Granada: Los funcionarios judiciales iniciaron sus protestas a las puertas del TSJA

Los funcionarios judiciales comenzaron el pasado miércoles en Granada, a las puertas de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las concentraciones en protesta por el recorte del cinco por ciento de sus sueldos anunciado por el Gobierno. Un total de 150 trabajadores, el 50% de la plantilla de los juzgados ubicados en Plaza Nueva, han dicho no al recorte salarial "porque la crisis siempre la pagan los mismos", señaló el representante del STAJ, Nicolás Juan Núñez.


"Nosotros hemos aguantado estoicamente muchos años las congelaciones salariales y nunca nos hubiéramos esperado un recorte de este calibre, que supondrá hasta 200 euros mensuales menos a los funcionarios de justicia, que cobran actualmente entre 1.100 y 1.600 euros", indicó Núñez, que acudió a la concentración de 20 minutos convocada por STAJ y por Spj-Uso.

En un manifiesto sindical denuncian que "el mayor recorte del gasto social de la historia democrática" supondrá una fuerte pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas y funcionarios, y se quejan de que el Gobierno "haya utilizado la tijera en la parte más débil del sector público".

En la provincia granadina trabajan un total de 1.100 funcionarios judiciales en las áreas de auxilio, tramitación y gestión. Las próximas concentraciones están convocadas por los dos sindicatos el próximo 1 de junio en los juzgados de la Caleta y el 2 en los juzgados de Motril, hasta el 8 de junio, el paro general de funcionarios al que también se sumarán los judiciales.

Fuente: granadahoy.com

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Badajoz: La secretaria de Instancia nº 3 rechaza quitar un cartel que alude a Zapatero

Menudo hijo de la grandísima puta.... El, la Pajín, el Pepinho y toda esa panda de chupocteros (sic) desgraciados... hala!!!!! A votarlos en las próximas elecciones... su pu... madre!!!!". Las frases están extraídas de un cartel colgado en la puerta de uno de los despachos del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Badajoz. Estos insultos han motivado la presentación de una queja ante la Unidad de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una vez que la secretaria de este juzgado ha rechazado retirar el escrito e, incluso, se ha negado a admitir un escrito de queja.


Aunque el texto no cita explícitamente a Zapatero, es obvio la alusión, puesto que la foto del presidente es la que aparece en el cartel.

La protesta contra esta secretaria judicial la presentó el pasado viernes --hasta entonces, al menos, el cartel aún seguía colgado-- el abogado Felipe Martín Romero, quien tras ver este pasquín el día anterior se dirigió a los funcionarios del juzgado "para trasladarle como ciudadano que, en mi opinión, dejaran o pusieran allí lo que estimen oportuno sobre el recorte salarial a los empleados públicos, yo también lo soy, pero que al menos retiraran el escrito con los insultos". Los funcionarios, señala, rehusaron hacerlo a menos que alguien se lo ordenase.

Posteriormente, Felipe Martín mantuvo una conversación con la secretaria de este juzgado en la que "me vino a decir que si allí estaba el cartel era bajo su autorización, y que hasta que una autoridad superior a ella no se lo dijera, no lo retiraba". Entonces, el abogado le solicitó que se quedara con un escrito de protesta y le sellara una copia como entregada, algo a lo que, asegura, se negó rotundamente. "Entonces le pregunté que si también opinaba que el señor presidente del Gobierno es un hijo de la grandísima puta, a lo que me contestó que si lo ponía el cartel, y allí estaba, obviamente es que pensaba eso", afirma Martín, que añade que la secretaria también le invitó a que le denunciase en la Delegación del Gobierno.

Tampoco el juez dio orden de retirar el escrito. "Me dió a entender, sin aseverarlo, que él no compartía el contenido del mismo, pero que se atenía a que todos los escritos que se ponían en el juzgado, y más desde la entrada en vigor de la nueva oficina o planta judicial, con las nuevas competencias que tienen los secretarios, ella --la secretaria-- era la responsable de lo que se ponía o no en los tablones de anuncios o en las puertas".

La queja presentada ante el CGPJ se centra, por un lado, en la negativa a retirar un cartel colgado en un organismo público que "insulta gravemente al presidente del Gobierno y a otras autoridades". Por otro, en la no admisión del escrito de queja.

Fuente: elperiodicoextremadura.com

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Ciudad Real: Que se paralice la nueva oficina judicial

Convocados por el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), el único en Ciudad Real que en estos momentos sienta a una representante, Carmen Romero, en la mesa nacional en la que se negocia con el Ministerio de Justicia la implantación del nuevo modelo, funcionarios de justicia se concentraron este miércoles día 26 ante los nuevos juzgados para exigir la paralización de la implantación de la nueva oficina judicial, si es que, como se temen, los recortes presupuestarios del Gobierno van a afectar a este proyecto pionero.


Los funcionarios protestaron para presionar al ministro, Francisco Caamaño, a que acuda a la próxima reunión de esta mesa de diálogo y aclare si habrá o no presupuesto para implantar la oficina judicial, no ya este año, sino hasta 2013 tal y como estaba previsto en un principio.

Las concentraciones se produjeron en las ocho capitales piloto del proyecto y aunque se vieron banderas de STAJ y Csif “en Ciudad Real han bajado sobre todo funcionarios, no delegados sindicales” , explica Romero, coordinara regional de STAJ.

Fuente: lanzadigital.com

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Urquía, el exilio de otro "juez maldito"

El juez de Marbella Francisco Javier de Urquía, condenado por el TSJA por cohecho, ya no quiere ser juez. Dicen sus amigos que Paco ha tirado la toalla. En la sala del tribunal que le juzga anunciaba que "no tengo intención de regresar a la judicatura". Al magistrado ya no le brillan los ojos como antes. Ahora su mirada es lánguida, casi de derrota, como la de aquellos que han perdido su alma en el camino.


Urquía espera impaciente la resolución del ‘Caso Puente Romano’, que se ha visto en los tribunales granadinos. El fiscal le acusa de participar, junto a dos amigos, en una trama pergeñada para sacar ocho millones de euros al dueño de dicho hotel, David Shamoon, imputado en el 'caso Hidalgo', cuando él instruía la causa desde el Juzgado de Instrucción Numero 2 de Marbella.

En estas horas difíciles de espera, Urquía se enfrenta a una petición del Ministerio Público de dos años de prisión, multas que suman 8.096.000 euros y 30 años de inhabilitación para el cargo de juez.

Según se ha podido saber de fuentes de la investigación, cuando fue imputado por su colega de juzgado Miguel Ángel Torres, en la pieza separada del ‘Caso Malaya’, Francisco Urquía viajó el 2 de julio del 2007 a la Haya para conseguir una situación similar a la que ahora disfrutará el juez Garzón, si le apartaban de sus funciones judiciales. Finalmente, el plan se truncó.

Cuando le inhabilitó el TSJA, intentó regresar pidiendo su plaza al CGPJ. Pero el Pleno del Consejo General del Poder Judicial rechazó el recurso interpuesto por el magistrado contra el acuerdo del órgano de gobierno de los jueces. El caso es que Urquía había cobrado 73.800 euros del ex asesor urbanístico de Marbella, Juan Antonio Roca, a cambio de prohibir un programa sobre su patrimonio y eso era algo que no le perdonan los jueces. Luego Roca le acusó de haber aceptado sus favores, en concreto, dinero para la compra de su casa.

Aun así, él sigue defendiéndose. Urquía no para de repetir ante sus colegas que “todo lo que está pasando es un montaje de los acusados de Hidalgo para desacreditar la operación”. Niega por activa y por pasiva haber dado ninguna información sobre el sumario de Hidalgo a los que entonces eran sus amigos Igor Mier y Arnaud Fabrice Albouhair para que extorsionaran al empresario hotelero David Shamoon.

Los ‘amigos de Paco’, a los que Urquía llamaba sus ‘hermanos de Marbella’, ahora le han traicionado. Primero Arnaud, que instó a Roca a que declara en contra del juez afirmando que le había comprado una casa; y después Mier, desprestigiando su nombre. Urquía así lo dejo ver ante el tribunal. Destacó que desconocía las "rocambolescas" gestiones que supuestamente estaba realizando Mier ante Shamoon, imputado en la causa por blanqueo.

Este se jactaba de tener acceso al instructor. Incluso para verificar su testimonio se oyeron en las grabaciones de la sala cómo le dijo a Daniel, hijo de Shamoon: “¿A que tu padre se desmayó cuando declaró como imputado ante el juez Urquía? Si arregláis esto, te garantizo que en Marbella no tendrás nunca ningún problema judicial. Lo que entra en el juzgado yo lo controlo". Shamoon padre adujo que “no podía creer que un juez pudiera pedir dinero, pensé que sería otra persona que trataba de aprovecharse”.

De abogado en Alicante

El ex juez, que ya no quiere ser juez, ejerce ahora la abogacía en Alicante. En la costa blanca vive con su padre Faustino de Urquía, presidente durante una década de la Audiencia Provincial de Alicante. Allí ha cambiado sus noches en Olivia Valere por paseitos por la explanada. Su progenitor siempre creyó en la inocencia de su hijo. En plena guerra mediática tildó de "kafkaiana" la situación que vivía y le defendió a la grande calificando de "un disparate" hablar de la amistad entre Roca y su vástago.

Urquía llevaba ocho años ejerciendo de juez cuando le inhabilitaron. Llegó a Marbella tras pasar por los juzgados de Elche, Vélez y Talavera de la Reina. Al igual que otros jueces de Marbella, instruyó casos por delitos urbanísticos en los que figuraban Julián Muñoz, Juan Antonio Roca y la ex alcaldesa Marisol Yagüe como imputados. Ahora el juez trabaja codo con codo al lado de su familia. Es el mayor de una prole dedicada a la abogacía, donde su hermano también ejerce como letrado.

Fuente: elconfidencial.com

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El Gobierno bajará todos los sueldos y los complementos salariales a los funcionarios

Con nocturnidad y alevosía. Así ha aprobado el Consejo de Ministros el plan con el que Zapatero quiere contener el gasto público en 15.000 millones durante dos años. Se castiga a funcionarios, pensionistas y dependientes. Los más perjudicados por el nuevo real decreto ley serán los funcionarios que reciban una parte mayor de sus ingresos en variable. Dentro de este colectivo destacan los miembros de la Administración de Justicia, Sanidad y de las Fuerzas de Seguridad del Estado.


A las 21:00 horas de ayer han comparecido María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado con caras de visible cansancio, casi sin voz. En la comparecencia conjunta, tanto De la Vega como Salgado han pedido "un esfuerzo colectivo y equitativo" a los ciudadanos para ajustarse el cinturón. Según dijeron, el objetivo de las medidas es acelerar el proceso de consolidación fiscal y reducir el déficit. No mencionaron que el ajuste ha sido impuesto por Bruselas y EEUU ante el despilfarro del Gobierno socialista.

De la Vega apuntó que la reducción el sueldo de los funcionarios "se hará efectiva desde el 1 de junio", excluyendo la paga extraordinaria y afectará de forma progresiva. Los porcentajes oscilarán del 0,56% al 7% "dependiendo del grupo y en función del nivel". En el caso del personal laboral, la media será del 5%.

La vicepresidenta económica anunció que la rebaja salarial también afectará a los empleados públicos de comunidades autónomas y ayuntamientos aunque los gobiernos regionales tendrán margen para variar el recorte propuesto por el Gobierno. En todo caso, la rebaja de los sueldos se repartirá en las pagas extraordinarias y las nóminas de los empleados a partir de julio.

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de medidas de ajuste del déficit, que incluye un recorte de las retribuciones de los funcionarios del 5% de media y la congelación de las pensiones, salvo las mínimas y las no contributivas.

El Gobierno espera que este paquete de medidas sirva para reducir el gasto público en 5.250 millones en 2010 y en 10.000 millones el próximo año, lo que supone 1,5 puntos del PIB y debería permitir acelerar así la senda de consolidación fiscal, como ha demandado Bruselas, con la vista puesta en volver a un déficit del 3% en 2013.

Las medidas del Gobierno incluyen también la eliminación de las prestación por nacimiento de 2.500 euros (cheque-bebé) a partir de 2011, el recorte de los salarios de los miembros del Gobierno en un 15% y la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial que se aprobó en 2007, entre otros recortes.

Fuente: Libertad Digital , expansion.com

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El CGPJ decide por unanimidad suspender a Garzón

El Pleno del CGPJ ha decidido por unanimidad suspender a Garzón como juez de la Audiencia Nacional después de que el Tribunal Supremo haya abierto juicio oral contra él por presunta prevaricación en la causa general contra el franquismo. Garzon salió llorando de la Audiencia Nacional.



El gobierno de los jueces ha suspendido de sus funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El motivo es que el pasado miércoles dia 12 el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela dictó el auto de apertura de juicio oral del juez estrella y la ley obliga al poder judicial a suspender en este caso al magistrado.

Sin embargo, aunque Garzón ha tenido que abandonar este mediodía su juzgado, hasta que el Alto Tribunal lo siente en el baquillo y haya sentencia firme, puede que el poder judicial haga una excepción con él.

El presidente del CGPJ, Carlos Dívar, ha convocado de urgencia para las 18:00 horas a la Comisión Permanente para estudiar la solicitud de declaración de servicios especiales presentada por Garzón para trasladarse al Tribunal Penal Internacional (TPI) como consultor externo de la Fiscalía de este órgano.

Así lo ha anunciado la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, al término del pleno extraordinario que se ha prolongado durante cerca de 3 horas, en el que los 17 vocales más el presidente han acordado suspender a Garzón en cumplimiento de los artículos 383.1 y 384 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El pleno ha entendido, según Bravo, que la suspensión viene determinada por el auto del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela por el que abre juicio oral al juez de la Audiencia Nacional.

Suspendido hasta que haya sentencia

La portavoz ha explicado que a Garzón se le ha comunicado por teléfono esta decisión y que quedará suspendido en cuanto se le notifique la resolución y su fundamentación jurídica, que se redactará "lo antes posible". Preguntada por el plazo que puede tener esta suspensión cautelar, Bravo ha señalado que se prolongará "durante todo el tiempo que dure el procedimiento y hasta que se dicte sentencia".

Respecto a si la ley permite a un juez suspendido concederle un permiso para trasladarse a un órgano como el TPI, la portavoz ha indicado que precisamente es esta cuestión la que estudiará y resolverá la Comisión Permanente. Fuentes consultadas aseguran a este diario que no es posible ya que un magistrado puede estar en activo, en excendencia, suspendido o en comisión de servicios especiales, pero cualquiera de estas situaciones administrativas son incompatibles entre sí.

Esta Comisión está integrada por los vocales progresistas Margarita Robles y Almudena Lastra, los del sector conservador Antonio Dorado y Manuel Almenar más el presidente, Carlos Dívar.

En la reunión verán los informes que fueron solicitados por el órgano de gobierno de los jueces a la Fiscalía del TPI, al Ministerio de Asuntos Exteriores y a los servicios de inspección y personal del propio CGPJ. También estudiarán un escrito que remitió ayer al Consejo el juez de la Audiencia Nacional en el que le recuerda que está pendiente de resolverse en el Tribunal Supremo el auto de Varela en el que anticipaba su decisión de sentarle en el banquillo.

Además, esta mañana ha entrado en el registro del CGPJ un escrito del fiscal jefe del TPI, Luis Moreno Ocampo, en el que aclara las condiciones de trabajo y de contratación a Garzón, y otro del abogado del juez en esta causa, Gonzalo Martínez-Fresneda, en el que comunica que ha presentado un recurso pidiendo la nulidad del auto de apertura del juicio oral.

La carta de Moreno Ocampo explica que la contratación de Garzón sería por 7 meses y busca que aporte su experiencia en el ámbito de la investigación de crímenes contra la Humanidad respecto a varios países.

Preguntada por si no teme por el prestigio de la Justicia en España por el hecho de que este procedimiento se iniciara por querellas de formaciones de la ultraderecha, Bravo ha expresado el respeto del CGPJ a las discrepancias y la dimensión mediática que ha provocado este asunto.

"En España tenemos un sistema judicial garantista y tenemos unos jueces constitucionales que desde su independencia y su responsabilidad aplican las leyes", ha explicado la portavoz, que ha recordado que en los 30 años de democracia el Tribunal Supremo ha dado "muestras evidentes" de que ha actuado siempre conforme a Derecho.

Rechazada la recusación de Gallego

El pleno, antes de abordar la suspensión, ha rechazado la recusación de la vocal Gema Gallego que había sido planteada por Garzón y ha aceptado que José Manuel Gómez Benítez se abstuviera por haber ejercido como abogado del titular del Juzgado central de Instrucción número 5.

En el pleno tampoco han intervenido ni el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa, ni la vocal Margarita Robles porque se apartaron de este asunto tras conocer que el juez de la Audiencia Nacional les había recusado.

Durante la celebración del pleno extraordinario, un grupo de familiares de víctimas del franquismo se ha concentrado frente a las puertas del CGPJ en apoyo del magistrado, portando una bandera republicana y pancartas en las que se criticaba la decisión de Varela. Entre ellos, se encontraba la abogada Cristina Almeida para quien la suspensión de Garzón es "una canallada" cuando hay varios recursos pendientes de ser resueltos en el Supremo.

Fuente: Libertad Digital

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El nuevo sistema informático colapsa el trabajo en los juzgados coruñeses

"Lo habrán puesto para que vaya más lenta la justicia", bromea uno de los funcionarios del Juzgado de Instrucción número 4 mientras comenta con sus compañeros las deficiencias del Minerva, el nuevo sistema informático que se puso en marcha en los juzgados coruñeses. Los trabajadores del edificio de Nuevos Juzgados, así como los de la Fiscalía de Menores, situada en la Audiencia Provincial, criticaban el sistema.


"Funciona fatal. No sabemos ni qué hacer. No podemos sacar documentos porque no coinciden los códigos, nos pone que son inexistentes. Nos provoca un enorme retraso en el trabajo. Llevamos toda la mañana para hacer sólo un par de cosas", admite una de las funcionarias del Juzgado de lo Penal número 2 de La Coruña. La mujer cuenta que el lunes ya no pudieron trabajar con los ordenadores porque los técnicos estuvieron volcando documentos en el sistema, que es una nueva versión del programa que se utilizaba habitualmente para la gestión de los procedimientos judiciales.

Los afectados, además del caos en los archivos, critican la lentitud del sistema. "Los ordenadores van lentos porque son antiguos y se quedan colgados", dice uno de los funcionarios de Penal 2. "¡Llevo diez minutos para buscar un nombre!", exclama uno de los trabajadores de Instrucción 4 nada más preguntarle sobre el programa. "¡Con eso ya digo todo!", añade. Una de sus compañeras cuenta que el Minerva provoca que en los documentos judiciales aparezca la fecha donde tenía que estar el nombre del juez. "De todas formas hay que darles un margen de confianza", dicen los afectados de Instrucción 4. Los trabajadores menos críticos con el nuevo sistema son los de Instancia 8. "No es ninguna catástrofe. Es normal que haya errores porque es un sistema nuevo", señala una de las funcionarias de este juzgado.

Mientras la mayoría de los trabajadores se quejaba una y otra vez a sus compañeros, algunos denunciaban la situación ante la Xunta. "Llamamos a Santiago para ver si hacen algo", dice uno de los perjudicados.

Fuente: laopinioncoruña.es

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Cataluña: STAJ y otros sindicatos dan comienzo a las movilizaciones

Los sindicatos STAJ, CSIF, UGT y CCOO se han puesto de acuerdo para comenzar a partir de hoy miércoles un calendario de movilizaciones contra la «gestión y política de personal» de la Conselleria de Justicia que lidera Montserrat Tura. Hoy tendrá lugar una asamblea y concentración ante la escalinata del Palau de Justicia, en Barcelona, y una manifestación; el 20 de mayo se ha convocado un paro parcial de una hora, una concentración en el Palau de Justicia y una posterior manifestación y, el 3 de junio, una jornada de huelga general en toda la Administración de Justicia y una manifestación.


Entre otras quejas, los sindicatos expresan su «rechazo» a la medida anunciada por Justicia que prevé el despido de como mínimo 85 trabajadores de las cuatro Audiencias Provinciales, así como de las Salas Contenciosas del Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados Contenciosos de Barcelona. Las centrales denuncian también «la falta de voluntad» de la Conselleria por negociar el Decreto sobre estructura y organización judicial de Cataluña que tiene que determinar los nuevos órganos judiciales.

El primero de los problemas, la supresión de puestos de trabajo, es especialmente grave, señalan los sindicatos, porque al «colapso crónico» de los juzgados se le suma ahora «un contexto socio-económico donde se incrementan exponencialmente las cargas de trabajo en todos los órganos jurisdiccionales». En otras palabras, sabido es que la crisis ha causado el aumento de delitos tales como robos o hurtos, ha propiciado que personas y empresas se vean abocados a procesos concursales tras verse incapaz de pagar sus deutas e hipotecas, y ha llevado mucha gente al paro, unos despidos que a menudo recalan en los juzgados de lo Social.

La nueva oficina judicial

Crisis al margen, los sindicatos denuncian que el atasco por falta de recursos en a justicias se agranda porque los últimos órganos judiciales creados en Cataluña no se han dotado del personal legalmente previsto para su funcionamiento, lo que hace aumentar el colapso. Un ejemplo: el recién estrenado juzgado número 8 de Rubí funciona con la mitad de la plantilla legal prevista.

A los agravios cuantitativos se les añaden los cualitativos. Los sindicatos convocantes censuran que la Generalitat no ha atendido sus sugerencias y alegaciones durante la negociación del Decreto sobre estructura y organización judicial de Cataluña, que ya se encamina hacia su aprobación en breve por parte de Govern.

Fuente: ABC.es

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Campos insiste en que Ceuta tiene el doble de jueces que el resto de España

El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campos, señaló que aunque la Ciudad de Ceuta es la tercera localidad de España donde se presentan más litigios, el número de jueces es el doble que en el resto de España. Así, según las estadísticas que maneja tanto el Ministerio de Justicia como el CGPJ, mientras que a nivel nacional la ratio es de 10,1 jueves por cada cien mil habitantes, en la ciudad es del 20,6.



Además, se da la circunstancia que en el resto del Estado los Juzgados se atienden una media de mil doscientas cincuenta expedientes por año, en Ceuta la media es de setecientos cincuenta.

Competencias

Se le preguntó por parte de los medios de comunicación al número dos del Ministerio de Justicia si la Ciudad Autónoma de Ceuta tendría oportunidad de asumir en alguna ocasión las competencias en esta materia, al igual que ha sucedido con otras autonomías.

Quiso dejar bien claro que es una competencia estatal, pero que una interpretación realizada por el Tribunal Constitucional a mediados de la década de los noventa habló de la Administración de la administración de Justicia, lo que venía a significar que los recursos humanos y los medios materiales si podían ser dirigidos por las autonomías.

Por esta razón hay once comunidades que llevan la citada responsabilidad y la colaboración de las mismas es inmensa para la aplicación también de la nueva concepción de la Justicia enfocada en la Nueva Oficial Judicial. Todo ello debatido en el órgano donde participa igualmente el Consejo General del Poder Judicial.

Refiriéndose ya a Ceuta, concretamente, significó claramente que tiene un difícil encaje la propia situación, pero que está claro que deberá tener un trato diferente.


Fuente: elfarodigital.es

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Asturias: Los juzgados estrenaron los nuevos sistemas para controlar el acceso de los funcionarios

El lunes la Justicia asturiana puso en marcha de forma definitiva el sistema para fichar a través de la huella digital en los juzgados más grandes, una medida que ya había anunciado el Principado. El sistema de control del horario laboral mediante máquinas biométricas ya llevaba varios meses instalado, pero sin funcionar.


Este sistema sólo funciona en los juzgados más grandes. En el caso de Cangas de Onís, Infiesto, Llanes, Pravia, Castropol, Luarca, Laviana y Grado se ha comenzado a aplicar otro sistema denominado «web time», que se activa cuando los funcionarios encienden el ordenador.

Paralelamente, se puso en marcha la aplicación informática «Minerva», que pone por primera vez en red a los juzgados asturianos, y es el primer paso para la implantación de la nueva oficina judicial. Los sindicatos indican que el sistema presentó varios fallos, lo que obligó a los funcionarios a dejar de trabajar por momentos.

El lunes a las tres de la tarde se realizó un apagón informático para introducir los últimos cambios en el sistema y a la aplicación se sumará una guía con esquemas guiados que indicará al funcionario cuál es el trámite siguiente a realizar en cada caso. Con esta nueva herramienta, los juzgados pasarán a estar interconectados y compartirán la información en tiempo real.

Coincidiendo con la puesta en marcha de los nuevos sistemas, los sindicatos denunciaron que «para que entrara en funcionamiento la oficina judicial el Parlamento debía haber aprobado unas reformas procesales. Los sindicalistas aseguraron que «ya no hay disculpa, en Asturias no existe la nueva oficina judicial porque quienes tenían que hacerla no la han hecho».

José María Alejo, de STAJ, resaltó por su parte, otras cuestiones pendientes como la actualización de las nóminas o la deficiente forma de cubrir las bajas en los juzgados, «que suponen una vergüenza».

Fuente: lne.es

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Los jueces denuncian falta de medios para la Nueva Oficina Judicial y que los cambios son "a peor"

El portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, denunció hoy que no se ha cumplido "prácticamente nada de lo que había prometido el Ministerio" de Justicia en cuanto a la entrada en funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial --prevista para hoy-- y que los cambios, más bien han sido "a peor". "Eso con total seguridad".


Gallardo explicó que Justicia sólo ha hecho el despliegue de la Oficina Judicial en el territorio del Ministerio, que son ocho provincias, y, aún en la mayoría de ellas, "ni siquiera se ha hecho la adaptación del edificio que sería conveniente", ni han entrado en funcionamiento los servicios comunes, que son "necesarios" para que la Nueva Oficina Judicial tenga pleno rendimiento.

Respecto al resto de Comunidades Autónomas, considera que no ha cambiado "prácticamente nada de nada", en algunas "como Andalucía o como Madrid, sencillamente no han tomando ninguna medida, ninguna previsión", y, por tanto, los juzgados seguirán funcionando "exactamente igual que antes del 4 de mayo".

En este sentido, criticó que el único cambio será una ampliación de las competencia de los secretarios judiciales, "que se van a ver desbordados" porque mientras está previsto que comiencen a asumir las nuevas competencias que les atribuye la reforma procesal, "al mismo tiempo van a continuar actuando como apoyo directo al juez".

DIFÍCILMENTE VA A FUNCIONAR

"Con lo cual, hoy por hoy, muy pocos cambios va a haber, y la mayoría para mal", subrayó. Recordó que desde el FJI ya habían dicho que esta reforma "está mal estructurada, mal diseñada desde el principio" y creen que "difícilmente va a funcionar bien", ni aunque se pusieran todos los medios que precisan, aunque, a su juicio, "no se están poniendo nada de los medios que se habían prometido que estarían a disposición de las nuevas estructuras".

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, aseguró a Europa Press que la situación hoy de los juzgados "es la misma que la de ayer y no hay ningún cambio", ya que "se han puesto en marcha muy pocas cosas" porque la implantación de la Nueva Oficina Judicial "es progresiva".

"Lo que ha entrado en vigor hoy es la Ley que establece la diferencia de competencias entre el juez y el secretario, nada más, por lo tanto, hoy prácticamente no va a haber nada diferente en un juzgado con respecto al día de ayer. La puesta en marcha de la Oficina Judicial es otra cosa, que implica arquitectura judicial, implica más medios y eso es progresivo y ha empezado sólo como experiencia piloto en ocho ciudades de España", remachó.

Por otro lado, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, cree que el primer día "es pronto" para llegar a "alguna conclusión" sobre la modernización de la Justicia aunque, personalmente, explicó que no ve "ningún tipo de novedad".

NO HAY BUEN AMBIENTE ENTRE LOS FUNCIONARIOS

En este sentido, lo que sí que manifestó es que, por lo que tiene más próximo, "el ambiente entre los funcionarios no es especialmente bueno" y recordó que hubo "quejas por parte de los secretarios judiciales".

En cuanto a los secretarios judiciales, el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ), Rafael Lara, aseguró que "al no tener Oficina Judicial", los secretarios judiciales "van a tener que redoblar esfuerzos" para que se pueda mover la maquinaria d la Justicia hasta que "se decidan las administraciones públicas a implantar la Oficina".

"Nos falta esa estructura nueva donde aplicar, en condiciones mejores, esa nueva forma de entender el proceso judicial, en donde se han distribuido las competencias entre el juez y el secretario judicial", apostilló.

Recordó que "lo que ha entrado en vigor hoy es la Ley de Reforma Procesal", que es "un paso previo y una pata más de la reforma de la Justicia" pero "no ha entrado en vigor la Oficina Judicial". En este sentido, reconoció que la reforma procesal "era necesaria y tenía que ir aparejada con la entrada en funcionamiento de la Nueva Oficina", porque lo recoge la exposición de motivos de la Ley.

FALTA DE MEDIOS EXTRAORDINARIA

Aún así, cree que es "un hecho positivo" porque se trata de "un avance, una mejora, una modernización del proceso como concepto juridico". Añadió que en la repercusión en principio "va a ser más trabajo y más responsabilidad" para el secretario judicial, "que la asume" pero "con una falta de estructuras y una falta de medios todavía, extraordinaria e importante".

También se manifestó a este respecto la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, que aseguró en un comunicado que el cambio "no está exento de inquietud" por la "carencia de instrumentos suficientes para desarrollar correctamente sus cometidos".

"La firma electrónica para los secretarios judiciales, el diseño y desarrollo de los servicios comunes previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y las precisas aplicaciones informáticas de gestión procesal distan bastante, a día de hoy, de ser una realidad", criticó.

Asimismo, auguró que la "correcta aplicación de la ley sufrirá un retraso" que puede traducirse "en dificultades a la hora de atender las necesidades de los ciudadanos". En este sentido, exigió a las administraciones públicas que "no dejen de lado su deber" amparándose en razones políticas o en la crisis económica.

Fuente: La Ley

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Cantabria: Tolosa presentará mañana la Memoria Judicial de 2009

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, dará a conocer mañana miércoles, 5 de mayo, la Memoria Judicial correspondiente a 2009. Primero, lo hará en la sede del Gobierno regional, donde visitará a las 10.00 horas al presidente Miguel Ángel Revilla.


Posteriormente, a las 11.30 horas tiene una cita, como viene siendo habitual en los últimos años, con la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Cantabria, donde expondrá a los diputados regionales los asuntos más relevantes acerca del funcionamiento de la Justicia en la Comunidad Autónoma.

La Memoria Judicial repasa la actividad de los Juzgados y Tribunales de Cantabria durante el último año y apunta las necesidades más acuciantes de sus órganos judiciales, necesidades que se darán a conocer en la rueda de prensa que ofrecerá Tolosa a las 13.00 horas en el Complejo Judicial de Las Salesas.

Fuente: 20minutos.es

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Alicante: El wolof, el idioma del Top Manta

La llegada del buen tiempo reaviva las ventas en el top manta y con ellas proliferan las detenciones por delitos y faltas relacionados con la propiedad intelectual, también muy ligados a la falsificacion de accesorios como bolsos y gafas que se venden en los paseos de las playas alicantinas. La detención de inmigrantes africanos precisa de profesionales de la traducción en wolof, el idioma más hablado en Senegal y parte de Guinea. En la provincia de Alicante existen dos traductores de wolof para todos los tribunales, que además son intérpretes de otros idiomas.


Actualmente, los juzgados de la Comunidad Valenciana cuentan con un servicio de traducción e interpretación que presta una empresa privada, Seprotec, a través de la adjudicación del contrato por parte de la Generalitat Valenciana. La firma asegura contar con una plantilla de 200 profesionales para la provincia de Alicante perfectamente capacitados, mientras que el Consell cuenta con sólo 5 traductores en plantilla pública para toda la provincia.

La desorganización en los juzgados crea situaciones en las que un intérprete es reclamado en varios sitios a la vez a la misma hora -precisamente porque la mayoría son intérpretes de al menos dos idiomas-. La directora de Interpretación de Seprotec asegura que la demanda está cubierta porque siempre hay una bolsa de traductores en reserva, de la que se encarga el departamento de recursos humanos, y que hay varios profesionales del mismo idioma, precisamente, para que los servicios no se solapen.

Sin embargo, fuentes judiciales aseguran que existen problemas a la hora de contar con un intérprete de manera urgente, que son achacados más a la desorganización del servicio que a la falta de traductores. El juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón, admite que en los juzgados de Alicante "hemos tenido problemas con las plantillas por falta de traductores en ciertos idiomas o falta de profesionales pero ahora mismo no se detectan problemas relevantes".

Profesores de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante reclaman mayor profesionalidad de los intérpretes y traductores judiciales en la provincia de Alicante y exigen al Consell más dedicación de medios públicos para el desempeño de esta función. La petición no solamente llega por parte del área de Filosofía y Letras, sino que además la Facultad de Derecho se suma a esta llamada. Prueba de ello ha sido la realización del seminario Mediación Interlingüística en la Administración de Justicia que se desarrolla en la Universidad de Alicante y que ha supuesto una de las primeras colaboraciones en el territorio español entre varias entidades (traductores, juristas y empresas) para aunar esfuerzos en este asunto.

La historia en los juzgados de la provincia refuerza la petición de los profesionales, "ya que son varios los episodios desastrosos que se han vivido debido a la falta de profesionalidad de este servicio", indica la codirectora del seminario, Cynthia Giambruno. "Cuando empecé a investigar sobre la situación de los traductores en los juzgados alicantinos cualquier persona valía, y aunque eso está empezando a cambiar, todavía hay que reclamar mayor atención por parte de la administración de Justicia, porque lo que está en juego son los derechos fundamentales de personas extranjeras", añade, y reclama más inversión al Consell y más rigor en la selección de plantillas.

Jueces para la Democracia ya denunció el pasado mes de febrero los problemas que estaban teniendo los juzgados para encontrar traductores profesionales. La magistrada del juzgado de lo Penal 29 de la Madrid, Pilar de Luna Jiménez de Parga, reveló en un informe remitido al Ministerio de Justicia la deficiente prestación del servicio en los tribunales madrileños. Durante su intervención en el seminario, la magistrada, que conoce la realidad de la Comunidad Valenciana porque trabajó en ella, reclamó más implicación de la administración de Justicia para que el servicio sea profesional y aseguró que es fácil vulnerar los derechos fundamentales de los procesados si no existe un buen profesional de la interpretación. Juan Miguel Ortega, profesor en la UA e intérprete de la Policía, asegura que no hay suficiente cualificación en la provincia y que el primer problema es la ley, "que sólo exige conocer la lengua a traducir, nada más".

Fuente: informacion.es

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El CGPJ y la Agencia de Protección de Datos colaborarán en la inspección de órganos judiciales

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, y el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, han firmado hoy un convenio de colaboración para la inspección de órganos jurisdiccionales en materia de protección de datos. Según el texto del acuerdo, la AEPD notificará al CGPJ su intención de inspeccionar un determinado órgano judicial, "con el objeto de verificar la existencia de una posible infracción" en la protección de datos y, de común acuerdo, ambas instituciones fijarán la fecha para que se lleve a cabo la inspección.


Asimismo, con el fin de conocer la efectividad de estas medidas, Dívar ha anunciado que "se creará una Comisión de Seguimiento", formada por tres representantes del CGPJ y otros tres de la AEPD, que se reunirá "al menos una vez al año" y tomará los acuerdos "por unanimidad".

Durante la firma del convenio, Dívar también ha querido resaltar, "en tiempos tan convulsos como los actuales", que la protección de datos es un derecho fundamental que "no fue declarado constitucionalmente" y que fue una creación jurisprudencial del Tribunal Supremo.

Con dicho convenio, cuya vigencia es indefinida, ambas instituciones "intensificarán sus relaciones manteniendo reuniones con carácter periódico y estableciendo iniciativas y actividades comunes" en el conjunto de la Administración de Justicia.

Fuente: La Ley

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Chile: Aviso de bomba obliga a evacuar dos edificios del Centro de Justicia

Movido comenzó el día para los trabajadores del Centro de Justicia, en Santiago. Dos llamadas telefónicas simultáneas alertaron a Carabineros respecto de la presencia de un artefacto explosivo en el Centro de Justicia de la Región Metropolitana. A eso de las 09:00 horas, la policía solicitó la evacuación de cerca de 300 personas que se encontraban en el lugar para iniciar la revisión que culminó sin encontrarse artefacto alguno, por lo que el servicio se normalizó a las 10:30 horas.



Según los antecedentes, una voz anónima mujer alertó al 133 (Emergencias Policiales) de los uniformados y al 12º Juzgado de Garantía sobre la existencia de un artefacto explosivo en el citado recinto.

Se informó que la autora, en sus breves palabras, aprovechó para denunciar el maltrato que reciben los llamados presos políticos que actualmente permanecen en las cárceles del país.

El desalojo para permitir el operativo retrasó las actividades programadas en los tribunales de Garantía, juzgados orales, Fiscalía Centro Norte y Defensoria Penal de Santiago.

Fuente: lanacion.cl

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Marbella y Estepona concentran el 80% de los juzgados conflictivos de Málaga

Calculadora en mano, los números de los juzgados de Marbella y Estepona no soportan el examen. La justicia permanece atascada en ambos municipios, que concentran más del 80 por ciento de las sedes judiciales de la provincia consideradas conflictivas en la memoria anual de actividades y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en relación con el ejercicio 2009.


El informe alerta de la evolución negativa de 23 juzgados de la comunidad, seis de los cuales se encuentran en Málaga. Se trata de los Juzgados de Instrucción número 1 y 2 de Marbella y los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 1, 2 y 4 de Estepona. La única sede judicial conflictiva de la provincia fuera de las lindes de estos municipios es la de Instrucción número 2 de Torremolinos.

El volumen de asuntos pendientes de resolver es el principal argumento para calificar a un juzgado de conflictivo, aunque también inciden cuestiones como el incumplimiento de plazos procesales, la defectuosa tramitación de los procedimientos, el número de escritos sin proveer, deficiencias en la tramitación de los libros de registro o la falta de señalamientos de vistas.

Asuntos pendientes

Los Juzgados de Primera Instancia de Marbella iniciaron 2009 con 8.179 asuntos pendientes. Durante el año se registraron 10.266 procedimientos civiles y fueron resueltos 9.025, por lo que el número de asuntos se incrementó después de doce meses hasta 9.315. Los asuntos penales pendientes, sin embargo, se redujeron. Los Juzgados de Instrucción resolvieron 38.665 en 2009 frente a los 37.565 que ingresaron a lo largo del año. Los procesos pendientes pasaron de 4.723 a 3.623 durante el pasado ejercicio.

En Estepona, los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción registraron 16.448 asuntos penales y 4.802 civiles a lo largo de 2009. Es decir, 3.290 procedimientos penales y 960 civiles, cuando el baremo establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sitúa en 2.500 y 380 los casos penales y civiles, respectivamente, que debería soportar un juzgado a lo largo de un año. Las cifras de Estepona reflejan un 92,2 por ciento más de asuntos frente al módulo de entrada dispuesto por el CGPJ.

Respecto a los registros civiles de ambos municipios, la memoria del TSJA señala que en el caso de Marbella sería conveniente la mejora de las dependencias y el incremento de la plantilla en, al menos, un funcionario. El escenario de Estepona es aún peor. El estado del registro civil en esta localidad deja de ser preocupante, según el informe, pero las instalaciones son «lamentables» y los funcionarios no cuentan si quiera con un teléfono que permita las llamadas a móviles para citar a los interesados.

Fuente: sur.es

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Elche: Un incendio en la Audiencia Provincial destruye sumarios y aplaza juicios

La indignación de todos los trabajadores de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, era mucho más fuerte que el olor a humo que seguía presente horas después del siniestro. Un incendio, intencionado como luego pudo comprobar la Policía Nacional, provocó la destrucción de 150 sumarios que se encontraban en trámite de calificación por parte de la sala.


Las oficinas de la Sección Séptima en el Palacio de Justicia, dan a la zona ajardinada del cauce a la que se accede bajando una escalera. Por eso, el o los autores del incendio tuvieron que subirse a algo para poder llegar a la ventana, a unos ocho metros del suelo, desde la que comenzaron las llamas. Rompieron el cristal -además hay barrotes para que nadie pueda acceder-, que ya presentaba alguna que otra fisura anterior, para echar la gasolina empleada y con el fin de garantizar una rápida combustión.

Según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, todos los procedimientos afectados conllevan peticiones de prisión que oscilan entre los 5 y los 20 años de cárcel para las personas que se encuentran imputadas en los mismos. La sala, como se indica en un comunicado oficial, ya ha iniciado las gestiones para recuperar el material destruido, «lo que se prevé lograr en pocos meses».

El presidente de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial en Elche, José Madaria, coordinará un equipo de refuerzo para la reconstrucción de los expedientes. Contará para ello con un magistrado de apoyo y al menos dos funcionarios, que a partir de ahora se encargarán, bajo su supervisión y la de la secretaria judicial, de la recuperación del material destruido. El TSJ señala que la existencia de soporte informático que permite archivar toda la documentación existente en papel posibilitará, «en apenas unos meses», obtener una copia de la totalidad de las causas perdidas.

De este modo, como explica el Alto Tribunal en su comunicado, el incidente no afectará al normal funcionamiento de este órgano judicial, «objetivo que se sospecha perseguían los autores del incendio». En las dependencias judiciales se continuará trabajando «con normalidad», hasta que todos los expedientes sean recuperados.

Vistas suspendidas

El incendio obligó, no obstante, a suspender las catorce vistas que había programadas, así como la continuación de un juicio y hasta cinco sesiones que había señaladas hasta el próximo miércoles.

Según explicó José Madaria, «vamos a suspender un par de días las vistas porque no disponemos de luz ni de ordenadores ahora, y hay que adecuar las instalaciones para que los funcionarios puedan desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas». Confía plenamente en que «de los pleitos más inmediatos que ha habido que suspender, en el plazo máximo de entre siete y diez días volverán a celebrarse, por lo que no se ha acabado el mundo y estaremos de nuevo en funcionamiento en poco tiempo».

Mientras los funcionarios de la Sección Séptima se afanaban por poner un poco de orden y tratar de recuperar lo que se pudiera, comenzaban los primeros trabajos para que la sala ilicitana de la Audiencia Provincial recuperara el suministro eléctrico. Después vendrán las tareas de limpieza y acondicionamiento de las oficinas.

Agilizar el traslado

El incendio y las necesidades de espacio que de por sí tiene la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, pueden promover la agilización del traslado de las dependencias de la sal a la Ciudad de la Justicia, en el barrio de Los Palmerales, cuyas obras están prácticamente finalizadas. De hecho, de acuerdo con el calendario previsto por la Conselleria de Justicia, la Audiencia comenzará el cambio el 1 de julio. En las actuales circunstancias, no se descarta adelantarlo.

Fuente: lasprovincias.es

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1 de Mayo

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Alicante: La Audiencia tendrá sección especializada en crimen organizado tras el verano

La Audiencia Provincial de Alicante contará con una nueva sección especializada en luchar contra el crimen organizado tras el próximo verano, según el secretario autonómico de Justicia de la Generalitat, Jorge Cabré. Cabré ha indicado que éste es uno de los refuerzos aprobados por el Ministerio de Justicia para Alicante a lo largo de este año.


Esta nueva sección, la décima de la Audiencia, supondrá una "novedad" en el ámbito judicial español y se crea producto de la "necesidad" que existe en la provincia por la presencia y actuación de estas bandas organizadas.

Ha recordado que ya existían fiscales especializados en estos delitos y que únicamente restaba la creación de una sección específica en la Audiencia para los juicios.

El secretario autonómico ha declarado que Alicante recibirá once de las veintidós nuevas unidades judiciales durante 2010, entre ellas la sección décima, lo que refleja del Consell por la provincia, ya que es la encargada de trasladar al Ministerio las prioridades.

También se crearán juzgados de primera instancia en prácticamente todos los partidos judiciales, como Alicante, Torrevieja, Elche, Orihuela, Dénia, Benidorm, Villajoyosa y Novelda, sitio éste último donde será mixto de primera instancia e instrucción.

También se creará un juzgado de lo penal en Torrevieja, el número 4, y otro de lo social en Benidorm, el número 2.

Cabré se ha referido a la implantación de la oficina judicial en Alicante y ha asegurado que la Comunitat Valenciana se encuentra en un "buen punto de partida" y que se encuentra "al mismo nivel o por delante" de otras autonomías para la implantación de esta modernización.

También ha calificado de "normal" los temores o miedos de los colectivos implicados ante este proceso, y ha puesto de manifiesto que la Justicia española demandaba estos cambios desde hace décadas, por lo que ahora lo importante es que todo se haga "sin prisa pero sin pausa" para cumplir el plazo de implantación del 31 de diciembre de 2014.

Fuente: ABC.es

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Andalucía: Pizarro reclama a los funcionarios que se impliquen para desatascar los juzgados

El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, hizo un llamamiento a los operadores jurídicos para que se impliquen en las reformas necesarias para la Oficina Judicial como la puesta en marcha del Servicio Común de Ejecutorias que tenía que haber comenzado el pasado mes de enero y que aún sigue pendiente.


«Hace falta la implicación, complicidad y colaboración de los jueces, los secretarios, los abogados, los fiscales y los funcionarios», dijo el titular de Justicia que, sin embargo, no pudo dar fecha para la puesta en marcha de este servicio que debería estar funcionando el próximo 4 de mayo cuando entren en vigor las nuevas reformas procesales de la oficina judicial. En este sentido, fuentes de Justicia afirmaron que la consejería volverá a negociar con los sindicatos para llegar a un acuerdo en la primera quincena de mayo.

Sobre el aumento de sentencias por ejecutar en los juzgados de lo penal andaluces, que actualmente acumulan más de 63.000, Pizarro insistió en que se dará continuidad al plan de tardes para desatascar los órganos más congestionados. Y dijo que están estudiando cuales son los órganos que necesitan de ese plan.

Fuente: ABC.es

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Castilla y León: Mañueco no confía en concretar la transferencia en el plazo impuesto por el Ministerio

El consejero de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cree que la transferencia en materia de Justicia no se podrá concretar para la comunidad autónoma antes del 30 de junio. En su opinión, el ultimátum dado para esa fecha por el Ministerio de Justicia «seguramente no se concretará» y el Ministerio «pasará página y mantendrá la puerta abierta».


El consejero reconoció que la transferencia de las competencias, en lo que se refiere a los medios materiales y humanos de la administración de Justicia, lleva mucho tiempo negociándose con el Ministerio de Justicia y en épocas de crisis «todos ajustan posiciones».

Fernández Mañueco añadió que los flecos económicos son claves para llegar a un acuerdo porque, aunque la Junta nunca ha hablado de cantidades concretas, las cuantías ofrecidas por el Gobierno central son «insuficientes». El consejero reiteró que el Gobierno regional tiene intención de asumir la competencia en cuanto sea posible, pero «no a cualquier precio».

El consejero puso de relieve las diferencias económicas de valoración de necesidades y gastos. En el capítulo de inversiones, plantea la necesidad de dar el impulso definitivo a las obras de la nueva sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la creación de nuevos órganos judiciales y el coste de la modernización de la administración de Justicia, tanto en cuanto a medios tecnológicos como en lo que se refiere a la nueva Oficina Judicial, cuyo coste sigue considerando incierto. El consejero también planteó dudas sobre el coste que supondrá la transferencia del personal, ya que la Junta no conoce los detalles de los acuerdos alcanzados en su día entre Ministerio y sindicatos.

Asimismo, el consejero destacó «el alto nivel de profesionalidad que hay entre los miembros de la carrera judicial y de todas las personas vinculadas con la justicia en nuestra región». «Sin duda estamos en las mejores manos en todos los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. El capital humano de Castilla y León está entre los mejores de todas la comunidades autónomas de España».

Alfonso Fernández Mañueco mantuvo un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y con representantes del Consejo General del Poder Judicial, a los que dio a conocer las conclusiones de la última reunión de la comisión asesora de la Justicia. El Gobierno regional espera una respuesta del Ministerio a ese documento y ha convocado ya la comisión mixta de transferencias para el próximo 7 de mayo.

Fuente: nortecastilla.es

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Don Benito: El Ayuntamiento solicitará la ubicación del cuarto juzgado de lo social de Badajoz

El Ayuntamiento de Don Benito va a solicitar a la Administración de Justicia que el cuarto Juzgado de lo Social previsto en la provincia de Badajoz se ubique en Don Benito. La solicitud se presentará ante el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y la Audiencia Provincial de Badajoz.


La medida ha sido aprobada en el pleno el pasado lunes por unanimidad por parte de los concejales del PP y del PSOE a raíz de una moción de urgencia presentada por el grupo municipal socialista.

Según ha explicado en la defensa de la moción la concejala del PSOE, Ana Bahamonde, el Juzgado de lo Social número 4 puede ubicarse en la capital pacense, donde están los tres actuales, en Mérida o en Don Benito.

Bahamonde ha defendido la "descentralización" de los Juzgados de lo Social y la ubicación de la nueva unidad en Don Benito al ser "el centro geográfico de la provincia de Badajoz".

Así, la sede de esta nueva unidad judicial podría estar en los locales alquilados por el ministerio de Justicia en la calle Guijo y que acogen, desde diciembre de 2008, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Don Benito.

Tras la iniciativa expuesta por la concejala socialista, el Alcalde de Don Benito, Mariano Gallego, ha admitido que la ubicación de un Juzgado de lo Social "sería muy conveniente para Don Benito".

No obstante, la petición aprobada por el Pleno de la corporación municipal dombenitense necesitará estar avalada por los apoyos de los agentes sociales, políticos, sindicales y profesionales de la zona.

Fuente: regiondigital.com

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Segovia: Los asuntos penales tendrán un juzgado temporal de refuerzo

El fiscal jefe de la Audiencia de Segovia reveló que ha sido concedida la implantación de un nuevo Juzgado para asuntos penales que sirva de refuerzo al actual, pero que se establecerá sólo por un periodo de seis meses. Esta nueva dotación se encuentra pendiente de la localización de un emplazamiento en el que pueda desempeñar su trabajo la media docena de funcionarios del Ministerio de Justicia que tendría este juzgado de refuerzo.


Su funcionamiento inicial está previsto para un periodo de seis meses, aunque prorrogables, algo que sería conveniente, según el fiscal jefe, recordando las manifestaciones de otros representantes de la administración de justicia en Segovia, que han demandado la necesidad de incrementar los medios materiales y humanos.

En su intervención ante los medios de comunicación Antonio Silva se mostró parcialmente satisfecho por la concesión de un nuevo juzgado con su correspondiente fiscal para la capital, que haría el número 6 de Primera Instancia. En esta línea confió en que a lo largo de este año se ponga en marcha y agradeció el que se hayan atendido las demandas de Segovia. Así recordó que en tres años se habrá pasado de cuatro a seis juzgados en la capital. Según dijo, hay voluntad por parte del Ministerio de Justicia, pero está pendiente de la disponibilidad económica.

En cuanto a la actividad de los distintos juzgados y fiscalías, Antonio Silva reconoció su debilidad por los asuntos medioambientales y, en especial de los incendios.

También reveló que los casos de violencia de género hacen que se acumule mucha carga de trabajo en el Juzgado número 4. Y respecto a los distribuidos por la provincia, indicó que el de Cuéllar, que era el que más casos tramitaba tradicionalmente, ha pasado al último lugar. El año pasado ha sido el de Sepúlveda, con 1.200 diligencias previas el que ha encabezado el ránking, seguido del de Santa María la Real de Nieva, con 900 diligencias; y, en último lugar, el de Cuéllar, con 699 diligencias abiertas el año pasado.

Fuente: eladelantando.com

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