El aumento de los casos relacionados con la delincuencia organizada, el gran volumen de ejecutorias y la elevada cifra de presos preventivos está situando a la Audiencia Provincial de Alicante en una situación "próxima al colapso". El presidente de la institución, Vicente Magro, ha remitido una carta al Ministerio de Justicia advirtiendo de esta problemática y solicitando una agilización de los trámites para la incorporación de tres nuevos magistrados a las dependencias judiciales de la capital.
El máximo representante de la Audiencia precisó que la provincia está afrontando cada vez más juicios de especial "complejidad" por el crecimiento, principalmente, de las acciones perpetradas por grupos organizados. Una circunstancia que afecta a Alicante de manera "relevante" frente a otras provincias y que está limitando las posibilidades de actuación de la Audiencia por la falta de "refuerzos" y de cauces "específicos" para abordar estos casos.
Las dificultades para digerir el gran volumen de asuntos tiene también su reflejo en el periodo de espera para que los presos preventivos pasen ante el juez. El número de reclusos en esta situación continúa en niveles de "alerta" -superando la barrera de los 400 en toda la provincia, según los últimos datos aportados por la Fiscalía-. Una circunstancia que podría empeorar "si las medidas necesarias para combatir este problema no se adoptan a corto plazo", apuntaron fuentes judiciales.
En esta misma línea, desde el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Alicante subrayaron que el volumen de presos preventivos esta vinculado de manera importante a la actividad de las mafias y grupos organizados que operan en la provincia y cuya desarticulación supone "la entrada, en algunos casos, de hasta 15 ó 20 acusados de golpe a las prisiones", lo que provoca una situación de inestabilidad "permanente" en las instalaciones penitenciarias.
Especialización
Para combatir esta problemática, el presidente de la Audiencia ha recogido en su misiva al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, un informe en el que detalla la propuesta de la institución de activar juzgados específicos para los asuntos de delincuencia organizada, tribunales "a los que podrían adscribirse temas de narcotráfico; redes de prostitución; o los asuntos vinculados a detenciones ilegales".
La activación de estos puntos judiciales especializados, junto a la disposición de un magistrado para atender estos procedimientos -actuando como ponente en estas causas de manera exclusiva- permitiría, según las mismas fuentes, "descongestionar y mejorar" las actuaciones. La Audiencia argumenta, además, esta necesidad en los múltiples casos de robos en comercios con sistemas como el "alunizaje" o los asaltos en viviendas. Delitos que "están creando alarma social" y que con estas medidas pasarían a evaluarse en estos juzgados, "en los que se concentraría la instrucción de los casos".
Vicente Magro incidió en que la apuesta firme por este tipo de iniciativas evitaría el "bloqueo" que la entrada de este tipo de asuntos produce en algunos juzgados, donde "procedimientos de tal magnitud obligan a ralentizar la actividad".
La petición de nuevos magistrados atiende, de igual manera, a la fuerte presencia de asuntos relacionados con la violencia de género que trata la provincia. La solicitud de estas incorporaciones tiene como fecha establecida el próximo año y pretende "reforzar" las negociaciones realizadas por la Conselleria de Justicia, con el objetivo de conseguir que los tres magistrados "comiencen a trabajar en 2009 en cada una de las tres secciones de la Audiencia".
Fuente: informacion.es
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