Los recortes en materia económica que los gobiernos central y autonómico han aprobado, y que afectan a los funcionarios, personas dependientes y futuras madres, van a conllevar la movilización de sindicatos profesionales, que se han unido ya en una plataforma a nivel autonómico con el objetivo de aunar esfuerzos e impedir que los trabajadores sean las víctimas de las crisis cuando no han sido los culpables. De esta manera surge la denominada "Plataforma de Sindicatos Profesionales e Independientes de Empleados Públicos". La plataforma está formada por los sindicatos sanitarios Satse, Sindicato Médico Andaluz (SMA), USAE (de los auxiliares de enfermería), el educativo ANPE, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), el Sindicato de Trabajadores de Administración de Justicia (STAJ) y la Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía (UPLB-A).
Todas las organizaciones sindicales trabajarán contra los decretos leyes del Gobierno central y autonómico que permiten una rebaja de las retribuciones de los empleados públicos, la congelación de las pensiones, la anulación del cheque-bebé y la reducción de los derechos de las personas dependientes. Están convencidos de que hay "una desconfianza muy grande" hacia los sindicatos de clase frente a su "independencia" por depender exclusivamente de las cuotas de los afiliados y su mayor comprensión de las necesidades de cada colectivo al ser organizaciones "estrictamente profesionales" que representan "el sindicalismo del futuro", en palabras de los líderes del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, José Luis Fernández, el de auxiliares de enfermería, Cristo Barajona, o el de médicos Antonio Gutiérrez.
Según indicaron a Europa Press fuentes del Satse y del SAF, estos sindicatos representan a más del 50 por ciento de empleados públicos andaluces, de forma que "representamos y somos la voz de mucha gente de muchas administraciones, tanto general, sanidad, educación, justicia, policías locales o bomberos".
Como primera acción de protesta, la plataforma ha convocado una concentración mañana miércoles ante las subdelegaciones de las ocho capitales andaluzas contra los recortes del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de José Antonio Griñán. El acto se desarrollará al mismo tiempo a partir de las 19 horas.
Esta plataforma además tiene previsto seguir con las movilizaciones tras el verano, aparte de las acciones que pueda convocar cada colectivo, incluidas las de orden judicial.
En ese sentido, precisaron que a nivel de plataforma no se va a emprender ninguna medida judicial, tras lo que fuentes del SAF consideraron que "los recursos presentados por otros sindicatos son un brindis al sol, y los sindicatos no estamos legitimados para recurrir un real decreto ley toda vez que son necesarios la firma de 50 diputados o senadores o la acción del Defensor del Pueblo".
No obstante, advirtieron de que "sí se puede recurrir el desarrollo reglamentario de los decretos", de forma que el SAF va a recurrir ante la Audiencia Nacional una instrucción del Gobierno central sobre confección de nóminas en aplicación del real decreto ley.
Fuentes del SAF se mostraron preocupados por que ese recorte "puede afectar a los servicios que prestamos a los ciudadanos, que se están deteriorando porque no se están cubriendo las vacantes al cien por cien". Asimismo, criticaron el "despilfarro de subvenciones y ayudas que se siguen concediendo con criterios despilfarradores por parte de la Junta".
MANIFIESTO CONJUNTO
En su manifiesto conjunto, estos sindicatos, autodenominados "independientes", manifestaron su "total rechazo" a las medidas de Gobierno central y Junta, toda vez que "se nos ha hecho culpables de una crisis de la que no somos responsables; además han actuado inconstitucionalmente, ya que nos meten la mano en la cartera sin previa negociación y de forma expropiatoria".
Criticaron que los recortes "supone una rebaja en nuestras pensiones en años venideros" y lamentaron que las administraciones "no han adoptado otras medidas de ajuste alternativas como una reducción de altos cargos en todas las administraciones públicas, una reducción de asesores de confianza política de los altos cargos, una reducción de los puestos de libre designación en todas las administraciones, una reducción de ministerios y consejerías, una reducción drástica de gastos de protocolo, o una eliminación del 'gratis total' para los altos cargos, asesores, diputados, senadores o concejales".
Asimismo, lamentaron que Gobierno y Junta "no eliminen la 'administración paralela' con trabajadores que asumen competencias exclusivas de los funcionarios públicos; ni tampoco suspendan temporalmente los proyectos inviables económicamente en la actualidad, como la puesta en marcha de la nueva oficina judicial". También criticaron que "no se eliminen las subvenciones injustificadas e improductivas, ni se combata el fraude fiscal, para evitar que miles de millones de euros se queden sin tributar".
Además rechazaron estos decretos "porque van a suponer una caída del consumo y, por tanto, un incremento del paro" y criticaron que otras medidas de ajuste como la congelación de las ofertas de empleo público o de los concursos de méritos "están suponiendo un grave deterioro de los servicios públicos que prestamos a la ciudadanía, ya que las administraciones no están cubriendo las bajas y vacantes permanentes".
Por ello, exigieron a los gobiernos que "suspendan estas injustas e inmerecidas medidas y que, en todo caso, en todas las administraciones establezcan, en los acuerdos retributivos, la compensación efectiva y real de estas medidas y en las mismas condiciones en las que se van a aplicar en las nóminas".
Fuente: Europa Press , elmundo.es
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