País Vasco: El 60% de los jueces son mujeres

El símbolo de la Justicia es una mujer con los ojos vendados que sostiene una balanza en una mano y una espada en la otra. Las estadísticas demuestran que esa imagen no es una simple metáfora en el País Vasco, ya que se ha convertido en la comunidad que, proporcionalmente, tiene más mujeres en la carrera judicial. Según la memoria del Tribunal Superior, las juezas y magistradas copaban el 60% de las plazas del País Vasco en diciembre de 2007.


El Observatorio de la Administración de Justicia, un organismo que depende del Departamento de Joseba Azkarraga, rebaja la cifra al 55%, pero con cualquiera de ambas estimaciones, el País Vasco aparece en el primer puesto del ránking nacional, a cierta distancia de las otras tres autonomías en las que las mujeres también son mayoría en la judicatura: Madrid (52,7%), Cataluña (52,4%) y Valencia (51,7%).

La irrupción femenina en la magistratura no sólo llama la atención por su magnitud, sino también por la rapidez con que se ha producido. Las mujeres españolas tuvieron vetado el acceso a la carrera judicial hasta 1966, y hubo que esperar hasta 1976 hasta que la primera jueza comenzó a dictar sentencias. En apenas 32 años han dado la vuelta a la Justicia, hasta el punto de que algunos juristas varones se preguntan, medio en broma, medio en serio, si las leyes de igualdad aprobadas por el Parlamento Vasco (2005) y por el Congreso (2007) servirán en la práctica para garantizar las cuotas masculinas en juzgados y tribunales. Sin ir más lejos, en el País Vasco, las mujeres también constituyen ahora mismo una abrumadora mayoría en la Fiscalía, en el cuerpo de secretarios judiciales, entre los procuradores y entre el personal judicial, tanto el que tiene categoría de funcionario como el laboral.

La magistrada Garbiñe Biurrun, destinada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior del País Vasco, pone un sencillo ejemplo para ilustrar la transformación que se ha producido en los palacios de Justicia: «Cuando ejercí como jueza de lo Social en San Sebastián, recuerdo que en algunas vistas todas éramos mujeres: yo, la secretaria, la abogada del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la letrada del trabajador o trabajadora». Dejando a un lado esos episodios concretos, la composición de la judicatura ha variado de tal forma que difiere incluso de la realidad demográfica del País Vasco, donde el número de mujeres es prácticamente el mismo que el de hombres (1.089.405 frente a 1.039.934, respectivamente, en 2006).

Biurrun advierte de que los primeros indicios de la feminización de la judicatura empezaron a apreciarse, al menos, desde finales de los ochenta, pues en su promoción -la del 87- «ya había una o dos mujeres más que hombres». Pero la tendencia se ha acentuado con el paso del tiempo, y sólo hay que echar un vistazo a las remesas de licenciados en Derecho y de jueces para comprobarlo: en 2007, el 56,7% de los nuevos titulados y el 56,6% de los nuevos miembros de la carrera judicial fueron mujeres. Un año antes, los porcentajes fueron mayores: el 66,1% y el 59,3%, respectivamente.

Sin concurso oposición

«Esa evolución de la Justicia es importante desde la perspectiva de género, aunque no podemos olvidar que también ha cambiado la extracción social de los jueces», puntualiza Garbiñe Biurrun. Pero en el primero de los procesos, el País Vasco figura en las posiciones de cabeza: dos de cada tres fiscales son mujeres, una proporción que se repite entre los procuradores, y que aumenta hasta el 74,5% entre los secretarios judiciales y hasta el 74,9% entre los funcionarios (oficiales, auxiliares, agentes y forenses). Los únicos reductos masculinos son los juzgados de paz y la abogacía, escenarios en los que ellas representan el 34,6% y cerca del 40%, respectivamente.

Esos dos ámbitos tienen en común que no se accede a ellos a través de una oposición, una circunstancia que no se le escapa a la fiscal-jefe del Tribunal Superior del País Vasco, María Ángeles Montes. Ella sugiere que las opositoras tal vez son «más constantes» al preparar los duros exámenes que dan acceso a las carreras judicial y fiscal. «Es un hecho -prosigue- que la equiparación ha sido mayor en las Administraciones públicas que en la privada. Existen criterios objetivos de selección, los sueldos son los mismos... En el ámbito privado, la igualdad casi parece una utopía por el momento».

A diferencia de los puestos de la Administración judicial, en los bufetes de abogados no imperan la antigüedad, ni se remunera a ambos sexos por igual. Tampoco existen unos horarios establecidos ni una letrada joven puede estar segura de tener hijos sin comprometer por ello su trayectoria profesional. «Es una cuestión de igualdad de oportunidades», recalca Montserrat Comas, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que destaca el contraste existente entre la presencia femenina en la carrera judicial y «su escasa representación» en los tribunales más importantes y en los órganos de gobierno de la judicatura.

Según el CGPJ, en enero de este año ejercían en España 2.350 jueces y 2.065 juezas (46,8%). Sin embargo, estas últimas sólo ocupan siete plazas de 90 en el Tribunal Supremo. Ciertamente, María Eugenia Casas encabeza el Constitucional, pero tan sólo hay una presidenta de Tribunal Superior (María Eugenia Alegret, en Cataluña). Del mismo modo, sólo se contabilizan seis presidentas de audiencia provincial, de las cuales dos corresponden precisamente al País Vasco: Ana Iracheta, en Bilbao, y María Victoria Cinto, en San Sebastián.

Sin embargo, pese a que Euskadi es una excepción en ese escalafón concreto, en la cúpula judicial vasca escasean las mujeres: en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior sólo ejerce una magistrada frente a cuatro varones; en la Sala de lo Social, dos de diez y en la Contenciosa, una de ocho. En cambio, la Fiscalía del Tribunal Superior está dirigida por María Ángeles Montes desde hace once años. Y durante bastante tiempo, la teniente fiscal -la número dos, para los legos en Derecho- también fue una fiscala, aunque su puesto lo ocupa ahora un hombre.

«Peso creciente»

Los informes estadísticos del CGPJ dan por sentado que el colectivo femenino tendrá «un peso creciente» en los palacios de Justicia. Lo lógico es que escalen los puestos más altos a medida que acumulen años de antigüedad y los magistrados veteranos se jubilen. Ahora mismo, en la franja de 30 a 41 años, dos de cada tres plazas las ocupan juezas, una circunstancia que ya está teniendo efectos en las salas de las audiencias provinciales y, por supuesto, en los juzgados unipersonales. De hecho, la mitad de los 14 jueces decanos del País Vasco son mujeres elegidas por sus colegas en cada partido judicial.

No obstante, la equiparación de sexos ha encontrado una barrera todavía difícil de franquear: los cargos a los que se accede por designación del CGPJ: el Supremo, el Constitucional, la presidencia de los Tribunales Superiores y, hasta cierto punto, las salas de lo Civil y Penal de estos últimos órganos. Para Montserrat Comas, presidenta de la comisión de Igualdad del Poder Judicial y del Observatorio de Violencia de Género, la manera de hacer añicos ese techo de cristal es la discriminación positiva. Sólo así podría conseguirse, por ejemplo, que los cursos de formación de los jueces también sean dirigidos por mujeres, que éstas tengan más presencia en los tribunales de oposición y que sean presidentas de los Tribunales Superiores, objetivos que el pleno del CGPJ se marcó en 2005 y que no se han cumplido.

«No hay que esperar a que la situación de desigualdad cambie con el curso de los años -agrega Comas-. Hay que actuar ahora porque es una injusticia. Necesitamos políticas activas para favorecer los nombramientos de juezas en cargos gubernativos cuando exista igualdad de méritos». Entre esos cargos figuran precisamente las vocalías del Poder Judicial, un órgano en el que ahora sólo hay dos mujeres: Montserrat Comas y la jurista María Ángeles García. No obstante, en la próxima renovación del CGPJ, el Gobierno y la oposición parlamentaria parecen decididos a aplicar criterios de paridad sociológica.

«Después de 32 años, nadie sostiene que las juezas puedan ejercer la profesión peor o de forma distinta», concluye Comas. A falta de un estudio sobre la impronta femenina en la Administración de Justicia, la magistrada intuye que las mujeres han contribuido a impulsar muchos cambios sociales a través de la jurisprudencia de los tribunales. Su colega Garbiñe Biurrun comparte ese punto de vista y avisa: «Hay cientos de magistradas con quince años de antigüedad, que es el requisito para acceder al Supremo; y también existen juristas destacadas con méritos de sobra para entrar en el Poder Judicial y en el Constitucional».

Con ese telón de fondo, la fiscala María Ángeles Montes aún recuerda «el paternalismo» con el que fue acogida por algunos profesionales varones cuando recorrió por primera vez las dependencias judiciales. Pero asegura que aquellas actitudes son cosa del pasado. «A mí, realmente, no me gustaría una Administración judicial con el 100% de mujeres», asegura.

Fuente: diariovasco.com