El abogado Javier Ruiz lleva documentos al juzgado. El secretario los recibe y con angustia existencial los deja entre un laberinto kafkiano de expedientes arrumados. El litigante se pasa el pañuelo por la frente. Viene del Edificio Arboleda, que está a tres cuadras, ha subido escaleras a pie porque los ascensores sólo son para cuatro personas, cuando funcionan. Y lo espera otra audiencia en otra de las catorce sedes en las que quedó despiezada la justicia de Cali ese 31 de agosto del 2008, cuando una bomba explotó frente al Palacio de Justicia.
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