Cerca de 600 funcionarios, abogados y procuradores protestaron contra el «tasazo», un proyecto de reforma legal que va a gravar con tasas los pleitos y apelaciones de Civil. Consideran que detrás hay un afán recaudatorio y piden «Justicia para todos». Además, pidieron la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
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