Todoscontraelcanon es una plataforma formada por usuarios, internautas, profesionales y organizaciones, entre otros, unidos por su postura en contra del Canon Digital. La plataforma lleva a cabo la campaña con el lema "El canon te afecta, tu firma cuenta. todoscontraelcanon.es" para sensibilizar a la opinión publica sobre lo que implica la implantación del Canon Digital. El pasado mes de septiembre ya presentaron una denuncia ante el Defensor del Pueblo por la inconstitucionalidad del canon, consiguiendo la adhesión del mismo "a la razonable pretensión de que se implante un procedimiento sencillo, accesible y eficaz que permita el ejercicio de las exenciones al pago de la remuneración compensatoria", y el reconocimiento de que "el legislador pudo elegir otro sistema más óptimo" Los argumentos entonces defendidos son los mismos que ahora se trasladan ante la Comisión Europea mediante la inteposición de una denuncia por incumplimiento del derecho comunitario, por entender que no sólo la normativa española está siendo infringida por la nueva Ley de Propiedad Intelectual, sino también la europea.
La plataforma propone que la compensación por copia privada se aplique sobre el contenido u obra original, de esta forma se establece un criterio justo en el cobro y no sobre los equipos y soportes.
Para todos aquellos que no estén al corriente, conviene recordar en qué consiste la polémica del canon digital. Para ello, traemos aqui un editorial del diario Expansión que trataba el tema:
Hasta ahora, los usuarios pagaban un canon por la compra de CD y DVD vírgenes, pero en los próximos meses se verán obligados a hacerlo también cada vez que adquieran cualquier aparato de grabación y reproducción, lo que en la práctica supone que afectará a reproductores de MP3, DVD, televisiones con disco duro, teléfonos móviles o dispositivos de almacenamiento masivo. En las próximas semanas serán con toda probabilidad los ministerios de Cultura y de Industria los que decidan el catálogo definitivo de productos sujetos a dicho canon y su cuantía, pues quienes deberían ponerse de acuerdo, la industria tecnológica y las entidades de gestión de derechos de autor, mantienen posturas difícilmente reconciliables. Más allá de esta pugna, es preciso reflexionar sobre la situación de desprotección en que la ley ha dejado al consumidor, considerado una vez más –recuérdese, por ejemplo, la restricción de horarios comerciales– un auténtico convidado de piedra en una cuestión que le atañe directamente. Sin orillar la legítima consideración que merece la protección de los derechos de autor, parece obvio que la fórmula del canon, aunque pueda contentar a las asociaciones que gestionan los derechos de autor por los ingresos que proporciona, no es la más racional. Por varias razones: porque es injusto, en la medida que se aplica de forma indiscriminada a todos los consumidores, independendientemente del uso que hagan; porque en la práctica no es efectiva para solucionar el problema de fondo –en todo caso lo fomenta–, esto es la piratería o el top manta, cuya persecución y eventual erradicación depende en todo caso de otro tipo de procedimientos; porque desde una lógica industrial, en una economía cada vez más competitiva y globalizada, la aplicación del canon supone un aumento adicional de los costes que puede inducir a una deslocalización industrial hacia otros países o a que los usuarios adquieran los aparatos en otros mercados; y porque, conceptualmente, el canon no parece compatible con el necesario impulso a la todavía incipiente Sociedad de la Información. Parecería lógico, pues, que la Administración reconsiderase una iniciativa desproporcionada, que pretende matar moscas a cañonazos. Hay que asumir que el desarrollo de la tecnología ha superado los usos tradicionales en la actividad audiovisual, que es la que debe readaptarse a la nueva realidad y no al revés. Puesto que la evolución de la tecnología digital lo permite, ¿no sería más lógico que los usuarios pagaran por el uso o la descarga puntual de información, en lugar de aplicar el ‘café para todos’ con un desproporcionado e indiscriminado impuesto?
En la misma posición se manifiesta Victor Domingo, Presidente de la Asociación de Internautas, el cual ha manifestado que "el canon digital es un desequilibrio democrático que infama al Estado de Derecho".
Por su parte, los grupos partidarios del canon, encabezados por la SGAE, no cesan en sus presiones. Su más reciente pretensión es que el Ejecutivo introduzca modificaciones en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) para que las operadoras tengan que suprimir los contenidos de Internet siempre que se lo soliciten formalmente (ante notario) y sin que sea necesaria la intervención de un juez.
Fuente: www.internautas.org
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