Los juzgados de lo Social llevan años aguantando el envite de la crisis económica y ya no dan más de sí. La excesiva carga de trabajo que arrastran estos órganos ha provocado un retraso en la resolución de las demandas que preocupa a los propios magistrados. Si antes de la crisis, un despido se resolvía en unos 30 días, el proceso ahora se ha alargado y la espera en los tribunales murcianos para que un juez decida sobre estos asuntos alcanza ya los cinco meses.
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