Málaga: STAJ exige formación antes de la implantación de Lexnet

Los jueces de Málaga van a entrar, de forma inminente, en la era digital. El juez decano, José María Páez, el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Arroyo Fiestas, la secretaria coordinadora, Trinidad Melgar, y el Colegio de Procuradores han ratificado un convenio para implantar en todos los órganos judiciales de la provincia el sistema LexNet, que se instaurará en el programa Adriano que ya utilizan los funcionarios en su quehacer diario. Juan Antonio Luque, de STAJ, pide que se forme a los funcionarios tramitadores y gestores que tendrán que vérselas con el programa. «No podemos pedir a los empleados que sean, una vez más, autodidactas», reflexiona.


Modus operandi

LexNet permitirá que los jueces firmen digitalmente sus providencias, autos y sentencias; el secretario dará fe también a través de idéntico instrumento, y las decisiones se enviarán a un servidor central que la Junta posee en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Desde ahí, y antes del mediodía, se enviarán al Colegio de Procuradores, que a las 17.00 horas ya las habrá dirigido a sus colegiados. Una jornada después, los abogados podrán conocer los fallos judiciales relativos a sus clientes. Ahora habrá que estar más pendiente a los plazos para recurrir las decisiones de los togados.

«De momento es un plan piloto que se inicia en un juzgado concreto; en cuanto funcione bien, lo extenderemos. Ya se ha demostrado que LexNet funciona bien en muchos sitios, como por ejemplo en Granada. Vamos a ganar velocidad y a ahorrar mucho papel», explica el juez decano, José María Páez, quien apostilla que ya han empezado los trabajos: de momento, se está limpiando la base de datos de los procuradores.

En la capital se envían a los órganos cada año más de 435.000 escritos. «Si se tiene en cuenta que en la provincia se dan 1,2 millones de notificaciones judiciales al año, el ahorro en folios podría estar entre los 2,4 y los 3,6 millones», señala Bernal, quien añade: «Va a ser un cambio radical que agilizará los tiempos de espera procesales hasta en un 20% de momento. En el futuro, ese porcentaje irá a más».

Entre otras provincias, Jaén y Almería han experimentado ya este plan piloto, y, más allá de algunos problemas iniciales –el servidor en Granada no estaba preparado para soportar el peso de las notificaciones–, las conclusiones son positivas, según señala el informático y secretario del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) de la capital nazarí, Nicolás Núñez: «Los pequeños fallos se paliaron rápido, y la calidad del trabajo es mayor; el problema ha sido la falta de formación».

En unos días comenzarán a repartirse tarjetas digitales tanto a los jueces, como a los secretarios y a algunos funcionarios autorizados. Los casi 500 procuradores de la provincia ya las tienen. Bernal asegura que «la Junta, además de poner mucho dinero, va a formar a los profesionales».

«Éste es el primer paso de la reforma de la oficina judicial y el embrión del expediente digital», apunta el procurador, quien recuerda que a los letrados ya se les entregan las actuaciones escaneadas.

«Aquí el problema es que, si queda mucha crisis, el trabajo seguirá siendo ingente, pero, al menos, en el juzgado se evitarán tener que lidiar con los procuradores todo el día», ironiza Bernal.

Juan Antonio Luque, secretario provincial del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), y su homólogo en Granada, Nicolás Núñez, explicaron que el sistema LexNet ha funcionado muy bien en la capital nazarí, donde se aplica exclusivamente en la jurisdicción civil. Eso sí, hubo problemas iniciales: por ejemplo, el servidor no podía soportar al principio el alto número de notificaciones judiciales y hubo que reforzarlo, primero, y cambiarlo, posteriormente.

Ahora, el programa sí ha dado sus frutos y ha beneficiado el trabajo de los funcionarios, que pueden realizar numerosos trámites a través de la red. Eso sí, el problema es la falta de formación. En Granada, se implantó en principio en Primera Instancia 11: primero lo usó un solo trabajador, para generalizarse después la utilización del sistema en toda la oficina. En el verano de 2010, el programa ya había sido implantado en la jurisdicción civil al completo. «Cuando se hace una nueva aplicación informática no se implementa con la suficiente previsión. Se debe ensayar con ella y, una vez depurados los errores y alcanzada una formación previa, ya está lista para llegar a todos los empleados públicos. Pero eso no ocurre en la Administración de Justicia», se queja Luque.

Adaptarse al expediente digital

Al principio va a haber problemas, porque el servidor tendrá que ser reforzado; además, aunque inicialmente se prevé para magistrados y secretarios, los funcionarios gestores y los tramitadores harían bien en ir aprendiendo el programa, porque será una aplicación más de Adriano y acabarán usándolo en el día a día. «Su implantación está siendo lenta de narices, aunque la utopía es llegar al expediente digital», señala Núñez, que además es informático.

Ya lo dijeron los decanos españoles: «Sin expediente digital se hace muy difícil implantar la oficina judicial».

Fuente: laopiniondemalaga.es