
El contrato sólo corresponde a las seis comunidades donde las competencias judiciales no han sido transferidas a las autoridades autonómicas: Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y La Rioja. El resto realiza sus propias contrataciones individualmente.
Aunque el Ministerio de Justicia está intentando poner en marcha medidas para la reducción del uso del papel, lo cierto es que los juzgados españoles siguen moviendo toneladas de papel cada año a través de Correos. Por el momento, sólo Interior ha conseguido rebajar su factura para este contrato gracias a que la nueva Ley de Tráfico fomenta los envíos telemáticos.
Fuente: latiza.es
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