Las ayudas que los dos sindicatos reciben de las comunidades autónomas para financiar los programas de formación, 1.500 millones de euros anuales, se han reducido hasta estrangular sus finanzas. Esta ha sido una de las primeras partidas en las que se han cebado las comunidades autónomas para hacer los ajustes de gasto. El problema de los dos sindicatos es justamente este: que las competencias de formación continua y políticas activas de empleo están transferidas y son los gobiernos autonómicos los que tienen la última palabra. Comisiones ya ha formalizado en Murcia su primer expediente de regulación de empleo, una experiencia por la que ya ha pasado también UGT en Navarra y Cataluña. Pronto los ERE´s se extenderán a la mayoría de las federaciones de ambos sindicatos ya que las cuotas que cobran de los afiliados no dan para sostener su inmensa maquinaria.
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