La maldición que pesa sobre las instalaciones de los médicos forenses de la capital sigue su curso tres años después de la creación de un Instituto de Medicina Legal que no supuso más mejoras que el cambio de nombre en la placa de la entrada del viejo Anatómico de los sótanos de la Facultad de Medicina. Esta vez, el Ministerio de Justicia tiene previsto trasladar después del verano la clínica forense -donde los médicos atienden a 6.015 pacientes- a los bajos de las tres únicas torres construidas por ahora junto a la Ciudad de la Comunicación, en el paseo del Arco de Ladrillo, y contempla un espacio para el ansiado laboratorio de análisis de muestras sin previsión de dotarle de medios materiales para hacerlas.
Los arquitectos tienen ya elaborado el proyecto para acondicionar los bajos y dotar, al menos, de un espacio suficiente para los diez forenses (el décimo llegó en diciembre) y tres funcionarios que actualmente se dan literalmente de tortas para tener un despacho de los cinco con los que cuenta la actual clínica de la tercera planta de los juzgados de Angustias. Esta situación lleva a tres de los médicos a descansar cada día ante «la ausencia de mesa y de un espacio» para desempeñar su labor.
Las nuevas instalaciones acabarán con esta situación y contarán con once despachos, una sala de videoconferencia, el citado espacio para un laboratorio, biblioteca y sendas estancias para el equipo psicosocial y los tres funcionarios administrativos. «Vamos a ganar en espacio y en calidad de tención a los pacientes», reconoce el director del Instituto de Medicina Legal, Luis Fombellida, antes de matizar que si bien las futuras instalaciones «resuelven nuestra necesidad apremiante de espacio y mejora, su ubicación es desafortunada y no estamos de acuerdo con alejarnos de los juzgados».
No en vano, la nueva situación llevaría al Instituto de Medicina Legal a contar con tres sedes ubicadas de punta a punta de la ciudad: la clínica, en Arco de Ladrillo; el anatómico, en la Real de Burgos, y los despachos para las guardias, dentro de los juzgados.
La solución, a juicio de Luis Fombellida, pasaría por la construcción de una sede única.
Fuente: nortecastilla.es
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