La Administración de Justicia en Las Palmas de Gran Canaria está a punto de dar un paso de gigante cualitativo con la puesta en marcha del nuevo Instituto de Medicina Legal, que entrará en funcionamiento a finales de este mes. Atrás quedan décadas de penurias.
La sierra de marquetería con la que hace poco más de tres lustros se consumaban lúgubres autopsias en el cementerio de San Lázaro ha quedado por fin enterrada. El futuro de la medicina legal en Las Palmas huele a asepsia, a salas amplias y bien dotadas en medios materiales y a dignidad, sobre todo a dignidad. El nuevo Instituto de Medicina legal de Las Palmas, en terrenos anexos a la Facultad de Ciencias de la Salud de la ULPGC, ultima los detalles para entrar en funcionamiento a finales de marzo, según las previsiones oficiales.
Han pasado más de 20 años desde que la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985, estableciera que las capitales donde estuviera ubicada la sede del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma serían también sede del Instituto de Medicina Legal Regional. Y el camino para que la ley se cumpliera en Las Palmas de Gran Canaria no ha sido precisamente fácil. Un pacto administrativo a tres bandas entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria resucitó el proyecto en enero de 2003, después de que los forenses de la provincia denunciaran que mientras el Gobierno subvencionaba el toxicológico de Tenerife, las carencias en la medicina legal de Las Palmas eran «escandalosas».
La sierra de marquetería con la que hace poco más de tres lustros se consumaban lúgubres autopsias en el cementerio de San Lázaro ha quedado por fin enterrada. El futuro de la medicina legal en Las Palmas huele a asepsia, a salas amplias y bien dotadas en medios materiales y a dignidad, sobre todo a dignidad. El nuevo Instituto de Medicina legal de Las Palmas, en terrenos anexos a la Facultad de Ciencias de la Salud de la ULPGC, ultima los detalles para entrar en funcionamiento a finales de marzo, según las previsiones oficiales.
Han pasado más de 20 años desde que la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985, estableciera que las capitales donde estuviera ubicada la sede del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma serían también sede del Instituto de Medicina Legal Regional. Y el camino para que la ley se cumpliera en Las Palmas de Gran Canaria no ha sido precisamente fácil. Un pacto administrativo a tres bandas entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria resucitó el proyecto en enero de 2003, después de que los forenses de la provincia denunciaran que mientras el Gobierno subvencionaba el toxicológico de Tenerife, las carencias en la medicina legal de Las Palmas eran «escandalosas».
La hemeroteca de la época refleja tiempos de crispación en los que se desvelaba que las pruebas que pedía la clínica forense grancanaria al Instituto de Toxicología de Santa Cruz de Tenerife tardaban hasta nueve e meses en realizarse.
Pero el hacha de guerra parece que se ha enterrado junto a la sierra de San Lázaro, y a juzgar por las opiniones de los forenses locales, estamos en otros tiempos. La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha nombrado a un coordinador de los institutos de medicina legal de Canarias, Antonio Hervás, médico experimentado en la gestión de complejos hospitalarios para que estabilice las temperaturas en las dos islas capitalinas y parece que la figura del mediador ha sido aceptada sin que la sangre llegue al río. Los tiempos del buen rollito coinciden con el calendario electoral, y si no sucede una catástrofe, antes de que acabe marzo el Gobierno autónomo inaugurará a bombo y platillo su última joya de la corona, que ayer fue visitada por el decano de la Clínica Forense de Las Palmas, Guillermo Oliver.
El veterano forense hacía meses que no se acercaba a ver como iba la obra, y se quedó literalmente asombrado al comprobar las magníficas instalaciones en las que el equipo podrá estar trabajando dentro de treinta días; «Del serrucho de San Lázaro a CSI Las Palmas», bromeaba. Claro que el edificio no soluciona el gran problema de la falta de personal, pero esa es otra historia.
Sólo la sala de archivos del nuevo Instituto de Medicina Legal de las Palmas ya es más amplia que todo el Instituto de Medicina Legal de Tenerife. El nuevo edificio tiene tres plantas: el sótano, dedicado a anatomía patológica (autopsias), la plantaba baja, que alberga la clínica forense, las consultadas, los despachos de los médicos y las salas de reconocimiento, y la planta superior, donde se encuentran los tres laboratorios (toxicología, histopatología y ADN), y las salas de docencia.
La funcionalidad es máxima: Una autopsia que se practica en la planta baja puede seguirse en alta definición en directo por alumnos de medicina en la planta superior, los familiares de una persona fallecida pueden reconocer el cuerpo sin que sean vistos, el calabozo se camufla cuando no está ocupado. Hay zonas ajardinadas al aire libre para los pacientes, lavabos antivandalismo en los calabozos, una sala de catástrofes en previsión de un accidente con múltiples víctimas (un choche de guaguas, un naufragio, un incendio) y los forenses disponen de sus propios recovecos para entrar y salir inmaculados de una sala de autopsias a través de vestuarios con duchas. La inversión asciende, por ahora, a cuatro millones de euros.
Pero el hacha de guerra parece que se ha enterrado junto a la sierra de San Lázaro, y a juzgar por las opiniones de los forenses locales, estamos en otros tiempos. La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha nombrado a un coordinador de los institutos de medicina legal de Canarias, Antonio Hervás, médico experimentado en la gestión de complejos hospitalarios para que estabilice las temperaturas en las dos islas capitalinas y parece que la figura del mediador ha sido aceptada sin que la sangre llegue al río. Los tiempos del buen rollito coinciden con el calendario electoral, y si no sucede una catástrofe, antes de que acabe marzo el Gobierno autónomo inaugurará a bombo y platillo su última joya de la corona, que ayer fue visitada por el decano de la Clínica Forense de Las Palmas, Guillermo Oliver.
El veterano forense hacía meses que no se acercaba a ver como iba la obra, y se quedó literalmente asombrado al comprobar las magníficas instalaciones en las que el equipo podrá estar trabajando dentro de treinta días; «Del serrucho de San Lázaro a CSI Las Palmas», bromeaba. Claro que el edificio no soluciona el gran problema de la falta de personal, pero esa es otra historia.
Sólo la sala de archivos del nuevo Instituto de Medicina Legal de las Palmas ya es más amplia que todo el Instituto de Medicina Legal de Tenerife. El nuevo edificio tiene tres plantas: el sótano, dedicado a anatomía patológica (autopsias), la plantaba baja, que alberga la clínica forense, las consultadas, los despachos de los médicos y las salas de reconocimiento, y la planta superior, donde se encuentran los tres laboratorios (toxicología, histopatología y ADN), y las salas de docencia.
La funcionalidad es máxima: Una autopsia que se practica en la planta baja puede seguirse en alta definición en directo por alumnos de medicina en la planta superior, los familiares de una persona fallecida pueden reconocer el cuerpo sin que sean vistos, el calabozo se camufla cuando no está ocupado. Hay zonas ajardinadas al aire libre para los pacientes, lavabos antivandalismo en los calabozos, una sala de catástrofes en previsión de un accidente con múltiples víctimas (un choche de guaguas, un naufragio, un incendio) y los forenses disponen de sus propios recovecos para entrar y salir inmaculados de una sala de autopsias a través de vestuarios con duchas. La inversión asciende, por ahora, a cuatro millones de euros.
Fuente: Canarias7
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