País Vasco: Los tribunales deniegan el 35% de las órdenes de protección

El número de mujeres que solicitan una orden de protección ha descendido un 33% en tres años, pasando de las 1.651 peticiones de 2004 a las 1.110 el año pasado. Paralelamente ha aumentado el número de órdenes denegadas por los jueces, del 28% al 35%. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, evitó valorar la disminución del número de mujeres que decide solicitar medidas cautelares contra sus parejas o ex parejas al considerar que existen "múltiples causas" para explicar la reducción.

Entre ellas, citó que "puede que se den menos supuestos" y que, "poco a poco, se ha ido restringiendo el número de situaciones de violencia de género tratadas en los juzgados" después de estabilizarse la aplicación de la Ley Integral de la Violencia de Género, que entró en vigor hace dos años y medio. Sin embargo, el número de mujeres asesinadas se mantiene constante. El año pasado, dos mujeres fallecieron en la CAPV por violencia de género, una de ellas en Barakaldo, apuñalada por su pareja, que después se suicidó, y la segunda en Basauri, acuchillada por su esposo.

En la presentación de la memoria judicial de 2006, que tuvo lugar en Bilbao, los periodistas preguntaron al presidente del alto tribunal por la polémica actuación del juez que denegó las medidas cautelares a Asunción Villalba, la mujer asesinada por su pareja en Gasteiz a principios de junio. Sobre la decisión del juez de denegar las órdenes de protección y no actuar de oficio, Piñeiro indicó que muchas veces los magistrados disponen de "poco tiempo" a la hora de tomar una decisión que requieren "tranquilidad y todos los datos posibles sobre la mesa".

Aseguró que las informaciones entre Policía y Justicia fluctúan con "fluidez", aunque matizó que en esta "larga cadena" en la que intervienen muchas personas "cualquier error puede hacer fallar al sistema" y concluyó que, en general, el sistema funciona "razonablemente bien".

Entre los datos del extenso documento, destaca la escasez de actuaciones de oficio que los jueces practican a la hora de solicitar medidas de protección para una presunta víctima de violencia de género. Entre las 251 medidas requeridas en uno de los principales tribunales de la CAPV, sólo 4 medidas de protección se incoaron de oficio, y finalmente sólo se adoptaron tres.

Prosiguiendo con la polémica del caso de Gasteiz, y tras la tentativa del Gobierno de introducir ciertas mejoras en la Ley de Violencia de Género, el decano de los jueces de Bilbao, Alfonso González-Guija, se pronunció a favor de eliminar la dispensa que obliga a las víctimas a declarar como testigo contra su pareja o ex pareja. "Retirar la dispensa no es la solución definitiva para acabar con las mujeres asesinadas, pero sí es uno de los pasos que debemos dar para una ley integral más efectiva". Aun así recordó que en muchos casos la declaración de la víctima es fundamental para avanzar en el proceso, sobre todo en las denuncias de malos tratos psicológicos en las que no existe parte médico ni peritos.

En la presentación de la memoria del alto tribunal no todo fueron datos y cifras negativas. El informe constata desde 2002 una tendencia a la baja en la evolución de la delincuencia. Si ese año se incoaron 168.310 asuntos penales, las causas han disminuido, leve pero progresivamente, hasta las 158.180 registradas el pasado año.

En total, los tribunales tuvieron un volumen de trabajo que ascendió a 251.220 casos nuevos. Paralelamente se resolvieron otros 246.570 asuntos. Las salas de lo Penal son las que tienen más volumen de trabajo (69%), seguidas de lo Civil (21%), lo Social (6%) y lo Contencioso-Administrativo (3%). De entre todos los fallecimientos registrados en los casos de violencia doméstica (que incluye a hijos y otros parientes), el 70% de las víctimas tenían nacionalidad española y el 85% eran mujeres.

Fuente: Noticias de Alava