Las autonomías quieren tener competencias para crear nuevos juzgados, porque creen que así mejorarán la prestación de servicios a los ciudadanos. Las comunidades que tienen transferida esta materia reclamaron en Santiago, en un documento conjunto del que se desmarcaron las dos gobernadas por el PP, la asunción de las competencias de demarcación y planta, así como las que se refieren a la creación de nuevas unidades judiciales.Los responsables de Justicia de Galicia, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias, Canarias y Navarra reclamaron además el traspaso de la gestión de los cuerpos de secretarios judiciales y médicos forenses, para que se puedan «racionalizar» las plantillas y promover los recursos de traslado desde las comunidades.
El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, destacó al finalizar el encuentro que los Gobiernos autónomos son los que mejor conocen tanto la carga de trabajo como las necesidades de las nuevas unidades judiciales.
Méndez manifestó, en referencia a la saturación de las que están en funcionamiento, que «es una situación que dificilmente se puede resolver cuando la toma de decisiones se hace a seiscientos kilómetros». El conselleiro aseguró que los territorios con competencias han explicado esta situación al Ministerio de Justicia en reiteradas ocasiones.
El responsable de Presidencia indicó que sólo razones de «orden estrictamente político» impidieron a las comunidades de Madrid y Valencia firmar los acuerdos alcanzados ayer por las otras siete autonomías. «Representamos un abanico político de lo más diversificado», puntualizó con relación al Gobierno de Navarra, de UPN (socio del PP), que sí suscribió el texto.
Las comunidades demandan también que se garantice la plena utilización de las lenguas oficiales para que los ciudadanos puedan participar en todo el proceso en el idioma que elijan.
El documento que las comunidades trasladarán al ministerio incluye la petición de un protocolo de actuación en materia de medicina legal para los casos de grandes catástrofes, en las que se produzca un número elevado de víctimas.
Las reclamaciones se amplían a la participación en fondos relacionados con la gestión de cuentas, tasas, depósitos y multas judiciales. Méndez Romeu sostuvo que las autonomías soportan «la mayor parte de los costes de la Administración judicial». Además, se rubricó la necesidad de llevar adelante la implantación de la nueva oficina judicial. Méndez Romeu juzgó «imprescindible» la implicación del Consejo General del Poder Judicial.
Fuente: La Voz de Galicia.es
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