Todos los sindicatos con representación en la mesa Sectorial de Justicia de Canarias (Co.Bas, UGT-FSP, CSIF, Intersindical Canaria, CCOO y STAJ) acusan de un posible delito de prevaricación a María Dolores Alonso Álamo, directora general del Gobierno de Canarias para el área de Relaciones con la Administración de Justicia. Los seis sindicatos "han entregado a los servicios jurídicos" las resoluciones de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Canarias número 733 y 734 del día 15 de junio de 2011, por si de ellas "pueden desprenderse responsabilidades penales". En esas resoluciones la directora general acordaba la convocatoria para cubrir con funcionarios interinos dos puestos, uno en cada provincia, de “gestor del archivo judicial territorial”. 
Hace 5 horas
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