«A día de hoy, la plantilla de funcionarios es insuficiente a todas luces». El fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero, se mostró contundente durante la presentación en la Comisión de Presidencia de la Junta General de la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2009. Reclamó un aumento en la plantilla judicial en Gijón, Avilés y Langreo y reiteró la necesidad de unificar todas las sedes judiciales en Oviedo, además de solicitar un incremento de la plantilla laboral de la sección de Menores en Oviedo con dos nuevos funcionarios. «Es una necesidad imprescindible», manifestó.«En estos momentos la plantilla en Gijón es de trece fiscales, y la de funcionarios, de ocho, número que se mantiene invariable desde el año 2000. Es insuficiente, considerando el volumen de asuntos que manejan», criticó Gerardo Herrero, que añadió, no obstante, que a partir del próximo 1 de enero habrá un funcionario más del Cuerpo de Tramitación de Gijón.
El Fiscal Superior destacó también durante su intervención la necesidad de incorporar un funcionario del Cuerpo de Gestión en Langreo, «teniendo en cuenta la corta plantilla existente», y de otro del Cuerpo de Tramitación Procesal para la Adscripción de Avilés.
2.373 denuncias por maltrato
Otro de los puntos en los que Herrero se extendió fue en las 2.373 denuncias presentadas en Asturias por violencia de género. «Sólo el 0,3% de ellas procede de la familia de la víctima, una cifra ridícula, dado que en muchos casos el entorno de la agredida conoce la situación», según indicó. El fiscal superior realizó un llamamiento a la colaboración «de familiares y amigos de las víctimas, para que presenten denuncias».
Durante el pasado ejercicio, los diecinueve juzgados que instruyen las causas de Violencia de Género (sólo uno especializado en Oviedo, al que se añadirá otro en Gijón a finales de año) tramitaron 3.115 asuntos penales y 330 civiles, lo que supone un leve incremento respecto a 2008. Gerardo Herrero advirtió, sin embargo, que «la realidad criminológica existente en la sociedad no se corresponde con el número de procedimientos instruidos por los tribunales», dado que algunos estudios cifran «hasta en un 80% más los delitos de este tipo cometidos realmente».
A juicio del fiscal superior, el hecho de que el 81% de las causas abiertas tuvieran como origen la denuncia de las propias víctimas refleja que las campañas de los poderes públicos «han calado entre las mujeres agredidas, aunque sigue siendo preocupante que casi el 15% de las denunciantes se retractaran antes del juicio».
A la dificultad de encontrar pruebas para condenar por este tipo de delito se suma que «en algunos casos las víctimas se niegan a prestar declaración por su relación de parentesco, factores que han determinado que más de la mitad de las causas incoadas no llegaran a juicio y se sobreseyeran». «Es una cifra preocupante», añadió.
En el caso de los procedimientos que acabaron en una vista oral, el 84,7% terminaron con una sentencia condenatoria para el acusado, «una cifra superior a la media nacional». En el Principado los juzgados deniegan más órdenes de protección (el 49%) que en el conjunto de España, con un 30%, según datos del pasado año.
Fuente: elcomerciodigital.com
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