Madrid quiere duplicar sus juzgados mercantiles para hacer frente a la crisis

Están desbordados. La ola de despidos, suspensiones de pagos, insolvencias, ejecuciones... El papeleo está ahogando a la Justicia. El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, quiere duplicar el número de juzgados mercantiles para 2010, con el objetivo de atender el aluvión de insolvencias y conflictos empresariales que está generando la crisis económica, que está colapsando estos tribunales cuatro años después de su creación.


El decano de los jueces madrileños espera que los siete juzgados especializados en cuestiones mercantiles que existen en Madrid (a los que hay que sumar los dos habilitados para tramitar los concursos de acreedores de Fórum Filatélico y Afinsa) pasen a ser 15 en algo más de dos años. González Armengol opina que si se disponen los medios suficientes, la Ley Concursal, la ley que se aplica a las empresas insolventes, que acaba de cumplir cuatro años de vigencia, probará toda su eficacia. De momento, el desánimo es lo que cunde en los juzgados mercantiles.

"Esto es inasumible. Hoy por hoy es desbordante e ingente el número de concursos de acreedores (antiguas suspensiones de pagos) no sólo en Madrid, sino en los juzgados de otras grandes capitales como Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao", se queja el juez mercantil Santiago Senent, que añade que "si no podemos hacer el trabajo en un tiempo razonable, la ley desde el punto de vista práctico es ineficaz".

Buena prueba de la carga de trabajo que soportan estos tribunales es el incremento del 513% en el número de empresas que han presentado concurso de acreedores este verano en Barcelona, o bien esa insolvencia ha sido exigida por un acreedor. En Madrid el incremento ha sido más moderado, aunque el número de concursos de acreedores registrado hasta finales de agosto ya es un 82% superior al de todo 2007.

La creencia de que esas cifras no harán más que empeorar con la crisis o, simplemente, la experiencia acumulada en cuatro años de vida de la Ley Concursal llevan a la mayoría de profesionales del sector a pedir que se reformen algunos aspectos de la norma. Por ejemplo, la presidenta de la Fundación para la Investigación del Derecho y la Empresa (FIDE), Cristina Jiménez, sostiene que ante el número "brutal" de concursos que se están presentando en los juzgados, hay que favorecer aún más la presentación de planes de pago a los acreedores en los primeros momentos del proceso (los llamados convenios anticipados).

"La ley establece tantas trabas que hace que la mayoría de empresas no pueda plantear un convenio anticipado", declara esta experta, que apunta también la posibilidad de regular los convenios extrajudiciales, unos pactos entre las empresas y sus acreedores, con el visto bueno y las garantías de un juez, que permitieran buscar salida a una situación complicada sin necesidad de presentar un concurso, con la incertidumbre y la mala imagen que conlleva.

Con estas opiniones coincide el juez Senent, que señala que esas soluciones preconcursales posibilitarían sobre todo que las entidades financieras no tuvieran tanto miedo a financiar a empresas en crisis. En los últimos meses los bancos y cajas españoles se han vuelto muy reticentes no sólo a seguir concediendo préstamos a sociedades en apuros sino incluso a apoyar los convenios anticipados que les presentan las que ya se han declarado insolventes, que conllevan reducciones importantes en los pagos, según recuerdan Alicia Herrador y Andrés Jiménez de Parga, del bufete catalán Jiménez de Parga.

En cualquier caso, lo cierto es que el impulso al convenio anticipado es una de las cuestiones que más consenso suscita entre los profesionales, señala el socio de Gutiérrez de la Roza Abogados, Bernardo Gutiérrez de la Roza, que también propone agilizar el trámite de los incidentes concursales, una opinión con la que coincide Kiko Carrión, de Lupicinio Eversheeds. La venta de activos desde el inicio del concurso, la liquidación anticipada, la potenciación del embargo de los bienes de los administradores negligentes, cuestiones competenciales sobre la aplicación de la ley, y el número y retribución de los administradores nombrados por los jueces para gestionar las empresas insolventes son otras cuestiones que están en boca de todos los expertos que, sobre todo, piden medios para que la ley se cumpla.

Fuente: Cotizalia