La actividad laboral de un funcionario sordomudo en el Juzgado de lo Mercantil provoca malestar entre los profesionales de la Administración de Justicia y disfunciones en el órgano judicial. La discapacidad del empleado, contratado como interino por la Gerencia de Justicia de Cantabria para hacer una sustitución de un año de duración, dificulta la atención a procuradores y abogados y sobrecarga de trabajo a sus compañeros, en un Juzgado con una plantilla ya mermada de por sí.El asunto, que ha trascendido del ámbito propio de este órgano judicial, será abordado por el Comité de Seguridad y Salud en su próxima reunión. En este encuentro se tomarán medidas para adaptar el puesto de trabajo del empleado interino a su deficiencia física para evitar las disfunciones que se están produciendo.
La Ley de Integración Social de Minusválidos obliga a las empresas y administraciones públicas a reservar un cupo de contratación del 2 por ciento de su plantilla para personas con discapacidad para conseguir su integración social y laboral. En cumplimiento de este mandato, la bolsa de trabajo de la Gerencia de Justicia de Cantabria tiene una reserva para las personas con minusvalía. A primeros de año, el Juzgado de lo Mercantil solicitó un interino para cubrir una sustitución de al menos doce meses, hasta que la plaza sea cubierta. El puesto fue cubierto por un empleado sordomudo, que llegó al Juzgado con el apoyo de una intérprete durante dos horas, de 9 a 11 de la mañana. Recibió además la ayuda de un tutor, que le impartió 20 horas de formación.
Sin embargo, los problemas afloraron enseguida, ya que el trabajo que tiene que realizar incluye la atención al público y a los profesionales. Así, las tareas asignadas son básicamente de tramitación, que por su minusvalía no puede realizar, lo que ha provocado desarreglos en el funcionamiento del órgano judicial. A esta situación se suma la sobrecarga de trabajo que sufre este Juzgado.
Así, el Juzgado de lo Mercantil inició su actividad el día 1 de septiembre de 2004 en los locales situados en la calle Valliciergo de Santander. Además de los procedimientos concursales, al Juzgado le siguen turnando el 33 por ciento de las causas civiles, y ello con una oficina judicial integrada por cinco funcionarios en lugar de siete como es habitual.
"El caso del sordomudo forma parte de un problema más amplio de salud laboral relacionado con riesgos psicosociales", señala un miembro del Comité de Seguridad y Salud en lenguaje críptico.
Fuentes del mencionado órgano reconocieron que la integración de este empleado está "desintegrando" al resto de compañeros, que a su sobrecarga de trabajo suman las tareas que no puede realizar el minusválido. Pero entiende que tiene todo el derecho a ocupar ese puesto.
El Comité de Seguridad, que preside el gerente de Justicia, abordará este asunto en la próxima reunión "a fin de adaptar el puesto de trabajo a su minusvalía para no crear disfunciones".
Fuente: El Diario Montañés
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