David Taguas, asesor del Presidente Rodriguez Zapatero como director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, propuso en un artículo antes de tomar posesión de su cargo aumentar los años de cálculo de las pensiones, que actualmente está en 15, y reducir las nuevas pensiones del 10 al 30 por ciento. También propuso retrasar la edad de jubilación de forma obligatoria y generalizada. El artículo sostenía que si no se hacen reformas que garanticen su viabilidad, El sistema contributivo de pensiones podría mostrar su primer déficit entre 2011 y 2015.LD (Europa Press) Los saldos acumulados hasta entonces en el Fondo de Reserva de las pensiones, actualmente dotado con 40.000 millones de euros, permitirían cubrir dicho déficit entre siete y diez años a partir de esa fecha, es decir, hasta 2018 ó 2025. A partir de ese momento, el sistema de pensiones contributivas será deficitario y requeriría financiación del Estado. Así los sostienen María Jesús Sáez, miembro de la Intervención General de la Seguridad Social, y David Taguas, en un artículo publicado en la revista 'Panorama Social' que edita la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
Para realizar este análisis, Sáez y Taguas –que firma el artículo desde su responsabilidad anterior como subdirector del servicio de Estudios del BBVA– parten de las últimas proyecciones demográficas, según las cuales hasta 2060 entrarán en España más de 14,5 millones de inmigrantes, lo que provocará un "profundo cambio socioeconómico" y una modificación de la pirámide de población. De acuerdo con las previsiones de los autores de este artículo, el número de pensiones por ocupado podría duplicarse en cuatro décadas, pasando desde 0,44 prestaciones por trabajador a una proporción de 0,81 en 2059. Con este escenario, el gasto en pensiones contributivas también se duplicaría, desde el 7,7 por ciento en 2004 al 17,9 por ciento del PIB en 2059.
Por ello, Sáez y Taguas subrayan la necesidad de acometer reformas que garanticen la viabilidad del sistema a medio y largo plazo. En este sentido, señalan que si se ampliara a toda la vida laboral el periodo de cálculo de las pensiones (ahora es de 15 años), el primer año en que el sistema incurriría en déficit se retrasaría cuatro años y el Fondo de Reserva permitiría la financiación del sistema hasta 2026. Sáez y Taguas apuntan que, aunque sería "adecuada", esta medida no resolvería el problema de la equidad de una manera correcta, pues el ajuste sólo incidiría en los nuevos jubilados del sistema. Además, si se tomaran en consideración carreras laborales completas, la pensión media de los nuevos perceptores se reduciría entre un 10 por ciento y un 30 por ciento.
Jubilación a los 70, obligatoria y generalizada
Otra de las iniciativas que se baraja en este artículo es la de retrasar la edad de jubilación a los 70 años. Según los autores, si en 2007 se adoptara esta medida de forma generalizada y obligatoriamente, la aparición del primer déficit del sistema se retrasaría 17 años y los superávit acumulados hasta 2027, junto a los intereses, generarían un Fondo de Reserva de tal magnitud que el sistema estaría completamente financiado hasta 2046. Para Sáez y Taguas, la reforma a aplicar en el sistema de pensiones debería ir en esta dirección, sin que ello implique necesariamente que se retrase la edad de jubilación en cinco años a partir de un momento dado. "Probablemente, esta medida se deba implementar gradualmente, aun cuando en este caso sus efectos serán menores que los descritos", subrayan.
Los autores reconocen que la puesta en marcha de éstas y otras medidas -como la introducción gradual de la capitalización individual- resultaría difícil dado su carácter "impopular" y su alto coste político. Por ello, sugieren la creación de una Oficina Presupuestaria del Congreso, independiente del poder ejecutivo, que asumiera la responsabilidad de evaluar la situación y perspectivas del sistema español de Seguridad Social y que extendiera entre los ciudadanos la opinión de que son necesarias reformas.
En otro artículo sobre la situación de las pensiones, firmado por Javier Alonso, de la Universidad Carlos III y del Instituto de Estudios Fiscales, se advierte de que los sistemas públicos de pensiones mostrarán "desequilibrios financieros muy importantes" a mediados del siglo actual. Así, en muchos países, el gasto en pensiones podría exceder del 15 por ciento del PIB en dicha fecha, afectando esta situación a países como Bélgica (15,1 por ciento), Japón y Portugal (16,5 por ciento), Alemania (17,5 por ciento), Finlandia (17,7 por ciento), España (19,1 por ciento) e Italia (20,3 por ciento). Además, apunta Alonso, los déficit acumulados hasta 2070 podrían generar deudas de la Seguridad Social que en países como Francia, Portugal, España y Suecia podrían exceder del 100 por ciento del PIB.
En su opinión, el factor demográfico no es el único causante de los problemas financieros del sistema de pensiones. También lo es la falta de equilibrio entre cotizaciones y pensiones. En este sentido, Alonso calcula que entre los hombres afiliados al Régimen General que se jubilan a los 65 años el desequilibrio actuarial de las pensiones se sitúa en 29 puntos porcentuales de exceso de pensión, mientras que entre las mujeres alcanza los 52 puntos porcentuales.
Para realizar este análisis, Sáez y Taguas –que firma el artículo desde su responsabilidad anterior como subdirector del servicio de Estudios del BBVA– parten de las últimas proyecciones demográficas, según las cuales hasta 2060 entrarán en España más de 14,5 millones de inmigrantes, lo que provocará un "profundo cambio socioeconómico" y una modificación de la pirámide de población. De acuerdo con las previsiones de los autores de este artículo, el número de pensiones por ocupado podría duplicarse en cuatro décadas, pasando desde 0,44 prestaciones por trabajador a una proporción de 0,81 en 2059. Con este escenario, el gasto en pensiones contributivas también se duplicaría, desde el 7,7 por ciento en 2004 al 17,9 por ciento del PIB en 2059.
Por ello, Sáez y Taguas subrayan la necesidad de acometer reformas que garanticen la viabilidad del sistema a medio y largo plazo. En este sentido, señalan que si se ampliara a toda la vida laboral el periodo de cálculo de las pensiones (ahora es de 15 años), el primer año en que el sistema incurriría en déficit se retrasaría cuatro años y el Fondo de Reserva permitiría la financiación del sistema hasta 2026. Sáez y Taguas apuntan que, aunque sería "adecuada", esta medida no resolvería el problema de la equidad de una manera correcta, pues el ajuste sólo incidiría en los nuevos jubilados del sistema. Además, si se tomaran en consideración carreras laborales completas, la pensión media de los nuevos perceptores se reduciría entre un 10 por ciento y un 30 por ciento.
Jubilación a los 70, obligatoria y generalizada
Otra de las iniciativas que se baraja en este artículo es la de retrasar la edad de jubilación a los 70 años. Según los autores, si en 2007 se adoptara esta medida de forma generalizada y obligatoriamente, la aparición del primer déficit del sistema se retrasaría 17 años y los superávit acumulados hasta 2027, junto a los intereses, generarían un Fondo de Reserva de tal magnitud que el sistema estaría completamente financiado hasta 2046. Para Sáez y Taguas, la reforma a aplicar en el sistema de pensiones debería ir en esta dirección, sin que ello implique necesariamente que se retrase la edad de jubilación en cinco años a partir de un momento dado. "Probablemente, esta medida se deba implementar gradualmente, aun cuando en este caso sus efectos serán menores que los descritos", subrayan.
Los autores reconocen que la puesta en marcha de éstas y otras medidas -como la introducción gradual de la capitalización individual- resultaría difícil dado su carácter "impopular" y su alto coste político. Por ello, sugieren la creación de una Oficina Presupuestaria del Congreso, independiente del poder ejecutivo, que asumiera la responsabilidad de evaluar la situación y perspectivas del sistema español de Seguridad Social y que extendiera entre los ciudadanos la opinión de que son necesarias reformas.
En otro artículo sobre la situación de las pensiones, firmado por Javier Alonso, de la Universidad Carlos III y del Instituto de Estudios Fiscales, se advierte de que los sistemas públicos de pensiones mostrarán "desequilibrios financieros muy importantes" a mediados del siglo actual. Así, en muchos países, el gasto en pensiones podría exceder del 15 por ciento del PIB en dicha fecha, afectando esta situación a países como Bélgica (15,1 por ciento), Japón y Portugal (16,5 por ciento), Alemania (17,5 por ciento), Finlandia (17,7 por ciento), España (19,1 por ciento) e Italia (20,3 por ciento). Además, apunta Alonso, los déficit acumulados hasta 2070 podrían generar deudas de la Seguridad Social que en países como Francia, Portugal, España y Suecia podrían exceder del 100 por ciento del PIB.
En su opinión, el factor demográfico no es el único causante de los problemas financieros del sistema de pensiones. También lo es la falta de equilibrio entre cotizaciones y pensiones. En este sentido, Alonso calcula que entre los hombres afiliados al Régimen General que se jubilan a los 65 años el desequilibrio actuarial de las pensiones se sitúa en 29 puntos porcentuales de exceso de pensión, mientras que entre las mujeres alcanza los 52 puntos porcentuales.
Fuente: Libertad Digital.com
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