El caso del entonces juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita es relativamente sencillo de sintetizar. Fue denunciado por entorpecer una adopción. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia le condenó por retardo malicioso a dos años de inhabilitación. El Tribunal Supremo agravó el tipo penal y le condenó por prevaricación, extendiendo a diez años su expulsión de la carrera judicial. Desde entonces, Ferrín ha ejercido como abogado, aunque en su reciente libro explica las dificultades que encontró para empezar, una vez que su nombre se había convertido en maldito en virtud de su abundante presencia pública.
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