La de hoy es una ocurrencia peligrosísima para el Estado de Derecho y las libertades ciudadanas. Se ha sabido que la Junta quiere nombrar 'a dedo' a un Tribunal Administrativo "independiente" para resolver pleitos sin tener que ir al Juzgado ordinario y aliviar el atasco judicial. En realidad, si esto se consuma, los andaluces dependerán, no de jueces y/o personas independientes para resolver su conflictos con la Administración, sino que será el gobierno socialista el que les imponga el Tribunal que resolverá los conflictos que se tengan con ella. En este caso, Montesquieu no es que muera, sino que es matado deliberadamente. Todo esto se ocultó cuando se presentó el proyecto el pasado mes de enero.
Como es sabido, de buenas intenciones está empedrado el camino que conduce al infierno. Bajo el anuncio de rebajar el trabajo de la Justicia en temas menores y con el fin de agilizar la resolución de los conflictos, lo que quiere hacer el gobierno Griñán es ser juez y parte de los conflictos con los ciudadanos. Los ciudadanos protestarán ante un tribunal que habrá sido nombrado a dedo por el gobierno Griñán. No se hacen más juzgados de lo administrativo, sino que la Junta ocupa esta parcela de la administración de justicia.
Según El Mundo, el Tribunal Administrativo es un proyecto de la anterior consejera de Justicia y Administración Pública Begoña Álvarez que ahora debe impulsar la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. Inicialmente, la judicatura veía con buenos ojos este tribunal porque podría aliviar el atasco judicial actual, al resolver asuntos que afectan a la Junta y que ya no llegarían al juzgado. El proyecto es también positivo porque tiene previsto dar respuesta a las demandas ciudadanas o de empresas en sus litigios contra la Junta en un plazo máximo de dos meses, frente a los más de cinco años que puede durar un contencioso administrativo en los tribunales de justicia ordinarios.
Cómo no, el anteproyecto de ley de este tribunal subraya que "ejercerá sus funciones con autonomía funcional, para garantizar su objetividad e independencia" y que se trata de un «órgano técnico independiente», que está "fuera de la línea jerárquica de las estructuras administrativas en las que se producen los actos y resoluciones recurridas". Pero es la Junta la que va a nombrar a dedo a sus miembros.
En el Anteproyecto, se dice que el presidente de este órgano será nombrado por el Consejo de Gobierno entre personas funcionarias de carrera que sean «juristas de reconocido prestigio» con una experiencia superior a diez años. Esto es, lo nombrará Griñán.
El Tribunal Administrativo estará compuesto, además, por un número de vocales «no inferior a ocho», que serán elegidos mediante libre designación, sistema también conocido como a dedo, entre funcionarios de carrera del grupo A que «sean juristas de reconocido prestigio con una antigüedad superior a cinco años», precisa el anteproyecto. Esto es, también los va a nombrar Griñán.
El tribunal contará con tres sedes o secciones que se ubicarán en Granada, Málaga y Sevilla, las capitales que cuentan con salas de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Entre estos vocales, serán elegidos los presidentes de las secciones segunda y tercera del tribunal, que contará con una sección primera que encabezará el «jurista de reconocido prestigio» que decida el Consejo de Gobierno. Esto es, lo nombrará Griñán.
El secretario general es el único miembro «con voz y sin voto» en el nuevo tribunal. El secretario general de la sección primera será nombrado por el presidente del Tribunal Administrativo, mientras que los encargados de las secciones segunda y tercera serán elegidos mediante concurso de méritos entre funcionarios del grupo A.
Griñán acentúa su carácter autoritario
La información que facilitó la Junta el pasado enero, cuando el Consejo de Gobierno acordó iniciar los trámites para crear este órgano, no tiene nada que ver con el presentado ahora. El autoritarismo de Griñán se ha visto acentuado. En enero, el presidente Griñán sólo podía designar directamente al presidente del Tribunal pero los puestos de vocal «se proveerán mediante concurso de méritos entre profesionales del mismo perfil y con una antigüedad superior a cinco años», y así lo recogía la información facilitada el 26 de enero por la oficina del Portavoz de la Junta.
Pero ahora, el concurso de méritos sólo se reserva para los miembros del tribunal sin voto, es decir, los secretarios generales de dos de las secciones, porque el de la primera es designado, a su vez, por el presidente del tribunal. Esto es, nueva humillación para los funcionarios y apoteosis del dedo.
Aunque sus objetivos son bienintencionados, la manera de designar a quienes lo componen puede degenerar en una auténtica dominación del gobierno y de la Junta sobre la ciudadanía siendo juez y parte de los contenciosos que se produzcan.
Fuente: Libertad Digital
Como es sabido, de buenas intenciones está empedrado el camino que conduce al infierno. Bajo el anuncio de rebajar el trabajo de la Justicia en temas menores y con el fin de agilizar la resolución de los conflictos, lo que quiere hacer el gobierno Griñán es ser juez y parte de los conflictos con los ciudadanos. Los ciudadanos protestarán ante un tribunal que habrá sido nombrado a dedo por el gobierno Griñán. No se hacen más juzgados de lo administrativo, sino que la Junta ocupa esta parcela de la administración de justicia.
Según El Mundo, el Tribunal Administrativo es un proyecto de la anterior consejera de Justicia y Administración Pública Begoña Álvarez que ahora debe impulsar la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. Inicialmente, la judicatura veía con buenos ojos este tribunal porque podría aliviar el atasco judicial actual, al resolver asuntos que afectan a la Junta y que ya no llegarían al juzgado. El proyecto es también positivo porque tiene previsto dar respuesta a las demandas ciudadanas o de empresas en sus litigios contra la Junta en un plazo máximo de dos meses, frente a los más de cinco años que puede durar un contencioso administrativo en los tribunales de justicia ordinarios.
Cómo no, el anteproyecto de ley de este tribunal subraya que "ejercerá sus funciones con autonomía funcional, para garantizar su objetividad e independencia" y que se trata de un «órgano técnico independiente», que está "fuera de la línea jerárquica de las estructuras administrativas en las que se producen los actos y resoluciones recurridas". Pero es la Junta la que va a nombrar a dedo a sus miembros.
En el Anteproyecto, se dice que el presidente de este órgano será nombrado por el Consejo de Gobierno entre personas funcionarias de carrera que sean «juristas de reconocido prestigio» con una experiencia superior a diez años. Esto es, lo nombrará Griñán.
El Tribunal Administrativo estará compuesto, además, por un número de vocales «no inferior a ocho», que serán elegidos mediante libre designación, sistema también conocido como a dedo, entre funcionarios de carrera del grupo A que «sean juristas de reconocido prestigio con una antigüedad superior a cinco años», precisa el anteproyecto. Esto es, también los va a nombrar Griñán.
El tribunal contará con tres sedes o secciones que se ubicarán en Granada, Málaga y Sevilla, las capitales que cuentan con salas de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Entre estos vocales, serán elegidos los presidentes de las secciones segunda y tercera del tribunal, que contará con una sección primera que encabezará el «jurista de reconocido prestigio» que decida el Consejo de Gobierno. Esto es, lo nombrará Griñán.
El secretario general es el único miembro «con voz y sin voto» en el nuevo tribunal. El secretario general de la sección primera será nombrado por el presidente del Tribunal Administrativo, mientras que los encargados de las secciones segunda y tercera serán elegidos mediante concurso de méritos entre funcionarios del grupo A.
Griñán acentúa su carácter autoritario
La información que facilitó la Junta el pasado enero, cuando el Consejo de Gobierno acordó iniciar los trámites para crear este órgano, no tiene nada que ver con el presentado ahora. El autoritarismo de Griñán se ha visto acentuado. En enero, el presidente Griñán sólo podía designar directamente al presidente del Tribunal pero los puestos de vocal «se proveerán mediante concurso de méritos entre profesionales del mismo perfil y con una antigüedad superior a cinco años», y así lo recogía la información facilitada el 26 de enero por la oficina del Portavoz de la Junta.
Pero ahora, el concurso de méritos sólo se reserva para los miembros del tribunal sin voto, es decir, los secretarios generales de dos de las secciones, porque el de la primera es designado, a su vez, por el presidente del tribunal. Esto es, nueva humillación para los funcionarios y apoteosis del dedo.
Aunque sus objetivos son bienintencionados, la manera de designar a quienes lo componen puede degenerar en una auténtica dominación del gobierno y de la Junta sobre la ciudadanía siendo juez y parte de los contenciosos que se produzcan.
Fuente: Libertad Digital
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