La Corte Suprema de Justicia creará y fijará la sede de los Juzgados y Tribunales Penales con jurisdicción nacional para el conocimiento y juzgamiento de los delitos cometidos por el crimen organizado. Así lo establece la Ley Especial de Juzgados y Tribunales con Jurisdicción Nacional que el Congreso Nacional ha aprobado en su primer debate.Mediante esta Ley Especial, los órganos jurisdiccionales encargados de su aplicación, tendrán la potestad exclusiva de conocer y juzgar los hechos que se considere son cometidos por la delincuencia organizada y los procesos que se ventilen mediante la aplicación de la Ley de Privación Definitiva de Dominio.
Jueces y tribunales
La ley será aplicada por la Corte Suprema de Justicia a partir del próximo año como una medida de tener mayor efectividad en el juzgamiento de delitos derivados de la actividad del narcotráfico, lavado de activos, secuestros y, en general, del crimen organizado.
Los jueces que sean nombrados, así como los tribunales creados, podrán conocer delitos y juzgar a grupos delictivos organizados que hayan cometido asesinato, secuestro, robo de vehículos, lavado de activos, trata de personas, explotación sexual comercial, terrorismo y delitos forestales.
Según la exposición de motivos de dicha ley, actualmente Honduras, al igual que el resto de países del mundo, enfrenta graves problemas de violencia, lo que representa un ataque directo a la seguridad ciudadana, a la paz social y jurídica, a un clima propicio para la inversión, así como también a la armónica y ordenada convivencia democrática de la población; fenómeno que afecta, inclusive, a los servidores públicos del sector justicia.
Cabe señalar que día a día las organizaciones criminales consolidan sus estructuras de poder, llegando al extremo de desafiar a las autoridades encargadas de su persecución y juzgamiento mediante diversos actos de intimidación, causando incluso la muerte de Jueces, Fiscales y Policías.
Asimismo, producto de las riquezas que esas organizaciones acumulan, estas han entorpecido la correcta administración de justicia recurriendo al soborno de diversos operadores del sector, en desmedro de las legítimas aspiraciones de la ciudadanía de contar con un sistema judicial que se convierta en un eficaz instrumento de represión frente a la criminalidad organizada.
Combate con eficacia
Producto de la situación anterior, es necesario establecer nuevas iniciativas y mecanismos que permitan, en primer lugar, combatir con eficacia la delincuencia organizada garantizando su persecución y enjuiciamiento.
En segundo lugar, garantizar la seguridad personal de aquellos jueces y tribunales encargados del juzgamiento de hechos relacionados con las organizaciones criminales.
En tercer lugar, garantizar constitucionalmente la obligada imparcialidad judicial, que por razones de intimidación o por influencias externas ajenas a la correcta administración de justicia, puede verse seriamente comprometida.
Esta legislación es parte de un paquete de leyes que el Congreso ha aprobado este año con el fin de atacar flagelos como el terrorismo, la narcoactividad, el lavado de activos y el uso de bienes incautados.
Fuente: elheraldo.hn
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