La llegada del buen tiempo reaviva las ventas en el top manta y con ellas proliferan las detenciones por delitos y faltas relacionados con la propiedad intelectual, también muy ligados a la falsificacion de accesorios como bolsos y gafas que se venden en los paseos de las playas alicantinas. La detención de inmigrantes africanos precisa de profesionales de la traducción en wolof, el idioma más hablado en Senegal y parte de Guinea. En la provincia de Alicante existen dos traductores de wolof para todos los tribunales, que además son intérpretes de otros idiomas.Actualmente, los juzgados de la Comunidad Valenciana cuentan con un servicio de traducción e interpretación que presta una empresa privada, Seprotec, a través de la adjudicación del contrato por parte de la Generalitat Valenciana. La firma asegura contar con una plantilla de 200 profesionales para la provincia de Alicante perfectamente capacitados, mientras que el Consell cuenta con sólo 5 traductores en plantilla pública para toda la provincia.
La desorganización en los juzgados crea situaciones en las que un intérprete es reclamado en varios sitios a la vez a la misma hora -precisamente porque la mayoría son intérpretes de al menos dos idiomas-. La directora de Interpretación de Seprotec asegura que la demanda está cubierta porque siempre hay una bolsa de traductores en reserva, de la que se encarga el departamento de recursos humanos, y que hay varios profesionales del mismo idioma, precisamente, para que los servicios no se solapen.
Sin embargo, fuentes judiciales aseguran que existen problemas a la hora de contar con un intérprete de manera urgente, que son achacados más a la desorganización del servicio que a la falta de traductores. El juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón, admite que en los juzgados de Alicante "hemos tenido problemas con las plantillas por falta de traductores en ciertos idiomas o falta de profesionales pero ahora mismo no se detectan problemas relevantes".
Profesores de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante reclaman mayor profesionalidad de los intérpretes y traductores judiciales en la provincia de Alicante y exigen al Consell más dedicación de medios públicos para el desempeño de esta función. La petición no solamente llega por parte del área de Filosofía y Letras, sino que además la Facultad de Derecho se suma a esta llamada. Prueba de ello ha sido la realización del seminario Mediación Interlingüística en la Administración de Justicia que se desarrolla en la Universidad de Alicante y que ha supuesto una de las primeras colaboraciones en el territorio español entre varias entidades (traductores, juristas y empresas) para aunar esfuerzos en este asunto.
La historia en los juzgados de la provincia refuerza la petición de los profesionales, "ya que son varios los episodios desastrosos que se han vivido debido a la falta de profesionalidad de este servicio", indica la codirectora del seminario, Cynthia Giambruno. "Cuando empecé a investigar sobre la situación de los traductores en los juzgados alicantinos cualquier persona valía, y aunque eso está empezando a cambiar, todavía hay que reclamar mayor atención por parte de la administración de Justicia, porque lo que está en juego son los derechos fundamentales de personas extranjeras", añade, y reclama más inversión al Consell y más rigor en la selección de plantillas.
Jueces para la Democracia ya denunció el pasado mes de febrero los problemas que estaban teniendo los juzgados para encontrar traductores profesionales. La magistrada del juzgado de lo Penal 29 de la Madrid, Pilar de Luna Jiménez de Parga, reveló en un informe remitido al Ministerio de Justicia la deficiente prestación del servicio en los tribunales madrileños. Durante su intervención en el seminario, la magistrada, que conoce la realidad de la Comunidad Valenciana porque trabajó en ella, reclamó más implicación de la administración de Justicia para que el servicio sea profesional y aseguró que es fácil vulnerar los derechos fundamentales de los procesados si no existe un buen profesional de la interpretación. Juan Miguel Ortega, profesor en la UA e intérprete de la Policía, asegura que no hay suficiente cualificación en la provincia y que el primer problema es la ley, "que sólo exige conocer la lengua a traducir, nada más".
Fuente: informacion.es
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