El Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Santander y también Juzgado de lo Mercantil está redoblando esfuerzos para sacar adelante el concurso de la Cooperativa del Campo de Monte que, tras los de Afinsa y Forum, es el mayor procedimiento judicial de este tipo en España por el número de afectados, unos 10.000. A partir del próximo jueves dia 13 el Juzgado recibirá un refuerzo de personal para agilizar la fase final del concurso y, además, durante varios días atenderá también en el ambulatorio de Monte para facilitar los trabajos.
Según informaron fuentes judiciales en un comunicado, durante casi año y medio de trámites desde que se presentó el concurso, el Juzgado de lo Mercantil ha trabajado en determinar exactamente el patrimonio total de la Cooperativa y su valoración económica, así como en concretar quiénes eran sus acreedores y cuál era el crédito de cada uno de ellos.
Finalizada esta etapa, el Consejo Rector de la Cooperativa presentó al Juzgado una propuesta de convenio, con la participación del banco Santander, con la que trata de evitar la desaparición de la cooperativa, aun cuando ello suponga para los afectados una pérdida de parte de los créditos y que éstos les sean reembolsados en diferentes plazos, lo que se conoce como "la quita y la espera". No obstante, habitualmente con el convenio se consiguen soluciones más ventajosas que con la liquidación de la entidad concursada.
Examinado y aceptado por la titular del Juzgado, la magistrada María del Mar Hernández Rodríguez, el convenio deberá ahora ser aceptado por los acreedores reunidos en Junta y, posteriormente, aprobado por la juez. Según establece la ley, tendrán que dar su visto bueno acreedores que representen en conjunto más del 50 por ciento del pasivo ordinario, es decir, de las deudas ordinarias que tiene la Cooperativa.
Dado el elevado número de afectados que existe en este concurso, el Juzgado de lo Mercantil ha adoptado una serie de medidas tendentes a facilitarles que puedan pronunciarse respecto al convenio. La Junta en la que se conocerá si los afectados están o no conformes con la propuesta de solución del Consejo Rector de la Cooperativa se celebrará el próximo 26 de septiembre en el Palacio de los Deportes de Santander. Habitualmente, este trámite se realiza en la sede judicial de Las Salesas, pero en esta ocasión hubo que buscar otro emplazamiento con capacidad para 10.000 personas.
No obstante y teniendo en cuenta que los acreedores en este concurso son particulares y que muchos de ellos son trabajadores o personas mayores para los que sería complicado asistir a la Junta, el Juzgado de lo Mercantil abrió otra posibilidad contemplada en la ley, la de adherirse al convenio con anterioridad a la celebración de dicha reunión. De no existir esta opción, la Junta se alargaría en el tiempo varios días, dado que primero se realiza un control de asistencia de los acreedores, en este caso 10.000, y posteriormente una votación nominal de cada uno de ellos.
Precisamente para agilizar todos esos trabajos, desde el pasado viernes el Juzgado de lo Mercantil está recibiendo en su sede de la calle Valliciergo a los afectados, que son citados por la propia Cooperativa con un ritmo de dos centenares en cada jornada. Así, irán pasando todos aquellos acreedores que lo deseen hasta un día antes de la celebración de la Junta. Además, para facilitar este trámite a las personas mayores con problemas de movilidad, una delegación del Juzgado de lo Mercantil, encabezada por su titular y por la secretaria judicial, permanecerá en horario de nueve y media a dos de la tarde en el ambulatorio de Monte el martes 11, jueves 13 y viernes 14 de septiembre.
Por otro lado, a partir del 13 de septiembre el Juzgado de lo Mercantil contará con un refuerzo de tres funcionarios que durante un mes se dedicarán en exclusiva a este asunto. Con ello se pretende agilizar la recta final de este laborioso proceso, en el que el Juzgado en pleno ha realizado un elevado esfuerzo. El concurso es una vía legal recogida en la Ley Concursal de 2003 que se inicia cuando una persona, física o jurídica, es insolvente y no puede afrontar los pagos a sus acreedores. Entonces, para evitar la multiplicidad de procesos judiciales que sus acreedores pudieran iniciar para reclamar las deudas, se da comienzo a un concurso que agrupa a todos ellos y evita que unos puedan cobrar y otros no.
Según informaron fuentes judiciales en un comunicado, durante casi año y medio de trámites desde que se presentó el concurso, el Juzgado de lo Mercantil ha trabajado en determinar exactamente el patrimonio total de la Cooperativa y su valoración económica, así como en concretar quiénes eran sus acreedores y cuál era el crédito de cada uno de ellos.
Finalizada esta etapa, el Consejo Rector de la Cooperativa presentó al Juzgado una propuesta de convenio, con la participación del banco Santander, con la que trata de evitar la desaparición de la cooperativa, aun cuando ello suponga para los afectados una pérdida de parte de los créditos y que éstos les sean reembolsados en diferentes plazos, lo que se conoce como "la quita y la espera". No obstante, habitualmente con el convenio se consiguen soluciones más ventajosas que con la liquidación de la entidad concursada.
Examinado y aceptado por la titular del Juzgado, la magistrada María del Mar Hernández Rodríguez, el convenio deberá ahora ser aceptado por los acreedores reunidos en Junta y, posteriormente, aprobado por la juez. Según establece la ley, tendrán que dar su visto bueno acreedores que representen en conjunto más del 50 por ciento del pasivo ordinario, es decir, de las deudas ordinarias que tiene la Cooperativa.
Dado el elevado número de afectados que existe en este concurso, el Juzgado de lo Mercantil ha adoptado una serie de medidas tendentes a facilitarles que puedan pronunciarse respecto al convenio. La Junta en la que se conocerá si los afectados están o no conformes con la propuesta de solución del Consejo Rector de la Cooperativa se celebrará el próximo 26 de septiembre en el Palacio de los Deportes de Santander. Habitualmente, este trámite se realiza en la sede judicial de Las Salesas, pero en esta ocasión hubo que buscar otro emplazamiento con capacidad para 10.000 personas.
No obstante y teniendo en cuenta que los acreedores en este concurso son particulares y que muchos de ellos son trabajadores o personas mayores para los que sería complicado asistir a la Junta, el Juzgado de lo Mercantil abrió otra posibilidad contemplada en la ley, la de adherirse al convenio con anterioridad a la celebración de dicha reunión. De no existir esta opción, la Junta se alargaría en el tiempo varios días, dado que primero se realiza un control de asistencia de los acreedores, en este caso 10.000, y posteriormente una votación nominal de cada uno de ellos.
Precisamente para agilizar todos esos trabajos, desde el pasado viernes el Juzgado de lo Mercantil está recibiendo en su sede de la calle Valliciergo a los afectados, que son citados por la propia Cooperativa con un ritmo de dos centenares en cada jornada. Así, irán pasando todos aquellos acreedores que lo deseen hasta un día antes de la celebración de la Junta. Además, para facilitar este trámite a las personas mayores con problemas de movilidad, una delegación del Juzgado de lo Mercantil, encabezada por su titular y por la secretaria judicial, permanecerá en horario de nueve y media a dos de la tarde en el ambulatorio de Monte el martes 11, jueves 13 y viernes 14 de septiembre.
Por otro lado, a partir del 13 de septiembre el Juzgado de lo Mercantil contará con un refuerzo de tres funcionarios que durante un mes se dedicarán en exclusiva a este asunto. Con ello se pretende agilizar la recta final de este laborioso proceso, en el que el Juzgado en pleno ha realizado un elevado esfuerzo. El concurso es una vía legal recogida en la Ley Concursal de 2003 que se inicia cuando una persona, física o jurídica, es insolvente y no puede afrontar los pagos a sus acreedores. Entonces, para evitar la multiplicidad de procesos judiciales que sus acreedores pudieran iniciar para reclamar las deudas, se da comienzo a un concurso que agrupa a todos ellos y evita que unos puedan cobrar y otros no.
Fuente: Cantabria Liberal
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