Desastroso», «caótico», «horrible», «vergonzoso»... Los adjetivos, todos negativos, se asoman a la boca de cualquier juez, secretario o funcionario nada más preguntarles sobre las circunstancias materiales en que desarrollan su trabajo. La Administración de Justicia siempre ha sido considerada la hermana pobre de los servicios públicos, pero la crisis y la falta de dinero en las arcas de la Generalitat han aumentado su deterioro hasta niveles alarmantes.Los ordenadores, algunos de ellos ya obsoletos, van a paso de tortuga porque en los servidores no caben más datos, y periódicamente, una o dos veces al mes, se cogen el día libre. El sistema 'Cicerone', la base de datos compartida, no da más de sí. «Así no podemos trabajar. Es imposible. Haces cualquier búsqueda y puedes estar esperando quince minutos, mirando parpadear el relojito en la pantalla», se quejan amargamente en un Juzgado de lo Penal de Alicante. «El problema es que el servicio no se presta. Es del todo ineficaz porque se están pagando sueldos de personal que pasa mucho tiempo parado. Es como tener una cuadrilla de albañiles en un obra y no llevarles ladrillos», tercia un secretario judicial.
Las carencias, esa precariedad, se han multiplicado en los dos o tres últimos años en todos los aspectos sl msmo ritmo que la economía española se hundía. «Tenemos que suplicar hasta por papel blanco, folios, es el no va más», coinciden voces de diversas jurisdicciones.
Según su especialidad, cada juzgado dispone de un presupuesto trimestral de entre 180 y 210 euros para material. Ahí se incluye también el papel, en el que se marcha el grueso del dinero. El de oficio, con la marca de agua de la Conselleria de Justicia, prácticamente ha desaparecido. Ahora se pasa el blanco por una fotocopiadora que le imprime el sello.
La grabación de los juicios, que se extendió también al orden penal en la última reforma legal, están colapsada por falta de CD. Más de mil vistas esperan en una lista que crece y crece porque la empresa suministradora de ese material está negociando un nuevo contrato con la Generalitat. Según fuentes judiciales, el envío de recursos a la Audiencia Provincial contra las sentencias por delitos o faltas se halla detenida por la misma razón.
En algunos partidos judiciales, como Elche, los trabajadores han tenido que llevarse de casa rollos de papel higiénico por si se encontraban huérfanos del mismo ante un aprieto. No es un caso puntual. Muchos proveedores llevan meses sin cobrar y han cerrado el grifo a los pedidos. A la empresa que surte de material de electricidad y ferretería a la Audiencia y los Juzgados de Benalúa, en la capital, el Gobierno valenciano le adeuda unos 15.000 euros. Desde entonces, si se estropea un enchufe, así se queda, si hay que cambiar una cerradura, esa puerta deberá quedarse abierta.
Algunos funcionarios han optado por rascarse sus propios bolsillos para trabajar a diario con un poco más de dignidad. En un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el juez y el secretario decidieron comprar haces unos meses unas estanterías hartos de ver los expedientes tirados por el suelo. Y no son pocos los gestores que han invertido 50 euros en comprar memorias externa para aumentar la capacidad de sus ordenadores.
«En temas de material, la Dirección General de Justicia ni contesta. Cambia criterios y te enteras porque se comenta entre los compañeros en el café», cuenta un secretario. Hay consenso en ese punto, en la falta de interlocución con la Administración.
El aludido, el director general, Antonio Gastaldi, admite la existencia de problemas, pero les resta importancia. «Hay retrasos en pagos de la luz o a las empresas de limpieza, que han prestado por eso un servicio más limitado. Puede haber algunos proveedores incómodos, pero han ido trabajando bien, colaborando. Hasta ahora todo se ha ido resolviendo», afirma.
Los apagones informáticos los disculpa con los trabajos para mejorar la operatividad del sistema y a la lentitud de algunos ordenadores responde con las inversiones realizadas para renovar la mayoría.
El listado de deficiencias, sin embargo, es tan extenso que resulta complicado enumerarlo en una breve conversación telefónica con el alto cargo de la Generalitat. La falta de espacio es generalizada en todos los órganos, los archivos de piezas de convicción (pruebas de delitos) van a reventar, hay puertas y ventanas desencajadas, cornisas de fachadas exteriores que se caen a trozos, ascensores de seis plazas que se reducen a la mitad de su capacidad porque no ofrecen ninguna seguridad, videocámaras de vigilancia de puro adorno, cajas de cartón que se utilizan a modo de mesitas en juzgados de guardia, periódicas plagas de pulgas o cucarachas, el sempiterno problema del aire acondicionado en verano, que ya ha obligado a cerrar algún juzgado en la provincia...
Algunas situaciones resultan especialmente sangrantes. Casi todos Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia carecen de estancias habilitadas para garantizar el anonimato y la integridad física y moral de las víctimas. Muchas de ellas no tienen más remedio que verse las caras de nuevo con sus agresores en los pasillos. «Si estás en el juzgado de guardia, se calientan los ánimos y tienes que llamar a la Guardia Civil o a los vigilantes de seguridad, lo haces a través de un número interno, la extensión de la centralita. Si está ocupada, la llamada no salta y no se puede avisar», relata otro empleado de un Juzgado de Instrucción.
«No hay ni un duro», resume un juez. En efecto, la falta de presupuesto está ahogando a la ya inexistente Conselleria de Justicia (sus antiguas competencias se han distribuido entre la de Gobernación y la de Solidaridad). La situación llegó a ser crítica con los abogados de oficio el pasado año. Cobraron, pero los retrasos en los pagos siguen perjudicando a estos profesionales, a los peritos o a las empresas de interpretación y traducción.
Muchos especialistas que dan cursos de reeducación a maltratadores o conductores condenados acumulan horas no abonadas. La Conselleria de Economía y Hacienda se ha convertido en un muro infranqueable para el resto de departamentos del Consell cuando se trata de pedir unos miles de euros.
Sin embargo, según Gastaldi, Hacienda ya ha aprobado un «crédito extraordinario» para que se puedan constituir los nuevos juzgados previstos para este año. «Disponemos de la infraestructura necesaria pero en algunos casos tenemos que alquilar locales». El 30 de diciembre de 2010 los diez nuevos órganos de la provincia deben estar funcionando pero, dado el panorama, eso se antoja una incógnita.
Fuente: laverdad.es
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