Palma (ABN).- La vicepresidenta del Govern, Rosa Estarás, aseguró que está a la espera de que el nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, resuelva la situación “tercermundista” en la que se encuentran los edificios judiciales de las islas y, por tanto, responda al ’Estudio sobre la Administración de Justicia de Baleares’ que le entregó el pasado 13 de noviembre al entonces ministro, Juan Fernando López Aguilar, en el que se señalan las carencias y necesidades de los órganos judiciales.En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el parlamentario del PP Miquel Jerez i Juan, sobre el proceso de transferencia de las competencias de justicia al archipiélago, Estarás recordó que en la reunión que mantuvo en Madrid con el ex-ministro le recordó que Baleares merece una justicia “de primera” y, en este sentido, le entregó el citado estudio que sitúa la justicia en Baleares en una situación de “emergencia social”.
Así, ha indicado que este documento, consensuado con la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, el colegio de Abogados, Graduados Sociales y Procuradores, los sindicatos y los comités de empresa, revela que los juzgados de Ibiza sufren inundaciones en la parte baja, mientras que en Inca, “hay una dispersión de edificios judiciales que, además, padecen problemas de seguridad, falta de mantenimiento y limpieza, así como una carencia de alarmas y de sistemas de seguridad”.
Por otra parte, ha apuntado que el citado estudio revela que también hay una dispersión de juzgados en Manacor, donde, al igual que en Inca, ”hay un grave riesgo para la seguridad y salud de las personas, debido a que la insalubridad es general en todo el edificio, lo que provoca que se tengan que llevar a cabo continuas desinfecciones y desratizaciones”.
Asimismo, la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico añadió que en el edificio judicial de Manacor existe un cableado de ordenadores por las distintas instancias, que ”provoca continuos calambres en el personal y en los ciudadanos”, mientras que, a su vez, los equipos informáticos ”desprenden olores que dificultan la respiración de los trabajadores”.
Por otro lado, ha informado de que el estudio también refleja que en Mahón hay una dispersión de edificios judiciales, donde, además, no existen calabozos y faltan servicios psicosociales, mientras que en el juzgado de Ciutadella “hay peligros de desprendimientos”. A ello, Estarás dijo que hay que agregar que sólo hay dos intérpretes para toda la isla de Menorca.
A pesar de todo ello, la vicepresidenta del Govern ha denunciado que la respuesta de López Aguilar fue ”vuelva usted mañana”, porque, según recalcó el Ejecutivo central ”no invertirá más de lo que invierte en el resto de España”.
Tras la reunión que mantuvo Estarás con el ex-ministro, el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, confió en que el Gobierno central transferirá las competencias de Justicia a Baleares antes de las próximas elecciones generales, aunque recordó que todavía tiene que calcular los costes y lograr en esta cuestión un acuerdo con el Ejecutivo balear, que considera que el Estado debe destinar anualmente a las islas un total de 81 millones de euros en los próximos 9 años para hacer efectivo este traspaso, así como una partida de 101 millones de euros para la construcción de nuevos juzgados en Mahón, Ciutadella, Inca, Manacor e Ibiza y la creación de un edificio judicial de Primera Instancia e Instrucción en Formentera.
Asimismo, el secretario de Estado de Justicia adelantó que en las próximas semanas se volvería a reunir con Estarás para plantear una propuesta e intentar llegar a un acuerdo respecto al coste efectivo que supondrá la transferencia de competencias, así como las inversiones urgentes que acometerá el Gobierno central para mejorar la administración judicial de las islas.
Así, señaló que el ministro trataría de calcular los costes, que supondrán la transferencia de las competencias y las inversiones del Ejecutivo central para mejorar la situación de la Justicia en las islas, y de este modo, informó que en la próxima reunión, López Aguilar trataría de “unificar los criterios” con el Ejecutivo de Jaume Matas.
En este sentido, reconoció que ambos Gobiernos encontrarán puntos en común y otros en los que pueda existir “cierta divergencia”, pero subrayó que, en último término, se primará “la vocación de dar el mejor servicio público de justicia a los ciudadanos”.
De esta forma, manifestó que el plazo para hacer efectiva la transferencia de estas competencias “dependerá naturalmente del ritmo que lleven las conversaciones y los acuerdos” entre ambas administraciones.
Sin embargo, López Guerra adelantó que, antes de “anticipar y homologar” las cifras, el Ejecutivo central debe acordar con el Gobierno balear una “metodología” respecto a lo que significan los costes de personal, del mantenimiento de los edificios, los gastos corrientes de la Administración de Justicia y las previsiones de inversión a corto, medio o largo plazo, con el fin de que “cuando se llegue a la negociación, hablemos el mismo lenguaje”.
Por otro lado, el secretario de Estado de Justicia manifestó que actualmente hay algunos juzgados que sufren una “mayor deficiencia”, como es el caso del edificio judicial de Ibiza y por este motivo informó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya ha presupuestado un total de 60.000 euros para el 2007, con el fin de iniciar el proyecto de un nuevo juzgado en estas islas, cuyas obras esperó que comiencen en el 2008.
De esta manera, reveló que el Ministerio de Justicia ya ha iniciado los trámites administrativos con la pretensión de conseguir un acuerdo con el Ayuntamiento de Ibiza que permita tener el proyecto elaborado en el 2007 y precisó que esto se hará ”de manera independiente y paralela a las negociaciones de la transferencia, porque de lo que se trata es que los ciudadanos reciban el mejor servicio posible, tanto cuando las competencias son del Estado como cuando sean de la Comunidad Autónoma”.
“Consideramos que son suficientes los costes iniciales de 60.000 euros y por ello no creemos necesaria la aceptación de enmiendas parlamentarias que tiendan a pedir un incremento de esta partida, porque ya nos harán falta más fondos cuando se comiencen las obras de construcción de esta instalación, que serán presupuestados en las Cuentas Públicas del Gobierno para el 2008″, concluyó el secretario de Estado.
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