
Para conseguir el objetivo de este convenio la Audiencia Nacional tendrá un papel prioritario. El acuerdo pretende que desde la Oficina de Atención a las Víctimas de dicho tribunal "se impulse las gestiones oportunas para la incorporación en su caso de personal encargado" de atender a las víctimas.
En esta misma línea, la Audiencia negocia actualmente con el Ministerio de Justicia la ampliación del número de funcionarios asignados a dicha oficina, así como la implantación de medios informáticos que permitan controlar el estado de las condenas de terroristas con el fin de facilitar a los afectados información precisa y actualizada.
En estos momentos, la Oficina cuenta con un único funcionario que no puede asumir adecuadamente las funciones recogidas en la reforma del Código Penal que establece que este departamento debe informar sobre el estado de los procedimientos que afecten a las víctimas y acceso a los recursos económicos, técnicos y psicológicos que éstas puedan requerir.
Con objeto de asumir estas funciones de forma correcta, la AN ya ha solicitado el traslado de otros dos funcionarios a la Oficina, una psicóloga y un trabajador social actualmente dependientes de Vigilancia Penitenciaria, sin obtener por el momento respuesta del Ministerio que encabeza Francisco Caamaño.
Fuente: Libertad Digital
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