El consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Mediavilla, consideró que el Partido Popular, con su rechazo a que el traspaso de las competencias de justicia se culmine en esta legislatura, demuestra que "no cree en la administración de justicia en Cantabria", al contrario de lo que sucede con los profesionales del derecho, el poder judicial y el conjunto de la ciudadanía, que quieren que se sustancie ya el proceso.
Mediavilla hizo estas afirmaciones a los medios de comunicación, al término de una reunión mantenida con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, y la fiscal jefe, Pilar Martín Nájera, dentro de la ronda de contactos que ha emprendido para conocer la opinión de los profesionales de la justicia en relación al traspaso de competencias.
Según explicó el consejero, ambos responsables han "coincidido" con su departamento en la "necesidad" de que se produzca la transferencia de la justicia, porque en aquellas regiones en las que ya se ha asumido se ha "mejorado notablemente" tanto el servicio a los ciudadanos, como los recursos y medios materiales de la administración de justicia.
En opinión de Mediavilla, "todos los ciudadanos de Cantabria, menos el Partido Popular, desean" que se asuman las competencias en este ámbito y, prueba de ese desinterés del PP al respecto son, a su juicio, las críticas realizadas por los 'populares' la pasada semana al proceso, pero también el hecho de que, durante los gobiernos del PP, no se realizara "ningún informe, estudio o análisis" desde la Consejería de Presidencia para asumir las transferencias.
Respecto a las críticas de la oposición, el consejero señaló que la postura del secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP nacional, Ignacio Astarloa, o hace juicios "erróneamente" porque "desconoce" el proceso o "miente claramente", "al igual que ya mintió a toda la ciudadanía española" en relación al 11-M.
En este sentido, Mediavilla negó que en la última oferta del Ministerio de Justicia para el coste efectivo de las transferencias sólo haya un millón de euros para inversión y recalcó que son 2,7 millones, de los 24,6 a los que ascienden esa última propuesta.
También lamentó que el PP critique al Gobierno de Cantabria por invertir en equipos de videoconferencia y grabación digital para los juzgados sin tener aún las competencias. Para Mediavilla, criticar que se realice una inversión en un "servicio público esencial que beneficia a los ciudadanos, significa que no se cree ni en los ciudadanos ni en la administración de justicia".
"Nosotros sí creemos y estamos convencidos de que vamos por el buen camino", agregó el consejero, quien auguró además que todo ello se "palpará" en una mejora de la justicia.
Mediavilla recordó que este jueves habrá una nueva reunión con el Ministerio de Justicia para plantearle la necesidad de un incremento de su oferta. El consejero reconoció que el Ministerio ha hecho un esfuerzo "sin precedentes" para elevar su estimación del coste efectivo de las transferencias, pasando de la primera oferta de 15 millones de euros a la última, de 24,6 millones.
Sin embargo, señaló que sigue siendo "insuficiente" y aseguró que el Gobierno cántabro intentará que se aumente, "dentro del margen de maniobra, ya mínimo, que queda".
Finalmente, el consejero insistió en la voluntad de cerrar el traspaso esta legislatura desde la convicción de que supondrá una "mejora notable" de la administración de justicia y de su servicio a los ciudadanos.
Mediavilla hizo estas afirmaciones a los medios de comunicación, al término de una reunión mantenida con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, y la fiscal jefe, Pilar Martín Nájera, dentro de la ronda de contactos que ha emprendido para conocer la opinión de los profesionales de la justicia en relación al traspaso de competencias.
Según explicó el consejero, ambos responsables han "coincidido" con su departamento en la "necesidad" de que se produzca la transferencia de la justicia, porque en aquellas regiones en las que ya se ha asumido se ha "mejorado notablemente" tanto el servicio a los ciudadanos, como los recursos y medios materiales de la administración de justicia.
En opinión de Mediavilla, "todos los ciudadanos de Cantabria, menos el Partido Popular, desean" que se asuman las competencias en este ámbito y, prueba de ese desinterés del PP al respecto son, a su juicio, las críticas realizadas por los 'populares' la pasada semana al proceso, pero también el hecho de que, durante los gobiernos del PP, no se realizara "ningún informe, estudio o análisis" desde la Consejería de Presidencia para asumir las transferencias.
Respecto a las críticas de la oposición, el consejero señaló que la postura del secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP nacional, Ignacio Astarloa, o hace juicios "erróneamente" porque "desconoce" el proceso o "miente claramente", "al igual que ya mintió a toda la ciudadanía española" en relación al 11-M.
En este sentido, Mediavilla negó que en la última oferta del Ministerio de Justicia para el coste efectivo de las transferencias sólo haya un millón de euros para inversión y recalcó que son 2,7 millones, de los 24,6 a los que ascienden esa última propuesta.
También lamentó que el PP critique al Gobierno de Cantabria por invertir en equipos de videoconferencia y grabación digital para los juzgados sin tener aún las competencias. Para Mediavilla, criticar que se realice una inversión en un "servicio público esencial que beneficia a los ciudadanos, significa que no se cree ni en los ciudadanos ni en la administración de justicia".
"Nosotros sí creemos y estamos convencidos de que vamos por el buen camino", agregó el consejero, quien auguró además que todo ello se "palpará" en una mejora de la justicia.
Mediavilla recordó que este jueves habrá una nueva reunión con el Ministerio de Justicia para plantearle la necesidad de un incremento de su oferta. El consejero reconoció que el Ministerio ha hecho un esfuerzo "sin precedentes" para elevar su estimación del coste efectivo de las transferencias, pasando de la primera oferta de 15 millones de euros a la última, de 24,6 millones.
Sin embargo, señaló que sigue siendo "insuficiente" y aseguró que el Gobierno cántabro intentará que se aumente, "dentro del margen de maniobra, ya mínimo, que queda".
Finalmente, el consejero insistió en la voluntad de cerrar el traspaso esta legislatura desde la convicción de que supondrá una "mejora notable" de la administración de justicia y de su servicio a los ciudadanos.
Fuente: Diario de Noticias
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