños o incluso la venta de activos por debajo del valor del mercado.

Con la nueva ley, la implicación de la figura del juez —que actúa como garante y se encarga de permanecer atento a que el proceso se realice con todas las garantías— puede quedar diluida entre tanto papeleo y tanto trabajo acumulado.

La desbordante situación de algunos juzgados, sobre todo plazas como Madrid o Barcelona, puede llevar a los profesionales de la justicia a bajar la guardia. No faltan razones para mimar con esmero nuestra justicia y reconocer el valor del esfuerzo en cada juez.

Fuente: ABC.es