La carga de trabajo que soportan los magistrados de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Madrid supera en un 55% el módulo de entrada de asuntos establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según los datos contenidos en la memoria anual de esta sede judicial correspondiente a 2008. En sintonía con las reclamaciones realizadas en años anteriores, la presidenta de la Audiencia de Madrid, Ana María Ferrer, aprovechó su primera comparecencia pública tras su toma de posición para reclamar un incremento en la planta judicial ante la tendencia al alza en la entrada de asuntos penales y civiles.Ferrer consideró "indispensable" adecuar la plantilla judicial para ofrecer al ciudadano "una respuesta ágil y una Justicia de calidad" y asignar "una carga de trabajo razonable para los magistrados de la Audiencia", conforme a los módulos fijados por el Poder Judicial.
En cifras, los temas ingresados para enjuiciamiento en primera o única instancia fueron de 2.286, mientras que los recursos de todo tipo ascendieron a 27.681. Por tanto, ingresaron un total de 29.967 asuntos en las secciones penales, lo que supone un incremento de un 4,32% respecto al año anterior. Si se compara con los datos de 2003, en el que dieron entrada 18.486 asuntos, el aumento porcentual sería de 62,1%.
En las secciones civiles se produjo un aumento de un 10% en los temas ingresados en 2008 al entrar un total de 13.995 asuntos. Se trata de un porcentaje que irá en aumento en 2009 con motivo de la crisis económica, según apuntó la presidenta de la Audiencia madrileña.
A la vista del crecimiento en la entrada de asuntos, Ferrer reclamó al Ministerio de Justicia la creación de dos secciones civiles: una destinada al orden civil y otra al mismo orden, de manera que una opere como generalista y otra de familia.
OFICINA JUDICIAL
La magistrada confió en que la implantación de la nueva Oficina Judicial suponga el impulso que necesita la Justicia madrileña para salir adelante, si bien reconoció que "no será la panacea que resuelva todos los problemas actuales". "Es necesario una reorganización y optimización de los recursos", arguyó Ferrer, quien reclamó la puesta en marcha de reformas legislativas.
Además, recalcó que la paralización del proyecto del Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid podría retrasar la puesta en marcha de los servicios comunes del nuevo modelo judicial por la dispersión actual de las sedes judiciales.
Por otro lado, consideró "imprescindible" una apuesta decidida por las nuevas tecnologías con el diseño de un sistema que supere los problemas de compatibilidad con los instaurados en otras comunidades. Así, cree necesaria la mejora de los medios de gestión de los procedimientos, su tramitación digital y el desarrollo del sistema Lexnet.
Fuente: La Ley
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