Es una sensación de dejá vu. Miras a tu alrededor, en escenarios distintos, y encuentras las mismas situaciones cotidianas. Saturación. Falta de medios. Más de lo mismo.
Hoy el punto de mira recae sobre La Coruña:
Con mucho, el Juzgado número 6 de A Coruña, que se ocupa de la violencia doméstica, es la sala judicial gallega con mayor carga de trabajo. La saturación es brutal, muy por encima de lo soportable por los nueve funcionarios que allí trabajan. La semana pasada pidieron papas y anunciaron una huelga para marzo si no se resuelven sus demandas. «Estamos desbordados», gritan. Estos nueve funcionarios -en estos momentos son ocho, pues uno está de baja- entran a las ocho de la mañana y deberían salir a las tres de la tarde. Pero casi nunca lo hacen hasta las cinco o las seis. Sin comer. Y sin cobrar las horas extras.
Para hacerse una idea de lo que entra por la puerta de ese juzgado, entre enero y abril del año pasado -los últimos datos oficiales-, los nueve funcionarios han tenido que tramitar más de 2.000 diligencias previas y 125 urgentes. Y no son asuntos que se despachen como el pan, pues, según cuentan, «hemos de tramitar juicios rápidos con o sin detenidos, órdenes de protección, declaraciones ordinarias de diligencias previas que se tramitan con la mayor celeridad por la materia de la que se trata, juicios de faltas inmediatos sobre esta materia». Además de lo anterior, y a estas alturas de la aplicación de la ley, comienzan «ya a acumularse las vistas civiles sobre medidas paterno-filiales, separaciones, divorcios, etcétera». Y no acaban ahí las atribuciones de los funcionarios. También deben atender las comparecencias de acusados y víctimas, intervención del fiscal, solicitud de medidas cautelares, reconocimientos médico-forenses y toma de decisión sobre la orden de protección, prisión o libertad del imputado, fijación de medidas civiles a favor de la perjudicada y en su caso de los hijos del matrimonio. Toda esa carga de trabajo «hace que las diligencias pocas veces finalicen antes de las 15 horas», obligando a los funcionarios a alargar su jornada laboral en horario de tarde. Todo esto «conlleva un retraso reiterado en la tramitación de los procedimientos con el consiguiente perjuicio para las partes implicadas».
Como solución, los funcionarios proponen considerar el establecimiento y reconocimiento de estos juzgados de violencia sexista «como juzgados de guardia de juicios rápidos sobre esta materia, regulándose así un horario específico que podría ser cubierto por todo el personal existente en la plantilla».
Como mal menor, les han prometido que a partir de ahora no recibirán más que asuntos de violencia doméstica, cuando hasta ahora tramitaban todo tipo de asuntos penales.
Fuente: La Voz de Galicia.es
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