Una sentencia del Tribunal Supremo respalda la conclusión del estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre los aranceles de notarios y registradores en la cancelación de hipotecas: llevan años cobrando de más. La OCU pide al Ministerio de Justicia que se devuelva a los consumidores unas cantidades que podrían superar los 93 millones de euros al año.
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