Ni la ley, ni el sentido común, ni su responsabilidad se lo permiten. Pero a los forenses españoles, el «CSI» de nuestro país lo que les pide el cuerpo es convocar una «huelga de cadáveres caídos», a semejanza de lo que hacen los profesores cuando se niegan a dar más clases, los guardias civiles cuando miran para otro lado o los pilotos del Sepla cuando dejan a miles de pasajeros en tierra. Pero claro, los muertos no son lecciones de matemáticas, ni boletines de sanciones, ni aviones. Y, por mucho hartazgo que tengan, los forenses no pueden dejar a los cadáveres en la calle o a las víctimas de agresiones o de malos tratos en el limbo de la incertidumbre mientras se manifiestan ante el Ministerio de Justicia, la fuente de todos sus males, o la sede de su respectiva comunidad autónoma, que para todos tienen quejas. Y de ahí vienen todos sus problemas.
No obstante, eso no quiere decir que no vayan a tomar medidas. Por primera vez han recogido firmas, que entregarán previsiblemente esta semana al Ministerio, y han creado una plataforma para exponer sus quejas.
Y, por primera vez, estudian hacer una huelga «a reglamento» que, en la práctica, colapsaría en apenas unos días todo el sistema. Bastaría con que se limitasen a reclamar hasta el último historial clínico o el informe médico necesarios para documentar a la perfección su dictamen. «No se celebraría ni un juicio ni se pagaría ninguna indemnización», afirman. Así es la burocracia en España.
Pero ¿de qué se quejan los forenses? Dinero, reconocimiento, promesas incumplidas, saturación de trabajo. Sí, pero, sobre todo, guardias maratonianas. Guardias inhumanas. Guardias incompatibles con su vida privada. Aseguran que afortunado es aquel al que su «turno de vigilancia» le dura solamente una semana, porque lo normal es enganchar dos seguidas o incluso más.
«La normativa impide hacer más de 24 horas seguidas de guardia, pero no se cumple -explica la forense Mónica Casillas, encargada de tres partidos judiciales de Toledo-. Yo ahora las hago semanales, pero cuando empecé estaba todo el año de guardia. Te vas de vacaciones porque el de al lado te hace los días. Si no, es imposible», explica. Los problemas son similares en cualquier otro punto del mapa en donde se deje caer el dedo. Ocurre, por ejemplo, en Martorell (Barcelona), donde hay dos forenses para seis juzgados. O en Torrent (Valencia), al borde del abismo después de que la forense titular haya solicitado la baja.
O en Andalucía, donde las guardias de 24 horas las hacen sólo unos pocos. «Para el resto son semanales, y por cuatro perras gordas -se queja un forense-. Sale más cara la limpiadora de casa». Peor lo llevan en Torrelaguna, en la sierra madrileña: allí las guardias empiezan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre.
José Roselló, forense con 18 años de experiencia, trabaja en Valladolid. En su primer destino, Jaca (Huesca), sufrió en carne propia este ritmo frenético de trabajo. «Hemos llegado hasta esta situación por la falta de medios y de personal -afirma-. Antes, además, cuando no había móvil, era posible que no te localizaran. Pero ahora es mucho más agobiante».
En España hay cerca de 800 forenses, cuyo sueldo bruto está en torno a 2.800 euros mensuales. La opinión pública se acuerda de ellos cuando los ve dejándose la piel en los momentos difíciles (11-M) o en el día a día, cada vez que hay una muerte violenta.
Pero su labor es mucho más que asomarse a un cadáver. De su pericia y su profesionalidad a la hora de examinar las lesiones que presenta un herido depende desde el futuro de un maltratador hasta el de un presunto agresor sexual.
En la marea de las transferencias, los forenses son los que se han quedado a medio camino. En tierra de nadie. Son funcionarios del Ministerio de Justicia, que es quien les paga, pero para la asignación de los medios materiales y humanos dependen de sus respectivas comunidades autónomas. «O nos traspasan del todo o no, pero esto de ser una media transferencia es un desastre», se queja un funcionario madrileño con 17 años de trabajo a sus espaldas.
Fuente: La Razón.es
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