El nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha incrementado en casi dos millones de euros la última oferta realizada al Gobierno de Cantabria para asumir las transferencias en materia de justicia. La propuesta ministerial, que se eleva a casi 25 millones de euros, fue puesta sobre la mesa de negociación en la reunión que Fernández Bermejo mantuvo la semana pasada con el actual titular con el consejero de Presidencia, José Vicente Mediavilla Cabo. Esta última propuesta mejora en más de nueve millones de euros la oferta barajada en la primera reunión que el actual Ejecutivo regional mantuvo con la administración central en enero de 2005. En aquella ocasión, el responsable de Presidencia únicamente consiguió arrancar de Madrid un compromiso económico de 15 millones de euros para asumir el proceso de transferencias. No obstante, a pesar de que Mediavilla considera que este último ofrecimiento «se acerca mucho a la cantidad que Cantabria estima adecuada para aceptar esta competencia», el consejero regionalista no da por cerrado el proceso negociador entre ambas administraciones y confía en mejorar la propuesta. Mediavilla cree que los plazos previstos se cumplirán y que «antes de que finalice la legislatura habremos asumido estas competencias».
La cuantificación del coste efectivo no incluye las inversiones en obras y patrimonio, sino que se refiere únicamente a gastos de personal, gastos corrientes, subvenciones a colegios de Abogados y Procuradores y Juzgados de Paz, e inversiones en informática y patrimonio.
Tras un largo proceso negociador, en el que los representantes cántabros han mantenido posturas sólidas para responsabilizarse de las competencias de Justicia en condiciones económicas óptimas, las conversaciones sufrieron un importante impulso el pasado mes de septiembre cuando el entonces ministro Luis Fernando López Aguilar evaluó en 23 millones de euros el coste efectivo de la transferencia.
La salida del departamento de Justicia de López Aguilar para encabezar la lista del PSOE en las elecciones autonómicas de Canarias, no ha paralizado las conversaciones. Según explicó el consejero a este periódico, el nuevo ministro Fernández Bermejo incrementó en casi dos millones la última oferta y en los próximos días se celebrará una nueva reunión en la que podría enriquecerse.
Por su formación como jurista, Mediavilla considera que «la justicia es un servicio público esencial porque garantiza los derechos de los ciudadanos» y se mostró convencido de que «una vez se asuma esta transferencia mejorará notablemente su prestación». A su juicio, esta transferencia «es la más importante que queda por alcanzar, no sólo por el servicio público que presta sino por el número de funcionarios afectados», un total de 600.
El consejero recordó el «esfuerzo» hecho por el Gobierno de Cantabria en «formación de jueces, secretarios y fiscales y la mejora de medios tecnológicos» y apuntó que las transferencias permitirán «acercar la Administración de Justicia al ciudadano a través del plan de modernización que pondremos en marcha».
Además, «se terminará con la dispersión judicial en Santander, al pasar de las siete sedes actuales a tres».
Y es que la propuesta económica de Justicia se acompaña de los compromisos asumidos por el ministerio en materia de inmuebles judiciales, que suponen la transferencia a la comunidad autónoma de Cantabria del edificio Tabacalera (calle Alta de Santander) como sede del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Provincial, cuya rehabilitación será costeada por la Administración central; la construcción a cargo de los propuestos del Estado de la nueva sede judicial en Torrelavega, tras la cesión por parte del ayuntamiento de un terreno (la finca de 'El Carmen'); la edificación, también a cargo del Estado, de la sede del Instituto de Medicina Legal de Cantabria, y la finalización de las obras de adaptación que se están ejecutando en la sede judicial de Las Salesas, en Santander. Estas actuaciones permitirán una reducción de las sedes judiciales en Santander, mejorando la prestación del servicio al ciudadano y a los propios profesionales.
En este sentido, el consejero de Presidencia subrayó que el proceso de transferencias ha sido «participativo y abierto» y agradeció la colaboración de los distintos colectivos, desde colegios profesionales de Abogados y Procuradores, hasta Fiscalía y Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Fuente: El Diario Montañés.es
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