La bomba estalló en la reunión de la comisión mixta que tuvo lugar hace unos días. Se empeñaron hasta hacer del asunto una causa gremial y al final lo han conseguido. Los jueces de Málaga dispondrán de plazas de aparcamiento reservadas en el sótano de la Ciudad de la Justicia. Para el sindicato STAJ el pacto alcanzado por el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, es "una bajada de pantalones de la Junta".En ese encuentro, los gerifaltes autonómicos confirmaron a los jueces que iban a reservar para ellos 67 plazas del parking subterráneo de la Ciudad de la Justicia.
Entre los asistentes se encontraban el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y el titular de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro. El Ejecutivo andaluz contesta así a la propuesta que la Sala de Gobierno del TSJA hizo hace ya más de 14 meses: reserva parcial de plazas. Eso sí, no se conoce por qué cambia ahora de opinión la Junta, pero la causa podría estar en la decisión del Tribunal Supremo de dar la razón a los jueces en un litigio muy similar por el uso de los aparcamientos de Valencia.
Por tanto, de las 165 plazas del parking subterráneo 67 irán a los magistrados, es decir, la mayoría, a lo que hay que sumar las reservadas para los cargos gubernativos. Sin embargo, los togados quieren todas las zonas de estacionamiento para sí por seguridad. De cualquier forma, fuentes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aseguraron que van a mantener el recurso interpuesto ante el Supremo contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dio la razón a los funcionarios en esta polémica. Es decir, aspiran a ocuparlas todas por seguridad.
«El Ejecutivo andaluz renuncia bochornosamente a la protección del interés de los trabajadores de la Justicia malagueña», indicó el portavoz de STAJ, Juan Antonio Luque. Según STAJ, además de los 67 aparcamientos para los jueces, la Consejería pretende repartir el resto de la siguiente forma: 15 para los secretarios; 20 para fiscales; 10 para personal especial; 5 para el Instituto de Medicina Legal y 5 para personal discapacitado. Las 46 plazas restantes serían repartidas por la Junta de Personal entre los funcionarios y otros empleados. Juan Antonio Luque anunció que el STAJ, aunque pertenece a la misma, «no participará» en este reparto.
Luque criticó que la Junta «ceda sus competencias a la presión de los jueces» y considera una «bajada de pantalones» el cambio de criterio de los nuevos responsables políticos (el consejero Luís Pizarro) que llegan a este pacto con los jueces «ya no por motivos de seguridad, simplemente de opinión y entregan el patrimonio de los andaluces a un grupo de privilegiados».
El STAJ agrega que en esta decisión ha pesado también el secretario general de la consejería, Pedro Izquierdo, que es juez en excedencia.
Los fiscales (que son 57) también han reaccionado. En una junta especial, acordaron tener el mismo trato que los jueces y solicitar idéntica proporción de reserva de plazas que éstos.
Esta decisión de la Junta deja sin efecto la anterior regulación del parking que era ocupado por estricto orden de llegada.
Negación del CGPJ
La Junta siempre había mantenido hasta ahora que ningún colectivo tuviera derecho de uso y se había enfrentado a los jueces y fiscales, que siempre han creído que les corresponde. Hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tuvo que intervenir para desautorizar las pretensiones de los jueces y dejó sin efecto sendos acuerdos del presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Arroyo Fiestas, y del entonces juez decano, Manuel Caballero Bonald, que el 8 de julio de 2009 establecieron que jueces y fiscales tenían el derecho de uso del aparcamiento subterráneo de forma excluyente.
La pugna ha llegado a ser tan agria que deja capítulos como la denuncia que puso una juez a un guardia civil que le impidió acceder al aparcamiento una mañana que ya estaba completo.
Fuente: elpais.com , laopiniondemalaga.es , sur.es
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