El juez decano de Málaga, Manuel Caballero Bonald, afirma que después de la reforma del Código Penal para castigar a los conductores sin carné y endurecer las penas por otros comportamientos similares se ha dado una avalancha de procesos para los magistrados de los diez juzgados de lo Penal y, por tanto, éstos no pueden hacer frente con garantías a todas las ejecutorias que tienen pendientes.El tráfico, sin duda, está maniatando a los jueces. Y esta afirmación se sostiene únicamente echando un vistazo a la memoria del área de Seguridad Vial de la Fiscalía, que nació a mediados de 2007.
Sólo en el pasado mes de mayo, en los días posteriores a la reforma del Código Penal, el 68% de las condenas por delitos de tráfico estaba relacionada con conductores que habían sido ´cazados´ sin carné. En total, se celebraron sólo en ese mes 210 vistas orales por ilícitos sobre tráfico.
De todos ellos, 204 acabaron con la conformidad entre la Fiscalía y la defensa, lo que supuso una reducción de un tercio de la pena para los infractores.
La Fiscalía pidió multas y trabajos en beneficio de la comunidad, lo que plantea otro problema de logística judicial: En Málaga sólo hay 195 plazas para desarrollar este tipo de penas y, por tanto, muchos de los condenados tardan meses en cumplir su castigo. La mayor parte de estas plazas está ofertada por administraciones públicas (ayuntamientos, Diputación Provincial de Málaga o la propia comunidad autónoma). Para solventar esta compleja situación, la Fiscalía está pidiendo que se paguen las multas, mientras que los trabajos sociales se dejan para más adelante.
Diligencias. La reforma del Código Penal en materia de tráfico se planteó mucho antes de 2007, cuando fue aprobada -aunque entró en vigor en mayo pasado-. Los datos de 2006 ya reflejaban una situación complicada en relación a estos delitos. Ese año, el ministerio público solicitó, y los magistrados accedieron, la incoación de 3.458 diligencias previas por causas relativas a la seguridad vial (una media de diez al día).
Ocho de ellas se abrieron para investigar otras tantas muertes en accidentes de circulación por homicidio imprudente; 2.928 por lesiones en siniestros y 74 estuvieron relacionadas con conducciones alcohólicas con resultado de lesiones o daños.
Negativas. Más de 300 personas fueron encausadas por negarse a realizar la prueba de alcoholemia; 92 por conducir de forma temeraria causando lesiones o daños y otras 23 por llevar su coche poniendo en riesgo la circulación. Asimismo, treinta personas fueron investigadas por conducir con desprecio a la vida de los demás con resultado de lesiones o daños, mientras que algunos tipos penales del ilícito quedaron desiertos.
Lo que queda meridianamente claro es que esta tendencia aumentará de forma importante cuando termine este año, con lo que los jueces de lo Penal, encargados de ejecutar estas sentencias, podrían verse más desbordados aun de lo que están.
El teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Málaga, Antonio Morales, valora esta reforma, ya que, en su opinión, "ha permitido incrementar la atención sobre estos asuntos; tener una mayor cohesión en la aplicación e interpretación de la nueva legislación sobre tráfico y mejorar la relación con las víctimas".
El acusador público reconoce que la reforma se hizo "por la trascendencia social que tuvieron algunos accidentes en el legislador".
Fuente: laopiniondemalaga.es
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