La población del estado Falcón recibió este viernes la buena nueva de la apertura de tres nuevos Tribunales de Violencia contra la Mujer en la ciudad de Coro, específicamente ubicados en la sede del Circuito Judicial Penal, instancias cuya apertura está enmarcada en las disposiciones de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en vigencia desde el 19 de marzo de 2007.
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) pide a la Junta de Andalucía que permita el acceso de los funcionarios al parking por orden de llegada, una vez que se está aplicando el acuerdo adoptado por la comisión mixta TSJA-Ejecutivo andaluz, de tal forma que cada colectivo judicial posee una cifra determinada de estacionamientos. Además, reclama que se techen los aparcamientos exteriores, que se mejore la seguridad de los mismos y que se aumenten las medidas de seguridad en la zona. 
La nueva regulación del parking subterráneo de la Ciudad de la Justicia entró en vigor con polémica porque, según denunció el sindicato STAJ, los togados, a los que se les han asignado 67 de las 165 plazas, ocuparon únicamente menos del 50% de las plazas a lo largo de toda la primera mañana. «A las 8.30 horas de la mañana, no hay ningún vehículo de funcionarios, y, tras recorrer el recinto, verificamos que hay cuatro coches ocupando, en ese instante, otras tantas plazas de las 67 destinadas a este gremio», dice Juan Antonio Luque, de STAJ. A las 10, añade, había sólo 25 automóviles ocupando las 67 plazas de los togados (hay 109 jueces y magistrados en el edificio). 
La estancia que se está acabando de reformar se encuentra al lado de la sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 2. El hueco, hasta ahora perfectamente visible desde el pasillo, no es muy amplio, pero es el único que se encontró para ubicar el local del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), organización que logró cuatro delegados en la Junta de Personal de los juzgados en las elecciones del pasado marzo, a las que concurrió por primera vez. "Es la mejor solución que hemos encontrado", explicaba el juez decano Germán Serrano sobre el lugar que se está reformando para uso de los cuatro representantes del STAJ.
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha solicitado la dimisión del consejero del ramo, Francisco Menacho, y del secretario general, Pedro Izquierdo, por "incumplir el mandato de protección de los intereses generales que conllevan sus cargos" en relación con la regulación del aparcamiento de la Ciudad de la Justicia.
Menos que lo que cuesta llenar el depósito de combustible de un turismo. Eso es lo que invirtió la Xunta el año pasado por habitante en Justicia: 44,47 euros. Esta cantidad convierte a la Administración gallega en la tercera que menos presupuesto reservó en 2010 para la mejora de sus órganos judiciales, solo por detrás de Castilla-La Mancha y Castilla y León. El gasto de estas últimas en el área de Justicia no alcanza ni para un café: 0,32 euros por habitante en el caso de Castilla-La Mancha y 0,33, en Castilla y León. En el extremo opuesto, están País Vasco y Canarias, que superaron los 70 euros por habitante, 20 por encima de la media nacional.
La nueva Oficina Judicial, que el Ministerio de Justicia implantó en febrero en Ciudad Real se mueve aunque “camina despacio”. Ese es el balance que hace la junta de personal que preside Carmen Romero (STAJ), tras el triunfalista análisis del Ministerio de Justicia. Romero dice que “de los datos que difundió el ministerio vemos que hay un veinte por ciento menos de resoluciones que ponen fin al procedimiento”. Con los datos en la mano y el aumento de servicios que ha supuesto el nuevo modelo organizativo de los juzgados, Romero cree que sería conveniente crear el octavo juzgado de Instrucción y Primera Instancia.
La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, presentará el próximo octubre un informe que recogerá las principales líneas a seguir para mejorar la Justicia madrileña, aquejada de la carga de trabajo y la dispersión de sedes, y en el que se realizará un balance de los ocho años desde que el Ejecutivo autonómico recibió las competencias en materia judicial. Así lo ha adelantado Plañiol tras mantener el primer contacto institucional con los máximos representantes de la Justicia madrileña.
El Gobierno vasco ha dado ya luz verde a un anteproyecto de ley que espera implantar en el plazo de tres años. En Euskadi, su puesta en marcha redundará en una profunda reestructuración del mapa judicial. La pretensión es que los tribunales de instancia, que surgen en el marco de las reformas para modernizar el entramado judicial, agrupen en sus respectivas secciones especializadas a los magistrados de los distintos juzgados existentes en un mismo palacio, para impulsar la decisión colegiada en detrimento de la unipersonal. Ocho de los 14 partidos actuales asumirán la mayor carga de trabajo.
Mañana 20 de julio se acabará el aparcar por orden de llegada en el aparcamiento interior de la Ciudad de la Justicia e imperará una reserva de plazas a los jueces que, según denuncian desde el STAJ de Málaga, "perpetra contra la igualdad y dignidad de todos los trabajadores de la institución". El reparto de plazas que se impondrá acabará otorgando 67 plazas para menos de 120 magistrados, mientras que en torno a un millar de funcionarios tendrán que repartirse 44 plazas, según explicó el secretario provincial del STAJ, Juan Antonio Luque León, quien indicó que han remitido un escrito a la Delegada de la Junta de Andalucía manifestando su "más profundo" rechazo a la "cacicada" que se pretende perpetrar a la igualdad, la justicia y la dignidad.
Una avería en el sistema informático de los juzgados de Torremolinos (Málaga) está ralentizando y dificultando el trabajo de los funcionarios. El problema, que afecta a dependencias de dos de los tres edificios de los juzgados de este municipio, se encuentra en la antena de comunicaciones, que está averiada y necesita ser reemplazada. "No podemos trabajar con normalidad porque no podemos utilizar los ordenadores", han denunciado varios funcionarios, llegando, incluso, a tener que escribir a mano lo más urgente, lo que conlleva que "hagamos el triple de trabajo". Además, este problema implica que "se estén acumulando nuevos retrasos a los ya habituales". Esta situación ha sido criticada desde STAJ, que ha exigido una respuesta urgente por parte del Gobierno andaluz. 
La justicia no pasa por sus mejores momentos. Así se desprende de la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 2010 que pide mejoras en los edificios, acabar con la dispersión de sedes judiciales en la capital, más personal para hacer frente al elevado número de procedimientos abiertos y reducir la litigiosidad en la región. Un dato que destaca sobre los demás es que en los distintos partidos judiciales -en especial en la capital- se acumulan 488.600 casos aún sin resolver, lo que supone un 4,4% más que en 2009.
Los funcionarios de la Administración de Justicia de Canarias mantendrán sus parones informáticos hasta el mes de septiembre, pese al cambio de Gobierno, en reclamación de un complemento que negociaron en 2008 y que, deberían cobrar desde el pasado enero. “Que haya cambiado el consejero de Justicia no significa que nuestra situación haya cambiado”, afirma el presidente de la Junta de personal en los juzgados tinerfeños. Así, los sindicatos con representación en Justicia (UGT, CoBas, CCOO, Intersindical Canaria, FSP, CSIF y STAJ) han acordado mantener los parones del sistema informático Atlante II todos los viernes, de 12.00 a 12.30, en todos los órganos judiciales del Archipiélago, lo que significa paralizar la tramitación de entre 15.000 y 20.000 documentos durante media hora. 
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) estima que la comunidad autónoma necesita la creación de ocho nuevas unidades judiciales para aliviar la carga de trabajo que soportan los juzgados de la región y mejorar los tiempos de respuesta al ciudadano. Asimismo, reclama la contratación de 42 funcionarios más para completar sus plantillas. Estas reivindicaciones aparecen en la memoria anual del tribunal correspondiente al ejercicio 2010.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha reiterado en su memoria del 2010 la «absoluta e imperiosa necesidad» de llevar adelante los proyectos necesarios para dotar de nuevas dependencias judiciales a Vigo ante la falta de espacio. El alto tribunal advierte que los edificios judiciales de la ciudad se encuentran al «límite de su capacidad».
La Generalitat Valenciana puso en marcha la aplicación Cicerone a finales de los noventa con el fin de agilizar el trabajo, pero con el paso del tiempo el programa se ha quedado obsoleto a pesar de las actualizaciones. Los secretarios judiciales aseguran que es "desesperante" el tiempo de espera que tienen que soportar para realizar las búsquedas de los expedientes. Una operación que con motores de búsqueda de internet como los que utiliza Google cuesta menos de un segundo en la aplicación Cicerone llega a tardar más de diez minutos.
El delegado del Gobierno, Agustín Ibáñez, entregó la Medalla de Plata del Mérito a la Justicia San Raimundo de Peñafort al funcionario jubilado de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, Amado Prendes García, y señaló que “la concesión de este galardón, es un acto de Justicia, tanto por los méritos acumulados como por el apoyo recibido y compartido por la gran mayoría de los que le han conocido y han tenido el honor de trabajar con él”. En el acto estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la fiscal superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, numerosos jueces, juristas, amigos y familiares del galardonado.
Parecen no tener fin las peripecias de personas discapacitadas que necesitan acudir a los juzgados penales, que se encuentra en la planta alta del edificio que alberga esos tribunales. "¿Quién me ayuda, quién me ayuda?", preguntó un tanto desesperada una joven cuyo padre, José Emilio Ojeda Ramos, inválido, utiliza una silla de ruedas para su traslado. 
Ponferrada seguirá contando con un juzgado bis con funciones sobre la violencia de género durante seis meses más después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya decidido prorrogar el funcionamiento del órgano judicial de refuerzo que comenzó a funcionar de forma extraordinaria el 10 de enero.
Todos los sindicatos con representación en la mesa Sectorial de Justicia de Canarias (Co.Bas, UGT-FSP, CSIF, Intersindical Canaria, CCOO y STAJ) acusan de un posible delito de prevaricación a María Dolores Alonso Álamo, directora general del Gobierno de Canarias para el área de Relaciones con la Administración de Justicia. Los seis sindicatos "han entregado a los servicios jurídicos" las resoluciones de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Canarias número 733 y 734 del día 15 de junio de 2011, por si de ellas "pueden desprenderse responsabilidades penales". En esas resoluciones la directora general acordaba la convocatoria para cubrir con funcionarios interinos dos puestos, uno en cada provincia, de “gestor del archivo judicial territorial”. 
CCOO, UGT, Intersindical-Justicia y STAJ han constituido la plataforma "Justicia Digna Ya". El viernes celebraron una asamblea informativa en la Ciudad de la Justicia de Castellón y un acto de protesta tras hacer lo propio en Valencia y Alicante. Los responsables de las organizaciones sindicales denunciaron "el deterioro imparable" de la administración y apuntaron a la Conselleria de Justicia. Incidieron en el incumplimiento de la Generalitat, "que prometió la entrada en funcionamiento en junio de 15 nuevos juzgados en la Comunitat, cosa que no ha sido así".
La construcción de una nueva sede para los Juzgados de Guadalajara es “inaplazable” y “muy urgente”. Así lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en su “Memoria Judicial de 2010”. Alega que “actualmente, las instalaciones se encuentran en un estado lamentable, y ello es claramente visible. Basta una sola visita al edificio para darse cuenta de la precaria situación del mismo”.
Como consecuencia de la falta de jabón para lavarse las manos o papel higiénico en más de una ocasión en los aseos de la Ciudad de la Justicia de Elche, en muchos de los juzgados sus funcionarios han optado por hacer un fondo común con el fin de comprar ese material y así poder hacer uso del mismo cada vez que necesitan ir al aseo. Ha habido casos como el de una mujer que para poder limpiar a su hijo se dirigió a uno de los juzgados con el fin de ver si podían prestarle algo de papel. No había en el aseo que acababa de utilizar. 
A UGT le crecen los problemas. El Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Las Palmas dictó el embargo preventivo de las cuentas y bienes de la central socialista por 9 millones de euros, al ser declarada responsable de la gestión de Fundescan, una fundación creada en 1996 en Canarias para mediar ante la Administración en los cursos formativos a desempleados. El sindicato UGT tiene más frentes abiertos. Su rama de los trabajadores autónomos, UPTA-UGT, se ha colado en el Consejo estatal de los autónomos gracias a la sospechosa ayuda del Ministerio, pese a ser una asociación minoritaria.
