En los dos años en los que llevan funcionando los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se han solicitado 71.381 órdenes de protección, de las que se han acordado 53.994. El total de condenados en la jurisdicción penal asciende a 48.971. Entre el 1 de enero 2006 y el 30 de junio de 2007, se han celebrado unos 29.300 juicios.Este es el balance en fríos números de una ley que no funciona. Mientras los casos realmente graves siguen sin poder impedirse –no ha disminuido el número de muertes- según la Guardia Civil, un 50 % de las denuncias interpuestas no obedecen a autenticas situaciones de peligro de maltrato contra la mujer, sino que se enmarcan en crisis matrimoniales.
Otro de los datos que llama poderosamente la atención es que el 35% de las mujeres víctimas de violencia de género que solicitaron órdenes de protección en el segundo trimestre de 2007 eran extranjeras, frente al 30,19% en 2.005, según un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
De nuevo se pone de manifiesto el alto grado de conflictividad penal y social, que supone el colectivo de inmigrantes en España, que evidencia de nuevo un lato grado de falta de integración en nuestro ámbito cultural. La incidencia desproporcionada de casos de malostratos contra la mujer en muchos colectivos inmigrantes revela la situación de discriminación a que están sometidas en su cultura de origen y que precisaría de una intensa labor de asimilación, que el gobierno no parece estar dispuesto a emprender.
La mayoría de estas mujeres inmigrantes se emplean en servicio doméstico o la hostelería, seguido del trabajo en el campo. En cuanto a la incidencia de las mujeres inmigrantes que sufren situaciones de maltrato, por nacionalidades, al menos en cuanto a denuncias se refiere, no son las musulmanas quienes más acuden a la justicia, sino que son las inmigrantes de origen sudamericano.
Fuente: Minuto digital
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