Málaga: La Junta estudia ceder un gran número de plazas del parking a los magistrados

Esta hoguera no necesita gasolina, porque los protagonistas parecen empeñados en soplar continuamente para que no se apague. La Delegación de Gobernación y Justicia de Málaga, encabezada por María Gámez, estudia ceder un importante número de plazas del parking subterráneo de la Ciudad de la Justicia a los magistrados y jueces, de forma que esos aparcamientos sean para uso exclusivo de los togados por motivos de seguridad y debido al hecho de que este colectivo no tiene un horario fijo. En total, hay más de 160 zonas de estacionamiento. STAJ exigirá al nuevo gerente que mantenga la postura actual sobre el parking.


Esta polémica viene de lejos: la Junta ha defendido siempre que las plazas sean ocupadas por orden de llegada y los jueces y fiscales las querían para sí por motivos de seguridad. Finalmente, el juez decano y el presidente de la Audiencia firmaron en abril de 2010 sendos decretos atribuyendo a los togados el aparcamiento, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) declaró ilegales esas decisiones. Después, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) recurrió el fallo del órgano de gobierno de los jueces ante la Sala III del Tribunal Supremo. El fondo de la pelea es simple: ver quién controla el uso del edificio judicial, los propios magistrados o la autoridad administrativa.

El cupo destinado a los jueces sería importante, aunque las fuentes no supieron establecer el número exacto. El resto de plazas, una cifra menor, se destinaría a funcionarios, secretarios judiciales y personal de las diversas dependencias del edificio.

De hecho, existe un borrador en la Delegación de Gobernación y Justicia sobre el tema al que sólo le falta la firma de la titular del área, María Gámez. En el escrito se definen los cupos destinados a los diversos sectores. La idea de la Junta es que la candidata a la alcaldía de la capital deje firmado el documento en marzo, poco antes de su salida de la Junta de Andalucía para dedicarse de lleno a la batalla por el sillón que ahora ocupa el popular Francisco de la Torre.

Justicia sabe que habrá polémica, pero será ínfima comparada con las informaciones que se manejarán en la campaña electoral, que se prevé muy caliente. Por eso, el nuevo delegado (o delegada) de Gobernación y Justicia se encargará de apagar el fuego que provocará esta decisión entre los 1.500 funcionarios que trabajan en el palacio de justicia. Lo cierto es que todo es, por ahora, una intención que se ha estudiando con mimo y detención.

Otra fuente distinta a la anteriormente citada explicó hace unas semanas que Pedro Izquierdo, magistrado en excedencia y viceconsejero de Justicia, era muy proclive a esta medida, que también perseguiría reconciliarse con la judicatura ante los malos pronósticos que arrojan las encuestas para el PSOE en los próximos comicios autonómicos.

El Tribunal Supremo (TS), en cualquier caso, aún no ha emitido una decisión que será vinculante y, de hecho, la última palabra la tienen los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. De hecho, está previsto que el próximo viernes visiten la capital los cinco vocales andaluces del CGPJ y algunos magistrados les van a expresar su malestar por este motivo, ya que la mayoría del pleno del órgano rechazó (por once a ocho) una ponencia de la vocal Concepción Espejel Jorquera que declaraba «ejecutivos y válidos» los acuerdos del decano y del presidente de la Audiencia, dando por tanto la razón a los funcionarios.

Fuente: laopiniondemalaga.es