Los jueces y fiscales cuelgan la toga y ponen rumbo a los bufetes

El fenómeno de jueces y fiscales que abandonan una larga carrera profesional a sus espaldas al servicio de la Justicia para endosar las filas de los principales despachos de abogados no es ni tan fecundo ni tan conocido como el de los políticos que dejan la Administración rumbo a las empresas. Pero existe. En los últimos quince ó veinte años la Abogacía ha recibido con los brazos abiertos a togados con vastos conocimientos del Derecho -la mayoría en temas penales-, una experiencia incuestionable y unos contactos envidiables.


El último en dar el salto ha sido el magistrado Daniel Velázquez Vioque, que hace unas semanas abandonaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para dirigir la oficina de Barcelona y el área de Procesal del bufete Landwell-PwC.

Los viajes sólo con billete de ida de juzgados a despachos de abogados empezaron hace 20 años cuando Luis Lerga, uno de los jueces más conocidos de la democracia y que intervino en procesos penales como los casos Rumasa y Palazón -ambos relacionados con delitos monetarios- colgaba la toga para dedicarse a la abogacía. Fue, sin embargo fue a partir de 1995 cuando los tres grandes bufetes de los negocios españoles movieron ficha. Ese año el fiscal Luis Jordana de Pozas fichó por Cuatrecasas y en 1996 el magistrado Carlos Bueren y el fiscal Florentino Orti, decidían hacer lo propio en Uría Menéndez y Garrigues, respectivamente.

Echando la vista atrás, los tres creen que su salto a la Abogacía ha tenido más pros que contras. “Mi experiencia previa en la carrera fiscal fue una escuela fantástica. Lo único malo es que antes vivía mejor. Un bufete requiere más horas, más responsabilidad, y sufres con el cliente”, afirma Jordana de Pozas. Por su parte, Bueren destaca que “te acostumbras a ver las cosas con mayor imparcialidad, y objetivizas más todo lo que se presenta. Lo único que tuve que hacer al principio fue marcar distancias, para que nadie de la judicatura pudiera pensar que podía hacer un uso o abuso de mi cargo previo”. Para Ortí, “lo más difícil fue establecer la relación con los clientes, algo que evidentemente yo no conocía en mi anterior puesto”.

Los departamentos de Derecho Penal Económico de los despachos han crecido paulatinamente en sus quince años de existencia pero han aumentado bastante entre 2008 y 2010 por varios motivos. Por un lado, porque las empresas buscan cada vez más una firma que sea multidisciplinar y le ofrezca un completo abanico de servicios. Por otro, porque con la crisis, que se ha alargado más de lo esperado, los bufetes necesitan disponer de áreas de práctica con gran demanda como Laboral, Procesal, Refinanciaciones o Penal Económico que compense la caída de otros departamentos. Por último, ha influido la reforma del Código que se aprobó el pasado mes de junio y que entrará en vigor el 23 de diciembre, que incrementará el trabajo de esta área.

Movimiento de togados

Para Jordana de Pozas, “no hay duda de que Penal va a tener mucho más protagonismo que antes en los bufetes, sobre todo medianos, que se reforzarán más”. Algunos lo vienen haciendo desde finales de 2008, siendo una de las opciones preferidas el fichaje de jueces y fiscales en activo, sobre todo para liderar estos departamentos. Éstos se plantean el salto por varios motivos, como cerrar un ciclo y comenzar otro, probar con la profesión de abogado, e inevitablemente por la inyección económica que supone pasar de cobrar unos 86.000 euros brutos anuales de salario base a percibir entre 150.000 euros y 1 millón, dependiendo del puesto y nombre del bufete.

En 2008 la firma Pérez-Llorca ponía en marcha el área de Penal Económico, incorporando a la fiscal Adriana de Buerba. A mediados de 2009, el ex fiscal del Estado, Juan Ortiz Úrculo dejaba su puesto de fiscal jefe en la Fiscalía del Tribunal Constitucional para incorporarse al bufete Cremades & Calvo-Sotelo. “Desde siempre he tenido curiosidad por la profesión de abogado, y al cruzárseme el ofrecimiento, decidí aceptar y emprender un cambio de actividad”, afirma Ortiz Úrculo. Unos días después Gómez-Acebo & Pombo, que ya en 2005 había fichado al fiscal Carlos Saiz para dirigir Procesal, incorporaba a la fiscal de la Audiencia Nacional, Susana Landeras, para reforzar esta área. También el despacho catalán Jausas, que meses antes creaba un nuevo departamento de Penal Económico, apostaba por el ex fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Josep Lluis Climent, tras su paso por el despacho Roca Junyent.

En 2010, y con la reforma del Código Penal encima de la mesa, se han producido otros saltos hacia los bufetes de los negocios. Los ex fiscales de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo y Enrique Molina, se incorporaban a las firmas Martínez-Echevarría y Ramón y Cajal, respectivamente. Para Gordillo, “lo más relevante del nuevo Código para el derecho de empresa es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que se abren nuevas perspectivas ante el hecho de que las sociedades puedan llegar a delinquir”. Orti opina lo mismo, y añade que “ahora habrá más trabajo para los despachos, sobre todo por el tema de la prevención”. Saiz asegura que “se ha notado más preocupación y consultas de las empresas ante la entrada en vigor de la reforma, y no sólo por la responsabilidad de las personas jurídicas, sino por la criminalización de otras conductas de tipo medioambiental, fiscal o de contratación pública”.

Javier Moreno, socio de Iuris Talent, consultora del sector legal que ha llevado a cabo el fichaje del juez Daniel Velázquez Vioque a Landwell-PwC anunciado el mes pasado, también asegura que “esta tendencia de jueces y fiscales que se mueven hacia los bufetes va a ir en aumento a partir de ahora”.

Fuente: expansion.com