La necesidad de una mayor autonomía presupuestaria del poder judicial para reforzar así su independencia institucional, así como la división y el equilibrio de poderes, es una de las conclusiones a las que han llegado los más de cincuenta participantes en las XX Jornadas Nacionales de Jueces Decanos de España, clausuradas ayer en Toledo.
Durante los tres días de duración de estas jornadas, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y que inauguró el pasado lunes su vicepresidente, Fernando de Rosa, se ha debatido, entre otros asuntos, sobre la Nueva Oficina Judicial (NOJ), el proyecto de Reglamento de la Carrera Judicial y el papel de los jueces decanos y su relación con los medios de comunicación.
En las conclusiones del encuentro se destaca la alta dependencia que el poder judicial tiene del Ministerio de Justicia y de las CCAA, lo que significa que "es y será lo que le permita el poder ejecutivo central o autonómico, pues depende de su mayor o menor generosidad presupuestaria".
Dicha dependencia ha supuesto "un desequilibrio institucional que ha redundado en perjuicio del poder judicial", según los jueces decanos, que consideran que "ha llegado el momento de cuestionarse seriamente si interesa al poder ejecutivo una administración de justicia eficaz y si el sistema puede seguir funcionando dentro de este esquema".
En su reunión anual, los jueces decanos reunidos en Toledo han valorado como un hecho positivo que "se haya asumido social e institucionalmente la gravedad de la situación actual de la Administración de Justicia", si bien consideran que todavía es escasa la receptividad hacia las reivindicaciones de los jueces, dado el escaso eco que han tenido.
Así, recuerdan que los jueces llevan años insistiendo acerca de la urgencia de reformas estructurales y procesales "que nunca llegan", relativas a que la ratio juez/habitante se aproxime a la media europea, que dobla a la española, o que se implante la Nueva Oficina Judicial.
A este respecto llaman la atención sobre el hecho de, tras los siete años transcurridos desde la regulación de la NOJ, ésta no se ha implantado, salvo las dos experiencias piloto puestas en marcha en Burgos y Murcia, "pues en el resto del territorio nacional, la oficina judicial ni está ni se le espera, al menos en los próximos años".
Asimismo critican que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) continúa sin establecer la carga de trabajo para cada órgano judicial, aspecto que consideran fundamental para determinar la planta judicial y el número de jueces necesarios en España.
También "lamentan" el retraso en la creación de juzgados y afirman que "es evidente que la Administración de Justicia sigue siendo la última de las prioridades de los responsables políticos ya que se halla en una situación de absoluta penuria económica hasta el punto de que algunos juzgados y tribunales no disponen siquiera de los materiales imprescindibles para trabajar ni de sedes dignas para el ejercicio de la función jurisdiccional".
Reclaman finalmente al Ministerio de Justicia que estudie seriamente su propuesta de concentración de los partidos judiciales, dado que "el mapa judicial español responde a una organización territorial propia de la sociedad española del siglo XIX, atrasada y esencialmente rural".
Por ello, proponen suprimir "por antieconómicos" aquellos partidos judiciales con un reducido número de juzgados y potenciar la agrupación de partidos y la creación de grandes sedes judiciales.
Fuente: ABC.es
Durante los tres días de duración de estas jornadas, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y que inauguró el pasado lunes su vicepresidente, Fernando de Rosa, se ha debatido, entre otros asuntos, sobre la Nueva Oficina Judicial (NOJ), el proyecto de Reglamento de la Carrera Judicial y el papel de los jueces decanos y su relación con los medios de comunicación.
En las conclusiones del encuentro se destaca la alta dependencia que el poder judicial tiene del Ministerio de Justicia y de las CCAA, lo que significa que "es y será lo que le permita el poder ejecutivo central o autonómico, pues depende de su mayor o menor generosidad presupuestaria".
Dicha dependencia ha supuesto "un desequilibrio institucional que ha redundado en perjuicio del poder judicial", según los jueces decanos, que consideran que "ha llegado el momento de cuestionarse seriamente si interesa al poder ejecutivo una administración de justicia eficaz y si el sistema puede seguir funcionando dentro de este esquema".
En su reunión anual, los jueces decanos reunidos en Toledo han valorado como un hecho positivo que "se haya asumido social e institucionalmente la gravedad de la situación actual de la Administración de Justicia", si bien consideran que todavía es escasa la receptividad hacia las reivindicaciones de los jueces, dado el escaso eco que han tenido.
Así, recuerdan que los jueces llevan años insistiendo acerca de la urgencia de reformas estructurales y procesales "que nunca llegan", relativas a que la ratio juez/habitante se aproxime a la media europea, que dobla a la española, o que se implante la Nueva Oficina Judicial.
A este respecto llaman la atención sobre el hecho de, tras los siete años transcurridos desde la regulación de la NOJ, ésta no se ha implantado, salvo las dos experiencias piloto puestas en marcha en Burgos y Murcia, "pues en el resto del territorio nacional, la oficina judicial ni está ni se le espera, al menos en los próximos años".
Asimismo critican que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) continúa sin establecer la carga de trabajo para cada órgano judicial, aspecto que consideran fundamental para determinar la planta judicial y el número de jueces necesarios en España.
También "lamentan" el retraso en la creación de juzgados y afirman que "es evidente que la Administración de Justicia sigue siendo la última de las prioridades de los responsables políticos ya que se halla en una situación de absoluta penuria económica hasta el punto de que algunos juzgados y tribunales no disponen siquiera de los materiales imprescindibles para trabajar ni de sedes dignas para el ejercicio de la función jurisdiccional".
Reclaman finalmente al Ministerio de Justicia que estudie seriamente su propuesta de concentración de los partidos judiciales, dado que "el mapa judicial español responde a una organización territorial propia de la sociedad española del siglo XIX, atrasada y esencialmente rural".
Por ello, proponen suprimir "por antieconómicos" aquellos partidos judiciales con un reducido número de juzgados y potenciar la agrupación de partidos y la creación de grandes sedes judiciales.
Fuente: ABC.es
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