Cantabria: El porcentaje de sentencias firmes de la Sala de lo Social, el más alto de toda España

El porcentaje de sentencias firmes en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) fue en 2009 el 99,9 por ciento, el más alto de las emitidas por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia en España, y medio punto más que la media. Según datos de la Estadística Judicial del CGPJ, el porcentaje de sentencias y autos finales recurridos ante la Sala de lo Social del TSJC fue del 5,2 por ciento, el segundo más bajo de todas las comunidades autónomas.


Respecto al año anterior, el porcentaje de sentencias que, por no haber sido recurridas, o por haber sido confirmadas, quedan firmes sin modificación ha aumentado en dicha jurisdicción del TSJC en 0,3 puntos, mientras el de sentencias recurridas ha descendido en cambio 1,6 puntos.

La Sala de lo Social del TSJC conoce de los procesos que la Ley establezca sobre controversias que afecten a intereses de los trabajadores y empresarios en ámbito superior al de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Autónoma; y de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de la Comunidad Autónoma.

También son de su competencia los recursos de suplicación y demás que prevé la ley contra resoluciones de los Juzgados de lo Mercantil de la Comunidad Autónoma en materia laboral y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia; y las las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social de la Comunidad Autónoma.

Juzgados de lo social

También dentro de la misma jurisdicción, pero referido a las sentencias dictadas en los Juzgados de lo Social, el porcentaje de las confirmadas en Cantabria ha sido este pasado año del 93,7 por ciento, 0,3 puntos menos que la media (94%), y el de las recurridas alcanzó el 29,1%, más que la media (26,6%).

Según explica el CGPJ, las estimaciones que ofrece la Estadística Judicial del porcentaje de sentencias recurridas y del porcentaje de sentencias que, por no haber sido recurridas, o por haber sido confirmadas, quedan firmes sin modificación, "dejan una imagen muy positiva del rigor de los jueces y magistrados españoles" ya que en todas las jurisdicciones la confirmación total supera el 94%, manteniéndose una alta estabilidad en 2009 respecto a los datos de 2008.

Fuente: 20minutos.es

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Andalucía: La Junta se gasta 150.000 euros en preservativos de sabores

La Junta de Andalucía ha destinado parte de su presupuesto a la compra de preservativos de sabores, lubricantes y otros objetos de carácter sexual que repartirá entre varias ONG y asociaciones de educación sexual. La consejería de Salud de la Junta acaba de dedicar un total de 151.200 euros para realizar un pedido masivo de 2,5 millones de preservativos masculinos y otros artículos sexuales.


En concreto, Andalucía se ha gastado más de 28.000 euros en comprar 500.000 sobres monodosis de lubricante, y otros 28.000 euros en adquirir packs de “preservativos extrafuertes de sabores con lubricante”, según consta en el pliego de la Plataforma de Contratación de la Consejería.

Además, la Junta ha encargado 17.000 unidades de diques dentales (una especie de malla protectora para practicar sexo oral) por un valor de 9.350 euros. Este gran pedido, que aparece también publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del mes de junio, fue encargado a la empresa Juvazquez, dedicada a la venta de productos sanitarios desechables.

La mayoría de consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas destina una parte de su presupuesto a la compra de preservativos dentro de sus programas de lucha contra el Sida.

Sin embargo, ningún programa sanitario de organizaciones internacionales recomienda específicamente la compra de condones de sabores o lubricantes para hacer frente al VIH. Esto significa que la consejera de sanidad andaluza, la socialista María Jesús Montero, que ha manifestado en más de una ocasión su preocupación por la sostenibilidad del sistema sanitario, financia con una notable cantidad de dinero artículos más relacionados con el placer individual que con la prevención de cualquier enfermedad de transmisión sexual.

Fuentes de la Junta de Andalucía consultadas no explicaron los motivos por los que se ha optado por la compra de este tipo de profilácticos de sabores. Tampoco aclararon a qué tipo de ONG irán destinados estos lotes.

Fuente: Gaceta.es

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Murcia: La Audiencia considera que zarandear a la esposa no constituye delito de malos tratos

Zarandear a la esposa no constituye siempre "necesariamente" un delito de malos tratos, según se indica en una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que confirma la absolución dictada por un Juzgado de lo Penal de Lorca y desestima el recurso presentado por la denunciante contra la misma.


Dice la Sala que el juez de lo penal de Lorca, en su resolución de mayo de 2008, declaró como hechos probados que cuando la mujer se presentó en el domicilio del esposo, del que se encontraba en trámites de separación, para recoger sus enseres personales, se produjeron unos incidentes.

Los mismos, añadía el juez, se originaron cuando el marido le reprochó que también estaba recogiendo cosas suyas, produciéndose entonces un incidente en el transcurso del cual "ambos se zarandearon: uno, para que ella se fuera de la casa, y la otra, para mantenerse en la misma".

Según el Juzgado de lo Penal, "no ha quedado acreditado que el acusado, en el transcurso de dicha discusión, agrediera a la denunciante".

En la sentencia que desestima el recurso presentado por ésta, la Audiencia Provincial indica que el término "zarandear" es "más equívoco de lo que parece a primera vista, pues según el diccionario de la Real Academia de la Lengua equivale a varios conceptos que no son exactamente lo mismo y que, por tanto, introducen cierta confusión".

Añade el tribunal, del que ha sido ponente el magistrado Augusto Morales, que "estamos ante un término que no representa necesariamente, siempre y en todo caso, una conducta de mal trato de obra, puede que sí y puede que no, porque dependerá de las demás circunstancias que concurran en el caso concreto".

Con todos los datos recogidos en el relato de hechos probados, dice la Sala, "no resulta factible, ni lógico, ni equitativo, construir un supuesto de malos tratos de obra contra el cónyuge; no puede decirse que el zarandeo recíproco tenga la suficiente intensidad como para configurar todo un delito, mucho menos si se analizan las demás circunstancias que concurrieron en este caso".

Fuente: La Ley

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Cáceres: Los forenses detectan un aumento de las agresiones en un 7,4%

¿Las personas que viven en la provincia de Cáceres son cada vez más violentas? ¿Aumentan las peleas en los bares y en las calles? ¿Crecen o disminuyen las agresiones a mujeres por parte de sus parejas?... Según los datos de la última Memoria del Instituto de Medicina Legal de Cáceres, por desgracia estamos en una sociedad cada vez más violenta.


El año pasado los forenses de esta provincia tuvieron que ver a 1.930 personas que sufrieron agresiones, ya fuera por peleas, por violencia doméstica o abusos sexuales. En el año 2008 los casos de este tipo, encuadrados en el apartado de lesiones dolosas, fueron 1.797. Lo que significa que en el último año hubo un incremento de un 7,4%.

En el caso de las lesiones en agresión, si en el año 2007 hubo 1.326 casos, se subió a 1.426 en el 2008 y a 1.490 asuntos en el 2009.

Es bastante preocupante el aumento que ha habido en esta provincia de casos de lesiones en violencia doméstica. En el año 2005 los forenses valoraron 182 casos, al año siguiente creció a 201, se llegó a 239 en el 2007, para llegar a una cifra bastante alta en el 2008: 350 casos. En el año 2009 ya se ha alcanzado la cifra de 421 lesiones por violencia doméstica, lo que supone un aumento del 20,28%, un tanto por ciento bastante elevado.

Una noticia positiva entre tanta violencia, es que están disminuyendo los reconocimientos de los forenses en los casos de agresión o abuso sexual. En el 2007 hubo 31 mujeres que tuvieron que ser exploradas por los forenses por esta causa. En el 2008 bajó la cifra a 21 y en el 2009 fueron ya 19.

Se tiene la idea equivocada de que los forenses trabajan sobre todo con cadáveres. No es así. El año pasado realizaron 3.896 informes en «sujetos vivos», mientras que hubo un total de 163 actuaciones en cadáveres para determinar las causas y circunstancias en fallecimientos por causas violentas o sospechosas de criminalidad.

En los informes sobre vivos, se encuentran los 1.930 casos de lesiones dolosas (agresiones, violencia doméstica y abusos sexuales), a las que hay que sumar 1.015 estudios sobre lesiones en accidentes de tráfico, 164 valoraciones sobre el consumo de drogas, 61 estudios sobre posibles enfermedades mentales, además de indicar si hay que internar o no en unidades de psiquiatría a 130 personas, y valorar si 195 personas tienen que ser declaradas o no incapaces (muchas de ellas en residencias de ancianos).

También tienen que hacer valoraciones sobre posibles responsabilidades médicas. El año pasado analizaron 14 supuestos errores médicos, uno menos que en el 2008.

En las actuaciones tanatológicas, a personas fallecidas, estudiaron 110 muertes violentas, de las que 42 fueron muertes suicidas y 35 por accidentes de circulación.

Llama la atención en la memoria del Instituto de Medicina Legal de Cáceres, que mientras los muertos en accidentes de circulación están bajando bastante, suben los casos de suicidios.

Si en el año 2004 hubo 77 personas que perdieron la vida en las carreteras de la provincia de Cáceres, en el año 2006 se bajó a 48 y ya en el año 2009 fueron 35. De esos 35 fallecidos 29 eran hombres y 6 mujeres. La mayoría de los muertos eran jóvenes, uno de cada tres tenía de 20 a 29 años.

Los suicidios siguen aumentando en esta provincia. Si en el año 2006 hubo 28 casos, en el año 2008 se llegó a 34, para alcanzar la cifra de 42 personas que se quitaron la vida en el año 2009.

De los casos de suicidios del año pasado, 34 eran varones y 8 mujeres . La mayoría de ellos, 18, se ahorcaron, 6 se tiraron al vacío, otros 6 se intoxicaron y 5 (todos ellos hombres) se dispararon un tiro.

La mayoría de los suicidas tenían de 40 a 49 años. Fueron 10 casos en esa franja de edad. Hay bastante menos casos de suicidios en personas jóvenes, sólo cinco tenían menos de 30 años.

Llama la atención que los meses en los que se quitó la vida más gente fue en abril, julio y agosto, cada mes con 6 muertes, mientras que hubo un mes en el que no se registro algún suicido: Fue en enero.

Un dato positivo que se refleja en la memoria de los forenses es que el año pasado se contabilizaron dos casos de homicidios, cuando en el año 2008 hubo 7 casos. Lo normal es que cada año se produzca una media de dos homicidios en esta provincia.

Los homicidios que se registraron el año pasado fue el de una mujer a la que estranguló su pareja en la zona de Valencia de Alcántara, y un hombre que murió como consecuencia de una precipitación.

Otro de los trabajos que realizan los forenses es comprobar los certificados de defunción en la localidad de Cáceres.

El año pasado hubo 1.254 certificados de defunción en esta capital de provincia. Es curioso que el mes con más fallecidos fue marzo con 130 entierros, seguido por enero con 126. El mes con menos fallecidos fue el mes de julio con 91 certificados de defunción, y el segundo fue el mes de noviembre con 94 entierros.

Fuente: hoy.es

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Zaragoza: El Decanato lamenta que el CGPJ no envíe un juez de refuerzo hasta finales de 2010

El titular del Decanato de jueces de Zaragoza, Ángel Dolado, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no trate a Aragón como una autonomía “uniprovincial” y adelante, al igual que en otras Comunidades, la incorporación del nuevo juez de adscripción territorial que le corresponde.


La Comisión Permanente del CGPJ aprobó, el pasado 17 de agosto, la convocatoria de las 40 primeras plazas de “jueces de adscripción territorial”, creadas por el Ministerio de Justicia como una nueva figura establecida en el Plan de Modernización 2009-2012 con el fin de lograr una Justicia titular y de calidad. La convocatoria permitirá que los jueces que asuman esta función comiencen a trabajar a partir del próximo 15 de octubre.

Aragón no está entre las doce CCAA que sí que se han visto beneficiadas por este adelanto. Hecho que ha molestado a Dolado, ya que la normativa establece, según éste, una diferencia entre los territorios con varias provincias y aquellos como La Rioja, Región de Murcia, Principado de Asturias y Cantabria, en las que los límites comunitarios coinciden con los de una sola provincial.

Por lo tanto, se ha comunicado con dos vocales del CGPJ en Aragón para mostrar su disconformidad con la decisión tomada.

Dolado ha aseverado que esta “discriminación” se debe a que los jueces aragoneses “realizan su labor muy bien y no dan problemas”, por lo que “han comprendido desde el Consejo General del Poder Judicial que en otros se necesitaba más y se ha relegado a Aragón a 30 de diciembre”.

El juez decano, que ha apuntado que con 50 nuevas plazas en total en España la modernización no va a ser del todo posible, ha señalado que estos jueces de adscripción territorial van a permitir la “posible” desaparición de la Justicia interina o de sustitución.

Con respecto al anuncio de que al año que viene saldrán otros 70 puestos de jueces, Dolado ha afirmado que “espera” que en Aragón sean dos más porque se podría cubrir tanto Zaragoza, como Huesca y Teruel.

El objetivo del Ministerio de Justicia es conformar una planta judicial con 400 plazas de jueces de adscripción territorial a lo largo de los próximos años. En la Comunidad aragonesa hay en total 132 jueces.

Fuente: aragondigital.es

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Sevilla: Reprochan a un juez tres años de "penosa" instrucción buscando inhibirse

La Audiencia de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel a un hombre que falsificó un DNI para abrir una cuenta bancaria, en una sentencia que le aplica la atenuante de dilaciones indebidas porque el juez dedicó tres años de "penosa e inexistente instrucción" con la única finalidad de inhibirse.


La Sección Cuarta de la Audiencia, condena a J.A.P.A. porque en septiembre de 2005 abrió en una oficina de Caja Madrid en la avenida Luis Montoto de Sevilla una cuenta utilizando un DNI robado a su titular, en el que la foto original había sido sustituida por la del acusado. En dicha cuenta presentó un pagaré por importe de 7.340 euros, también falsificado, de cuyo importe se apoderó.

La Audiencia aplica la atenuante del retraso indebido pues la investigación judicial se llevó a cabo de manera "injustificadamente lenta, con dilaciones absolutamente injustificadas".

La sentencia enumera los hitos del proceso entre febrero de 2006 y marzo de 2009 en el juzgado de instrucción de Sevilla y dice que se centraron "más en buscar razones para inhibirse que en impulsarlo y concluirlo en un plazo razonable".

La primera denuncia fue abierta en A Estrada (Pontevedra), donde ya se aportaron el pagaré falsificado y el original, y una vez turnado al juzgado número 5 sevillano, éste lo archivó "sin realizar la más mínima actividad de investigación", dice la Audiencia.

Reabierto a instancias de la Fiscalía, el juez ordenó al Grupo de Delitos Económicos de la Policía que investigase quién era el presunto autor de los hechos, y en junio de 2006 volvió a sobreseer la causa al encontrarse el acusado en paradero desconocido y "sin dictar orden de busca y captura".

Ello motivó que J.A.P.A. fuese detenido el 4 de enero de 2007 en Madrid en virtud de órdenes de detención dictadas por otros juzgados, pero al no estar reclamado por el sevillano no fue puesto a su disposición.

Cuando el juez de Madrid notificó la detención, su compañero de Sevilla ordenó a la Policía investigar si en la Audiencia Nacional el acusado tenía abierto algún procedimiento conexo.

A ello respondió la Policía en mayo de 2007 que "no entendía el sentido de la petición" pues se solicitaba la mediación de una unidad policial "para efectuar una comunicación entre órganos jurisdiccionales perteneciente ambos al Estado español".

Cuando la Audiencia Nacional respondió en noviembre que no tenía causas abierta contra J.A.P.A., el juez ordenó a la Policía informar si había llevado a cabo alguna intervención relacionada con los hechos denunciados, y en diciembre de 2007 se inhibió a favor del juzgado 6 de la Audiencia Nacional "sin ni siquiera comprobar que la información remitida no permitía semejante decisión", sostiene la Audiencia.

Finalmente, en marzo de 2008 la Policía informó de que no había investigado al acusado, y no fue hasta febrero de 2009 cuando el juez pidió los antecedentes penales y en marzo de ese año concluyó la instrucción.

Todo ello, según la Audiencia, causó una "injustificada demora en la tramitación del proceso" que "excede de lo prudencial", pues la actuación del juzgado "se ciñó a librar oficios y comunicaciones a la Audiencia Nacional y a la Dirección General de la Policía que pretendían la inhibición del procedimiento a favor de aquella".

Fuente: La Ley

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Camargo: La juez de paz deja plantadas a tres parejas el día que las tenía que casar

Gonzalo y María (nombres ficticios que corresponden a G.L.M y M.T.C.R) habían organizado su boda civil con esmero. El pasado mes de abril se inició el expediente para el enlace y en julio escogieron la fecha: el 6 de agosto, a las 12.45 horas. Ese día, vestidos para la ocasión y acompañados por los padrinos y familiares, se presentaron en el Juzgado de Paz de Camargo a las 12.30 horas. Allí, en la sala de celebración de bodas, se encontraron con otras dos parejas que tenían su misma intención y a las que el destino les había deparado lo mismo.


El tiempo pasaba y los seis contrayentes con sus respectivos testigos esperaban, sin éxito, que llegara la jueza de paz para casarles, que finalmente no se presentó. Ante la tardanza, y dado que no podían localizarla por ningún medio, las empleadas, y más concretamente la secretaria del Juzgado, se ocupó de buscar la solución al problema. En el Ayuntamiento de Camargo tampoco podían resolver el asunto porque en esos momentos se celebraba un Pleno. Así las cosas, hubo que llamar a la jueza de paz de El Astillero, que se trasladó hasta Maliaño y casó a las tres parejas en un momentín.

Este matrimonio de Muriedas califica la experiencia vivida el día de su boda como «anécdota negativa» y no esconden que fue una «situación extraña, ya que no es normal que una jueza no aparezca ni coja el teléfono». Aseguran también que lo pasaron mal por la secretaria del Juzgado, por ver su impotencia de no poder resolver el asunto y el disgusto que se llevó».

Agradecimiento

En este sentido, agradecen el trato y el trabajo realizado por las empleadas del Juzgado de Paz, «se portaron excelentemente con nosotros y en todo momento preocupadas por nuestra situación». También están «muy agradecidos» con la jueza de El Astillero, porque «vino (a Maliaño) y solucionó la papeleta». De la titular de Camargo no han tenido noticias, nadie les ha dado explicaciones o les ha pedido disculpas oficialmente por su incomparecencia del día de su boda.

Gonzalo y María explican que a ellos el retraso no les perjudicó demasiado en cuanto al restaurante, ya que tenían reservada la celebración a las 15.30 horas, pero les molestó hacer esperar a sus familias fuera del Juzgado.

Fuente: eldiariomontanes.es

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El Gobierno navarro y el Ministerio de Justicia firmarán un convenio dotado con casi un millón de euros

El Gobierno de Navarra ha aprobado el convenio de colaboración que firmarán próximamente el departamento de Presidencia, Justicia e Interior, el Ministerio de Justicia y la entidad pública empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la Administración de Justicia en la Comunidad.


En la ejecución de este programa se invertirá un total de 992.006 euros hasta 2012, que aportarán al 50 por ciento el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Justicia, según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Relaciones Institucionales y portavoz del Gobierno, Alberto Catalán.

Este convenio desarrollará otro ya suscrito el pasado 20 de abril por el que se creaba el programa Ius+reD, que tenía por objeto sumar esfuerzos en el proceso de modernización del Registro Civil e impulsar el desarrollo de los nuevos sistemas de información y comunicaciones que se derivan de la implantación de la nueva oficina judicial.

Las actuaciones concretas que se desprenden del convenio suponen una serie de mejoras tecnológicas para avanzar en la agilización de trámites, interoperabilidad entre sistemas, grabación de vistas y videoconferencias, sistemas estadísticos, gestión.

Concretamente, se desarrollará un nuevo sistema de grabación de la sala de vistas; se procederá a la agilización de los trámites de intercambio de exhortos; se creará un servicio web de denuncias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad; se adquirirán equipos de videoconferencia para salas de vistas y se desarrollará una nueva aplicación informática para la tramitación de la justicia gratuita.

Fuente: 20minutos.es

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Cáceres: El IML puede irse del Palacio de Justicia a un nuevo edificio

En la última memoria del Instituto de Medicina Legal de Cáceres se señala que se están haciendo gestiones con los responsables del Ministerio de Justicia, para que en un futuro este Instituto tenga un edificio propio. «A lo largo de 2010 - se indica en la Memoria -, mantendremos diferentes reuniones de cara a concretar la cesión de suelo, que posibilite la posterior toma de decisiones por parte del Ministerio».


Una realidad que ayuda a apoyar la necesidad de levantar un edificio para este Instituto, es que actualmente se encuentra en una zona de la planta baja del Palacio de Justicia, un Palacio que se abrió en el año 2000 y que en la actualidad ya se ha quedado pequeño, como se ha visto al instalar el nuevo Juzgado de lo Penal.

En el caso de que se vaya el Instituto de Medicina Legal habrá sitio, posiblemente, para dos nuevos juzgados.

En la actualidad el Instituto de Medicina Legal tiene dos dependencias: en el Palacio de Justicia y en el cementerio; cuando lo normal es que todos los servicios estén agrupados en un mismo lugar. Además los forenses de Cáceres están proyectando un Laboratorio de Histopatología, en donde estudiar los órganos, los tejidos y las células.

Se da la circunstancia de que el pasado 4 de mayo el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha inaugurado el Instituto de Medicina Legal de Badajoz, un proyecto en el que su departamento ha invertido cinco millones de euros. El centro, de diseño moderno y funcional, tiene una superficie construida de 2.358 metros cuadrados, en una parcela de 3.140 metros cedida por la Universidad de Extremadura.

Fuente: hoy.es

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Camargo: El Juzgado de Paz ya dispone de nuevo equipamiento informático

El Juzgado de Paz de Camargo, que soporta una intensa actividad por ser el más importante de Cantabria en cuanto al número de habitantes, dispone de nuevo equipamiento informático, que ha sido facilitado por el Ayuntamiento de Camargo, que también ha realizado tareas de pintura y ha instalado una mesa amplia con ala en el despacho principal, que a su vez es sala de juntas y acoge tanto la celebración de matrimonios como el desarrollo de los juicios de faltas.


De esta manera, se cumple el compromiso que el alcalde, Ángel Duque, adquirió con el presidente del cuerpo de Jueces de Paz, Feliciano Vega, y la nueva jueza de paz, Carmen Sánchez, tras la toma de posesión de esta última.

En este encuentro, Vega y Sánchez informaron al regidor de la precaria situación en que se encuentra el Juzgado de Paz, tanto de espacio como de equipamientos, pese al importante volumen de trabajo que tiene, y aún conscientes de que es competencia de la Consejería de Justicia del Gobierno de Cantabria, pidieron a Duque su colaboración para la modernización del juzgado camargués.

El alcalde se comprometió a proporcionar un ordenador en tanto se produce la informatización anunciada por Justicia, así como una mesa más amplia para la sala de juntas.

El Ayuntamiento ya ha informado sobre los problemas de espacio que sufre el Juzgado de Paz, y la necesidad de trasladar estas dependencias a una nueva ubicación. La actividad del juzgado ha crecido de forma intensa en los últimos años al tiempo que se ha incrementado la población de Camargo.

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Baleares: Retrasan el traspaso de Justicia por la rebaja salarial de los funcionarios

Las negociaciones para el traspaso, desde el Gobierno central al Govern balear, de las competencias de Justicia permanecen actualmente encalladas después de que la rebaja de sueldo de los funcionarios haya hecho que el Ministerio se replantee subir el coste efectivo de la transferencia, para el que la última cifra que se manejaba eran unos 58 millones de euros.


La consellera de Interior, Justicia e Innovación, Pilar Costa, explicó que en los últimos meses las negociaciones en el aspecto económico habían avanzado y se había conseguido incrementar algo más de «un 10 por ciento» el coste del traspaso, que inicialmente, hace un par de años, se fijó en unos 52 millones de euros y que había aumentado hasta los 58, último dato con el que trabajaban, pero que no estaba cerrado.

Sin embargo, a raíz del recorte del sueldo de todos los funcionarios decretada por el Gobierno, el proceso se «ralentizó». «Estamos en un punto muerto porque estamos negociando la bajada del sueldo de los funcionarios para que no se nos rebaje esa cantidad», explicó Costa.

Al parecer, el Ministerio cree que no habría que subir la cuantía económica si el salario de los empleados ha disminuido y, por tanto, la Administración autonómica vería reducido también lo que le costaría pagar los sueldos, indicó la consellera, quien puntualizó que Justicia aún no les ha comunicado esto «formalmente».

Rechazan la rebaja del coste

«Pero nosotros defendemos que no [debe ser así] porque al final, una vez que traspasen las competencias de Justicia, los funcionarios querrán que se les equipare el sueldo a los del resto de la Comunitat y en muchos casos será más elevado», dijo Costa, que añadió: «Lo que tenemos claro es que no aceptaremos las competencias si no tenemos garantizado un mínimo económico para poder ejercerlas bien».

El otro punto clave de la negociación son las infraestructuras que quedan pendientes en todo Baleares, entre ellas el nuevo edificio de los juzgados de Ibiza, que deberá construirse en la antigua Sa Graduada.

Según Costa, por una parte esta cuestión está cerrada en el sentido de que el Ministerio de Justicia tiene ya un presupuesto fijado para comenzar los trabajos. Pero no se podrá poner en marcha hasta que el Gobierno disponga del solar.

En este sentido, la consellera indicó que el tema del suelo está pendiente de la permuta que hay que hacer entre el Ayuntamiento de Ibiza y el Ministerio de Economía y Hacienda, y que afecta al solar donde se ubica Sa Graduada y al que ocupan los actuales juzgados, en la avenida de Isidor Macabich.

Al parecer, ambos terrenos no tienen el mismo valor y ha habido que determinar el de cada uno para poder ejecutar la permuta. «Y en esas estamos», indicó Costa, que puntualizó que no cree que sea mucha la diferencia. «Me parece que el que más valor tenía era el de Sa Graduada», apostilló.

«Me consta que desde el Ayuntamiento se ha hecho todo lo posible y más para que se aceleren los trámites», afirmó la responsable de Justicia, quien añadió que Vila incluso ha aceptado hacer la permuta sin compensación alguna aunque el solar que cede sea el que más valor tiene «para agilizar el proceso al máximo posible».

Enviada la documentación

Por su parte, un portavoz del Consistorio de Ibiza explicó que ellos están a la espera de obtener respuesta de los técnicos del Ministerio sobre la última documentación que les enviaron.

A este respecto, explicó que después de que saliera la sentencia que retiraba la declaración de Bien Catalogado a Sa Graduada, se envió a Madrid toda la documentación de la nueva situación urbanística del terreno y la declaración de edificabilidad que habían pedido, pues ya el edificio se puede echar abajo.

«En estos momentos los técnicos están en fase de valoración de los terrenos a efectos de patrimonio y de saber cuánto vale cada uno para hacer las permutas», indicaron desde el Ayuntamiento.

Con todo ello, la consellera de Justicia señaló que en septiembre retomarán de nuevo las negociaciones con el Ministerio para ver si se «desencalla» ya todo el proceso.

Fuente: diariodeibiza.es

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Santiago de Compostela: La imprevisión aboca a pagar alquileres para abrir juzgados

Hoy completamente saturada y sin posibilidad de crecimiento alguno, la sede de los tribunales compostelanos, en el barrio de Fontiñas, comenzó a quedarse pequeña ya a los cuatro años de abrir, en 1999, cuando hubo de ser ampliada. Aquella imprevisión administrativa la va a pagar ahora el erario autonómico. Y por partida doble: a medio plazo, financiando la construcción de un segundo recinto complementario del viejo y, a corto, costeando el alquiler de un inmueble donde montar transitoriamente el futuro Juzgado de lo Social número 3 de Santiago, cuya necesaria constitución aprobó el Consejo de Ministros en su reunión ordinaria del pasado 25 de junio.


A través de una resolución difundida el pasado miércoles vía Diario Oficial de Galicia, la Secretaría Xeral e do Patrimonio de la Consellería de Facenda, a instancias de la de Presidencia, acaba de autorizar el arrendamiento de las plantas baja y primera de un edificio en la confluencia de la calle Londres con la Raxeira para alojar allí el nuevo órgano, «consonte ás necesidades do servizo a satisfacer [...] e pola proximidade coas dependencias de Fontiñas». Se trata de un bloque que actualmente ocupa la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), la cual se trasladará en semanas a un vecino emplazamiento, el 25-27 de la rúa Roma, donde convivirá con la Policía Autonómica.

Según fuentes oficiales, durante todo el tiempo que el juzgado permanezca en esa propiedad, la Xunta deberá abonar mensualmente al dueño de la misma 7.443 euros, si bien el desembolso de dicha cantidad le dará derecho a utilizar también los pisos segundo y bajocubierta de la casa, dentro de los cuales planea recolocar la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa. De modo que, aproximadamente, la tercera sala de lo social de Santiago saldrá a las arcas públicas por unos 44.658 euros al año solo en concepto de alquiler de espacio.

¿Y cuándo entrará en funcionamiento? «Con exactitud, la fecha -explicó una portavoz de Presidencia- aún no se sabe, pero se supone que será a partir de septiembre, tras la pertinente comunicación ministerial». No obstante, consultado al respecto, el decano de los abogados de la zona, Evaristo Nogueira, afirmó: «Estaba programado que fuera de diciembre del 2010 a enero del 2011 y, al menos hasta ahora, nosotros no tenemos conocimiento de que haya habido cambios en ese calendario».

Tampoco existe una certeza absoluta acerca del momento en que el citado servicio podrá cambiar ese domicilio provisorio que le han buscado por el definitivo que tendrá dentro del segundo palacio de justicia santiagués. La mudanza no debería de demorarse mucho más allá de principios del 2013, pues Presidencia encomendó a FCC que construyera el citado complejo por 3,06 millones de euros y con un plazo máximo de obra de cinco trimestres a contar desde el avance de un trámite burocrático (firma del acta de replanteo del proyecto) que, por normativa, necesariamente quedará liquidado antes de morir el verano en curso. En su interior cabrán seis juzgados y tres salas de vistas.

Fuente: lavozdegalicia.es

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Maltratando a la Ley

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Honduras: Juez en investigación por comprar arma sin documentos

En un informe de investigación realizada por la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales de la Corte Suprema de Justicia, se revela que un juez está en objeto de investigación por haber comprado un arma sin tener documentos de la misma. El juez encausado es Donaldo Calero Rodríguez de 58 años, Juez de Letras Seccional de Yuscarán, El Paraíso. La intervención en el caso del juez comenzó luego que una ciudadana lo denunciara por supuestos actos de lujuria y amenazas, según informe de la Jefatura policial en Ojo de Agua.


El pasado 30 de marzo se presentó a la Posta Policial de Ojo de Agua una señora quien presentó una denuncia de manera verbal. La mujer dijo que en un bus de la ruta interurbana que se conducía de Tegucigalpa hacia Trojes fue acosada y amenazada por un hombre que iba en el asiento a la par de ella.

La denunciante aseguró a los policías que el individuo le decía dentro del bus "venite para acá mamacita", mostrándole el arma de fuego.

Recibida la denuncia los agentes se trasladaron hacia el desvío a Yuscarán, donde se bajó el juez, según la muchacha. Los policías encontraron al juez y lo requirieron para un registro personal, decomisándole un arma de fuego y lo llevaron detenido a la posta policial de Ojo de Agua.

Al momento en que llevaron al sospechoso a la posta ya se encontraba el subcomisionado de Policía Gustavo Adolfo Fajardo a quien le reportaron lo sucedido.

Ante la novedad presentada por el suboficial III de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dnic), Luis Armando Torres, (asesinado el 28 de abril, cuando pretendía capturar a unos supuestos mareros), Fajardo supuestamente ordenó al alto oficial decomisar el arma de fuego y dejar ir al detenido. Según el informe de Torres, esto sucedió mientras el juez, la denunciante y el subcomisionado se ponían de acuerdo, ya que la muchacha no quiso proceder formalmente contra el denunciado.

El arma decomisada fue remitida a la jefatura departamental, con sede en Danlí.

En el informe enviado a la abogada Zunilda Suazo Mejía, inspectora General de Juzgados y Tribunales especifica en las conclusiones: "De la investigación iniciada de oficio contra el juez de Letras de Yuscarán, abogado Donaldo Calero Rodríguez, se ha obtenido información suficiente para proseguir con la misma por los inspectores de Tribunales de la ciudad de Tegucigalpa. Una vez que la investigación fue continuada por la Inspectoría General se prosiguió a tomar declaraciones del Juez Donaldo Calero y del subcomisionado Fajardo.

Habla Calero

En relación al arma que se le decomisó aseguró que "me vi en la imperiosa necesidad de conseguir un arma en virtud de que mi hija (se omite el nombre por razones de seguridad) fue objeto de secuestro en el mes de marzo y también la han seguido en moto".

La semana pasada, prosigue el juez, a la joven se le acercó un vendedor, quien la mencionó de nombre y le envió saludes a su papá.

El 30 de marzo (martes santo), Calero dice que se encontraba de turno y para dirigirse a su lugar de trabajo abordó un bus rapidito, donde aprovechó para leer el periódico.

El juez afirmó que ahí platicó con la mujer pero sobre los altos índices de criminalidad, incluso se identificó como juez.

Asegura que la joven le preguntó si andaba armado y le contestó que sí y se la mostró.

"Le mostré el arma que estaba debajo del periódico, entre mis piernas, yo nunca toqué el arma, hasta que me bajé en el desvío a Yuscarán para esperar el bus que me trasladara a los Juzgados".

Al lugar llegaron los agentes, quienes lo requirieron para el registro personal encontrándole el arma y trasladándolo a la posta de Ojo de Agua.

En la estación policial, el juez afirma que preguntó cuál era el motivo de la detención y estos le contestaron que una mujer lo había denunciado por amenazas a muerte, a lo que él respondió que deseaba encararla.

"La trajeron y yo le pregunté frente al Comisionado de Danlí que si la había amenazado y ella dijo que no".

"Después dijo que yo la había tocado y yo le dije que en todo caso sería cuando le dio vuelta a la página del periódico; pero si te toqué yo ya estoy muy viejo para andar en esas cosas y si lo hice fue sin intención y discúlpame pero para que resolvamos este asunto interponé la denuncia y ella dijo que no y se fue", relató el juez. Según Calero, por no haber denuncia formal, el comisionado lo dejó en libertad y solo quedó el arma decomisada por no portar documentos de propiedad.

El arma, según el informe, es tipo pistola, marca Armscor, calibre 9 mm, serie A855922, con un cargador y siete proyectiles.

Se asegura que el juez tenía conocimiento pleno que "la misma no tenía los documentos de propiedad respectivos y por ende no se encontraba registrada en el Registro de Armas correspondiente".

La inspectora general, Zunilda Suazo Mejía ordenó que se remitiera copia del informe de investigación junto a la copia del expediente a la Dirección de Administración de Personal de la Carrera judicial.

Además se ordenó el envío de otra copia al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Se violó la ley de control de armas de fuego

El juez violentó el artículo 28 de la Ley de Control de Armas de Fuego el cual establece: "No necesitarán licencia para portar armas de fuego los diputados, jueces, magistrados, fiscales, miembros del cuerpo diplomático y todos los restantes funcionarios que disfruten de inmunidad por mandato constitucional, sin embargo, sus armas deberán estar registradas y sujetas a la prueba de balística.

Respecto a la denuncia verbal se investiga si incumplió el artículo 44 de la Ley de la Carrera Judicial y el Código de Ética para Funcionarios y Empleados Judiciales, porque en su condición de juez debió comportarse de manera que no pusiera en duda su honorabilidad.

Fuente: elheraldo.hn

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Perú: Ministro sugiere una cárcel en mitad de la selva para delincuentes reincidentes

El ministro peruano de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, dijo estar a favor de reabrir una prisión en medio de la selva para delincuentes reincidentes, como una medida extrema para combatir la inseguridad ciudadana en el país. "Quizá es hora de pensar en medidas más extremas como la cadena perpetua o tal vez en medidas más reeducadoras como el penal El Sepa que se pensaba en algún momento replantear en alguna zona de la selva y que seguramente el Ministerio de Justicia sigue evaluando", dijo Cornejo.


El ministro acogió de esa forma las palabras del presidente peruano, Alan García, que el lunes indicó que el Congreso debería establecer que "cuando hay dos delitos graves (se aplique) la cadena perpetua automática. Punto, y ya no salen: se irán al medio de la selva" a continuar su condena.

Los constantes atracos de bandas de asaltantes en las carreteras y zonas comerciales han generado una ola de críticas contra el Gobierno y la policía peruana por la insuficiencia de medidas de protección y sanciones severas para los delincuentes.

El aludido penal de El Sepa fue creado en 1951, en una inhóspita región selvática entre las regiones de Madre de Dios y Cuzco, para resocializar a sentenciados por delincuencia agravada, pero también fue centro de reclusión de políticos, motivo por el cual fue cerrado definitivamente en los años 90.

Cornejo indicó que lo que se busca es un cambio de conducta en los delincuentes porque "los miembros de estas bandas organizadas, y tan salvajes en su accionar, casi todos son personas que han sido sentenciadas, han entrado y salido varias veces del penal".

El mandatario peruano también declaró ser partidario de "cortar la cabeza a 50 violadores", pues "hay ciertos crímenes que deben ser castigados con la vida", terciando así en el debate sobre la pena de muerte que existe en el país.

El Grupo Fujimorista en el Congreso presentó un proyecto de ley para aplicar la pena capital a los delitos que tengan a los niños como víctimas, que se sumaría al delito de traición a la patria que ya merece actualmente la pena máxima aunque hace muchos años que no es aplicada.

Fuente: EPA

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