Al hacer entrega de 225 computadoras e igual número de impresoras a los diversos juzgados de la entidad, el magistrado Alfredo Lagunas Rivera, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, destacó que el Consejo de la Judicatura trabaja para que el acceso a la justicia, no se vea limitado por las dolencias de equipamiento e infraestructura de la función judicial. Ante los presidentes de las salas del TSJ y consejeros de la Judicatura, señaló que con estas acciones continúan cimentando una mejora de calidad en infraestructura, para así brindar, con mayor facilidad, el servicio que los oaxaqueños se merecen. 
La escena de un inquilino frente a un juez se repitió en la provincia de Cáceres hasta en 65 veces durante el año pasado, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, se trata de una cifra menor a la de años anteriores. En concreto, es un 18% inferior a la del ejercicio anterior, el de 2010, cuando los tribunales de la provincia analizaron 80 casos de impago de alquiler, según la Estadística de Arrendamientos Urbanos. Este descenso rompe la tendencia de los últimos años, en los que se registró un aumento paulatino en el número de casos de alquileres que acababan en los juzgados. 
La solución planteada por Esperanza Aguirre de convertir el Tribunal Constitucional en una sala del Supremo logró este lunes la aceptación de la dirección nacional del PP, si bien no en esta coyuntura de crisis a varios niveles. Y es que, interpretan fuentes de la cúpula de la formación, en estos momentos lo que menos conviene al país es otro incendio político que pudiera desestabilizar una de las patas en las que se sustenta el Estado -en este caso la Justicia- ya de por sí muy devaluada a ojos de la opinión pública. 
Malestar, asombro y preocupación en la Audiencia Nacional ante la inminente retirada de escoltas a sus miembros. El Ministerio de Interior ha comunicado a los jueces y fiscales del tribunal encargado de encausar y juzgar los delitos de terrorismo que la retirada de su servicio de seguridad se llevará a cabo esta semana. 
Hastiados del tijeretazo, algunos sindicatos celebran estos días un referéndum de independencia. De independencia de la Generalitat. Los sindicatos han habilitado urnas y papeletas en las que preguntan a los funcionarios si desean que las competencias en materia de administración de justicia le sean devueltas al Gobierno central. O sea, volver a la situación previa a 1996, cuando se transfirieron a Cataluña. 
Rafael Ribó compareció ante la comisión parlamentaria para detallar su actividad internacional, tras conocerse que había realizado 60 viajes en tres años a destinos como Bermudas, Taipei, Kazagistán o Colombia. El PP pidió su dimisión acusando a Ribó de intentar parecer un embajador de la ONU en vez de defender los derechos de los catalanes. No se presentará en noviembre a la reelección de la presidencia del capítulo europeo del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI). 
El exsindicalista de UGT y “conseguidor de las subvenciones” Juan Lanzas, imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya, cobraba hasta 600.000 euros por cada ERE “en dinero ‘b’, en sobres semanales o quincenales de 20.000 o 25.000 euros”, según ha desvelado el que fuera abogado de José María Ruiz Mateos durante más de 28 años. 
Fernando de Rosa, ha defendido este viernes la ejemplaridad del todavía presidente del órgano de Gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, al que, a su parecer, "se le ha causado un daño irreparable", al tiempo que ha reconocido que el CGPJ ha sufrido "una crisis institucional nunca vista en un órgano constitucional". "Se ha causado un daño irreparable aludiendo a cuestiones personales que no creo que vinieran al caso. El debate debía haberse centrado en cuestiones relativas con su función pública", ha asegurado el vicepresidente del CGPJ, para añadir que esto "no debe consentirse" en una sociedad como la española. 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha planteado que el Tribunal Constitucional se convierta en una sala del Tribunal Supremo. Cree que "ha llegado el momento" de plantearse "muy seriamente por qué tiene que haber un tribunal nutrido por políticos, que se llaman magistrados pero no lo son y, si hay que hacer recortes, pues a lo mejor tenemos que pensar que el Constitucional sea una sala del Supremo". 
Los sindicatos andaluces con representación en el sector de la Justicia registraron en la Fiscalía Superior de Andalucía un escrito instando al Ministerio Público a «iniciar acciones judiciales» en contra del Plan económico financiero de reequilibrio de la Junta de Andalucía. Igualmente en dicho escrito se insta al Fiscal Superior para que, «en aras a dar ejemplo de la austeridad» inste a la Consejería de Interior y Justicia de Andalucía a «paralizar las obras de la nueva sede de la Fiscalía Superior», cuyo ahorro de 6 millones de euros supondría «casi un 60% del importe total de la disminución salarial». 
Unos 500 trabajadores de la Ciudad de la Justicia se han concentrado este lunes en protesta por el "robo", que, según han sentenciado, se pretende "perpetrar" a su salario. "Dado que nuestro salario es abonado por el Gobierno central, el único complemento sobre el que la Junta de Andalucia tiene competencias se nos va a rebajar más del 40% en lo que resta de año, produciéndose así un agravio comparativo con los demás compañeros de la Junta, a los que se les retiene el 5% de su sueldo", critican CSIF, SPJ, CCOO, UGT y STAJ. 
¿Quién sustituirá a Carlos Dívar cuando dimita el próximo jueves? Los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, las dos instituciones que aún preside, han comenzado a moverse para elegir quién lo relevará. Si bien la ley que rige el funcionamiento de la institución fija que sean el vicepresidente del primero, Fernando de Rosa, y el presidente de Sala más antiguo del alto tribunal, Juan Antonio Xiol, los que lo hagan de modo interino en cada una de estas intancias, ya han comenzado los movimientos internos para evitar esa bicefalia y que una persona ocupe el puesto que deje Dívar. 
Los funcionarios de Justicia de Jerez volvieron ayer a concentrarse a las puertas de los órganos judiciales convocados por la plataforma conjunta que integran CSIF, SPJ-USO,CCOO, UGT y STAJ. En un comunicado, la plataforma subraya la necesidad de concienciar a la población de los efectos de los recortes sobre la ciudadanía, a la que invitan a pasar una jornada en alguna sede judicial para comprobar "el enorme esfuerzo que realizan para que la Administración de Justicia no se hunda" en lugar de "caer en el tópico" de que los funcionarios "están todo el día sin hacer nada o tomando café". 
Funcionarios de Justicia se concentran este martes frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Granada en protesta por los recortes salariales en la Administración de Justicia, tras lo cual entregarán un escrito al fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, en el que le piden que "promueva e inicie las acciones judiciales oportunas a fin de que se impida o anule la ilegalidad que suponen los recortes". 
El Govern y el decanato de los juzgados de Palma han suscrito un convenio para afinar su colaboración en materia de mediación en conflictos familiares derivados desde el ámbito judicial, un servicio que favorece la resolución pacífica de disputas y facilita la ejecución de las sentencias. El juez decano ha señalado que durante 2011 en Baleares se disolvieron 3.193 parejas estables y matrimonio, rupturas de las que casi el 59 % fueron consensuadas. 
Las ayudas del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), organismo dependiente de la Junta de Andalucía, parecen aguantar como un junco la ventolera de la crisis y la poda de los recortes. Como muestra, los 1,14 millones de euros (190 millones de pesetas) que ha repartido entre proyectos de lo más dispar y variopinto. El BOJA publicó un total de 214 subvenciones concedidas por su director general, Raúl Perales, mediante una resolución del 24 de mayo pasado que lleva su firma. Entre las ayudas hay casos muy llamativos como el curso «Grafitteando, expresándonos», el curso de «body combat» —deporte que combina el uso de los puños con las artes marciales—, o el taller de «batucada».
Funcionarios de la administración de Justicia de toda Andalucía protestaron esta semana por el programa de recortes previsto por la Junta y que van desde el salario de los empleados públicos hasta la posible unificación de instancias judiciales. El colectivo sostiene que se enfrenta a un segundo paquete de recortes. "En 2010 ya tuvimos un recorte del sueldo del 5% en las retribuciones complementarias. Ahora proponen otro 5% en el bruto de la retribución anual y con carácter retroactivo al 1 de enero". 
El edificio donde funciona la Corte de Guayaquil será remodelado y los juzgados, tribunales, salas y otras dependencias pasarán a funcionar, a fines de junio, en el antiguo local de Makro Hogar, en el centro comercial Albán Borja. Los casi 800 empleados judiciales que laboran en el denominado Palacio de Justicia de Guayaquil ponen la casa en orden para la mudanza. El CJT ha previsto la creación de nuevas salas: cinco en materia de Familia, Niñez y Adolescencia; dos de lo Civil y tres de lo Laboral. En materia de lo Contencioso Administrativo existirán, además, tres nuevas salas y no tribunales como se llaman hasta ahora. Ocho salas para lo Contencioso Fiscal también serán creadas. 
Los mismos técnicos de seguridad y salud laboral que no han atendido las quejas de los funcionarios a lo largo de diez meses por la rotura del aire acondicionado y la calefacción de la las plantas baja y primera se desplazaron al Palacio de Justicia para pasar lista de los funcionarios que estaban o no en su puesto de trabajo. Esa fue la reacción de la Dirección Territorial de Justicia ante la convocatoria de una protesta respaldada por la decana y que se iba a repetir a diario.
Unión sindical en defensa de los servicios públicos y contra los recortes en el Principado. Todos los sindicatos con representación en la Administración regional (UGT, CCOO, CSIF, USIPA, SIMPA, CSI, SATSE, SAE, SUATEA, ANPE, SICEPA, SIPU, USO y STAJ) acordaron convocar una manifestación que tendrá lugar en Oviedo el día 26 de este mes. La manifestación saldrá de la estación de Renfe, pasará ante la Presidencia del Principado y acabará frente a la Delegación del Gobierno, en la plaza de España. 
Los juzgados vascos resisten pese a la recesión económica. La litigiosidad se redujo el pasado año un 4%, pese al aumento en la jurisdicción Social derivado de la crisis, y los tribunales resolvieron más asuntos de los que ingresaron, lo que contribuyó a un descenso de las tasas de pendencia y congestión. Así lo reveló el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis Ibarra, durante la presentación en Bilbao de la memoria judicial correspondiente a 2011. 
Los trabajadores de la Audiencia Provincial de Madrid han protagonizado el lunes una nueva "cacerolada" a las puertas de su centro de trabajo para protestar por los recortes salariales de los funcionarios de la Administración de Justicia. Los manifestantes han cortado la calle Santiago de Compostela y han exhibido carteles en los que se podía leer "no somos números, no a los recortes en Justicia".
Los funcionarios de los Juzgados de Sanlúcar volvieron a concentrarse en la puerta principal del edificio tras la convocatoria presentada por la Plataforma Sindical en Defensa de la Justicia en Andalucía. Los sindicatos representativos del sector de la administración de Justicia CSIF, SPJ-USO, CCOO, UGT y STAJ, que forman parte de la plataforma sindical en defensa del servicio público de la administración de Justicia en Andalucía, considera “un grave atentado al Estado social y democrático de Derecho las políticas de recortes que aplica tanto el Gobierno central como el autonómico. Queremos frenar estas políticas en la Administración de Justicia”. 
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha considerado "sensato y oportuno" retrasar "de momento" la negociación del traspaso de las transferencias de Justicia solicitadas por la Junta al Ministerio de Justicia ante las consecuencias económicas de la próxima Reforma del Sistema Judicial que prepara el departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón. De este modo se ha pronunciado el consejero en una reunión con los integrantes del Pacto de la Justicia.
Los funcionarios de Justicia de Andalucía volverán a concentrarse ante las sedes judiciales de Jerez el próximo lunes durante quince minutos para protestar por los recortes que están sufriendo, denunciando además, que los ciudadanos tendrán que pagar tasas en todas las jurisdicciones. La plataforma constituida por CSIF, SPJ-USO, CCOO, UGT y STAJ ya ha solicitado permiso a las distintas subdelegaciones del Gobierno andaluzas para llevar a cabo estas concentraciones los próximos lunes 11, 18 y 25 de este presente mes en curso. Se harán entre las diez y diez media de la mañana en las puertas de los distintos edificios judiciales. 
“Podemos decir en estos momentos que no hay riesgo alguno para la salud de los trabajadores y de los usuarios de los Juzgados de Arrecife”. De esta manera se ha pronunciado el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias. Después de que el pasado 2 de marzo se ordenara el desalojo del edificio judicial por las afecciones a entre 25 y 30 trabajadores, algunos de los cuales tuvieron que ser hospitalizados, se emitieron varios informes que han determinado que el Palacio de Justicia tiene los síntomas del “síndrome del edificio enfermo”. Sin embargo, el consejero de Presidencia ha asegurado que este inmueble ya no representa “ningún problema de salud para las personas”. 
El nuevo edificio del Palacio de Justicia de Burgos celebrará su primer juicio el próximo lunes una vez concluido el traslado de los equipos técnicos informáticos, telefónicos y de grabación para las salas de vistas. Además de la Fiscalía, este nuevo Palacio de Justicia acogerá las Salas de lo Civil y Penal, de lo Contencioso y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia y las tres secciones de la Audiencia Provincial, una de lo Penal y dos de lo Civil. 
Probablemente antes de septiembre se empezarán a aplicar las tasas en Justicia. Con estos tributos, el Consell prevé recaudar entre 8 y 10 millones de euros, que se invertirán en la modernización de las instalaciones judiciales. Sin embargo, Cabré subrayó que ingresar más dinero a las arcas públicas no es el objetivo primordial. El conseller explicó que estas tarifas serán más baratas que las catalanas, concretamente un 20 por ciento. 
