Funcionarios de justicia, jueces, fiscales, secretarios, abogados, usuarios y público en general estamparon su firma para intentar que el Gobierno, vía iniciativa popular, al menos debata la polémica ley de tasas judiciales que grava el acceso a la justicia. Carmen Romero, de STAJ, presidenta de la junta de personal explica lo que está pasando en Ciudad Real: “El ambiente es de malestar, seguimos teniendo el problema de la Oficina Judicial y ni nos han reunido a las centrales sindicales para dialogar. La administración de justicia necesitaba una reforma de las bases, pausada, consensuada, pero no esto”.
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