El aula magna de la Facultad de Ciencias se convirtió el lunes en el fortín de la Plataforma de Empleados Públicos de Granada. Más de medio millar de funcionarios de la provincia se dieron cita allí para oír, de mano de abogados, profesores de Derecho y representantes sindicales de CSIF, USTEA, CGT y STAJ, las consecuencias que tendrá sobre este colectivo la aplicación de la Ley 1/2011 de reordenación del sistema público andaluz, que solo han apoyado las centrales sindicales UGT y CCOO, así como el PSOE.Los ponentes reconocieron el «importante papel» ejercido por los funcionarios granadinos contra este decreto gracias a sus movilizaciones, iniciadas el pasado 13 de noviembre. «Habéis logrado tambalear los cimientos de una Administración pública, que quiere funcionar como una empresa privada y donde el funcionario esté al dictado del político de turno», apuntó Fermín Bernabé, letrado y uno de los ponentes de la asamblea celebrada el lunes. La Ley que permitirá trabajar a funcionarios y personal laboral en agencias de la administración autonómica, a las cuales las ampara jurídicamente para que funcionen como las propias delegaciones provinciales, ya está aprobado y de momento no tiene vuelta atrás. «A partir de ahora la batalla hay que plantearla por la vía jurídica, sin abandonar la calle», y a esa lucha se han apuntado los sindicatos contrarios al decretazo, así como la propia Plataforma para tratar de demostrar su inconstitucionalidad, así como el «atentado» que supone para el acceso a la función pública pasar por alto los criterios de igualdad, mérito y capacidad.
El profesor de Derecho de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y exadjunto al Defensor del Pueblo, Francisco Gutiérrez, advirtió de las grandes lagunas existentes en la Ley aprobada y recordó el regateo al que el Gobierno de la Junta sometió a esta norma para sacarla adelante, tales como no abrir una negociación colectiva con todas las fuerzas sindicales y hacerlo solo con las dos que lo apoyaban, así como tratar de aprobarlo en el Parlamento por la vía de urgencia. «Las movilizaciones de los empleados públicos de la Junta de Andalucía han logrado en 237 días tambalear lo que se ha venido en llamar el ‘cortijo’, algo que los partidos de la oposición no han conseguido en los últimos 30 años».
Los representantes de CSIF avisaron de que la Junta puede obligar a los funcionarios a trabajar en las agencias empresariales que se creen y auguraron una dura batalla contra los estatutos de estas agencias. Los ponentes también advirtieron de las represalias que la Junta está adoptando contra los manifestantes. «En apenas tres meses se han abierto 14 expedientes disciplinarios contra quienes están defendiendo el no sometimiento de lo público a la casta política».
Fuente: ideal.es
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