Canarias: STAJ denuncia la reducción del 43% de los funcionarios dedicados a violencia sobre la mujer

Intersindical Canaria (IC) y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) denunciaron que la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha emitido una resolución en la que deja de considerar como funcionarios encargados de la tramitación y gestión de los casos de violencia sobre la mujer a 42 funcionarios, lo que supone una disminución del 43%.


Las citadas organizaciones recuerdan en un comunicado que "uno de los logros fundamentales que en materia de Justicia concretaron los sindicatos y la Administración en el acuerdo que suscribieron el 20 de noviembre de 2009, fue el reconocimiento con traducción económica del trabajo realizado por los funcionarios que en los distintos Partidos Judiciales se ocupaban de la tramitación de los asuntos relacionados con la Violencia de Género, rama jurisdiccional que por sus complejidades y el adecuado trato a las víctimas exige en todas sus actuaciones una atención especial, motivo que indujo a los agentes sociales a la suscripción del Acuerdo invocado en esta materia".

De esta forma, se consiguió que 97 funcionarios se encargaran en la totalidad del archipiélago de forma concreta de la tramitación y gestión de este tipo de asuntos en los juzgados mixtos. Sin embargo, agregan los sindicatos, "y pese a los resultados positivos que esta decisión bipartita venía arrojando, la Administración --al socaire de la tan cacareada crisis económica-- decidió hace varias semanas, unilateralmente y mediante Resolución expresa que ha contado con la oposición de la totalidad de los sindicatos con representación en el sector, dejar en únicamente 55 el número de funcionarios que en el ámbito de la Comunidad Autónoma se dedican desde ahora a la tramitación de asuntos de Violencia de Género".

El Ejecutivo autónomo, apuntan IC y STAJ, "intentó fundamentar tan desafortunada decisión en criterios cuantitativos fijados en razón a número de procedimientos, vulnerando con ello el texto del Acuerdo suscrito, que determinaba la dedicación de un contingente humano a este tipo de asuntos en base a criterios de penosidad y de especial dificultad por el carácter especial que tal trabajo lleva, por la incidencia especifica que supone principalmente en las víctimas".

A juicio de estos sindicatos, "la absurda y despótica decisión de la Administración lleva a situaciones tan absurdas como a rebajar en tres funcionarios los efectivos que hasta ahora tramitaban asuntos de violencia sobre la mujer en el Partido Judicial de La Laguna, cuando el volumen y número de asuntos allí existentes es prácticamente superior en esta materia a la de cualquiera de los dos Juzgados exclusivos de Santa Cruz de Tenerife (que dedican a estos cometidos a la totalidad de sus plantillas)". Según las organizaciones sindicales, "igual de triste y penosa a la expuesta es la situación en que al respecto ha quedado el Partido Judicial de Arrecife de Lanzarote".

En esta tesitura, IC y STAJ no dudan al afirmar que la Dirección General de Justicia del Gobierno de Canarias con su responsable al frente, "ha mostrado su cara más autoritaria e intransigente en una materia que como ésta debe tratarse con un cuidado exquisito por las connotaciones que conlleva, máxime cuando el ahorro que conlleva para la Administración es la exageradísima cifra de 3.330 euros mensuales". Los sindicatos lamentan que "por este inmenso ahorro dejan de tener las mujeres canarias maltratadas un número prudencial de funcionarios que merecen para atender su problemática".

Por todo lo expuesto, IC y STAJ piensan que "por responsabilidad y dignidad, no podemos permanecer en silencio ante esta situación, por lo que queremos hacer pública nuestra postura ante semejante dislate". En consecuencia, y pese a que aseveran entender que la Administración ha incumplido "manifiestamente" el contenido de un Acuerdo legal, se reservan su derecho a realizar las medidas que resulten oportunas para la defensa de los derechos de la ciudadanía canaria y de los trabajadores afectados.

Fuente: eldia.es