A falta de presupuesto, imaginación, reorganización de las tareas y un esfuerzo adicional. Estos son los ingredientes que han puesto los tres juzgados de Lo Penal de Cartagena tras la enésima negativa del Ministerio de Justicia a liberar dinero para reforzar estos órganos con jueces, secretarios, funcionarios o al menos el pago de horas extraordinarias. Para sacar adelante las más de 7.500 sentencias pendientes de ejecutar, los magistrados han puesto en marcha un plan de resolución de expedientes pionero en España que además de aliviar el colapso permite agilizar trámites, de forma que cuestiones que antes exigían tres meses implican ahora de diez a quince días. Lee toda la noticia AQUI
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