La justicia junto con la educación y la sanidad son los grandes servicios públicos cuya transformación y modernización son uno de los retos más cruciales en esta hora del cambio. Nuestra Administración de justicia hace demasiado tiempo que espera salir del siglo XIX en el que parecía irremediablemente anclada. Llevamos ya más de una década intentando encontrar el punto de equilibrio donde combinar las medidas de agilización en los trámites de los procedimientos judiciales con el imprescindible respeto a las garantías procesales. Como servicio público, no basta con garantizar el acceso de los ciudadanos a la jurisdicción, sino que el producto impartido tiene que resultar de calidad. El funcionamiento inadecuado o incorrecto de la Administración judicial no afecta sólo a los justiciables que están implicados en un procedimiento, sino a toda la sociedad y los ciudadanos sobre los cuales acaban recayendo los costes del mal servicio. El nuevo Gobierno que salga de las elecciones el día 20 necesita un programa de actuaciones y objetivos realistas si quiere dejar atrás –y para siempre– la imagen de una justicia lenta, cara y poco transparente. Lee todo el artículo AQUI
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